11/01/23.- El Gobierno brasileño determinó reforzar la seguridad en todo el país ante las informaciones de que los grupos bolsonaristas más radicales han convocado a nuevas manifestaciones para este miércoles, como las que terminaron el domingo con el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia, reseñan agencias internacionales de noticias.

El anuncio fue hecho por el ministro de la Casa Civil, Rui Costa, después de que tanto la Abogacía General de la Unión como la Fiscalía solicitaran a la Corte Suprema la adopción de medidas para prevenir posibles ataques terroristas, así como actos violentos y vandálicos.

Según reseña la agencia EFE, en su petición de medidas urgentes a la Corte Suprema, la Abogacía General del Gobierno alega que la llamada "Mega Manifestación Nacional por la Retomada del Poder", convocada por los radicales constituye un "nuevo intento de amenaza al Estado democrático de Derecho".

El organismo gubernamental insta al Supremo Tribunal Federal a que ordene que las fuerzas de seguridad pública del Gobierno federal y de las administraciones regionales adopten las medidas inmediatas necesarias para impedir invasiones y bloqueos de vías.

La Abogacía afirma que el Estado "tiene que ser salvaguardado y protegido", por lo que es necesario "evitar tanto el abuso de derecho de reunión, utilizado como ilegal e inconstitucional para verdaderos actos que atentan contra la democracia".

Igualmente solicitó la restricción puntual y momentánea del derecho a la manifestación y la imposición de multas a las personas y empresas que ofrezcan apoyo logístico y financiero a las protestas convocadas.

El organismo también pidió que el Supremo ordene la detención flagrante de todos los que desobedezcan su decisión y que autorice el bloqueo de los grupos en redes sociales usados para convocar las manifestaciones.

En declaraciones a la televisora CNN Brasil, el ministro Costa precisó que ese fortalecimiento fue determinado por el gabinete de crisis estructurado por el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para supervisar y anticiparse a nuevos actos criminales contra la democracia.

“Tiene medidas de refuerzo de la seguridad en todo el país una vez que circularon cartas de nuevas manifestaciones. Entonces, por precaución, adoptamos una posición de precaución en torno a la seguridad en la Explanada de los Ministerios, donde están ubicados los principales edificios públicos, y en las ciudades de todo el país”, explicó Costa.

Asimismo informó que el Ejército deberá proteger las sedes de los tres poderes, pero sin necesariamente un decreto de Garantía de Ley y del Orden, la llamada GLO, en el que toman el poder las Fuerzas Armadas.

“No necesitas GLO para proteger el palacio. La seguridad en el Distrito Federal (DF) está bajo intervención y habrá todo refuerzo del Ejército para protección, además de las otras fuerzas de seguridad”, precisó.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, comunicó públicamente que se prorrogó la presencia durante diez días más de la Fuerza Nacional en la Explanada de los Ministerios, donde están las sedes de los tres poderes.

Sobre os ataques terroristas do domingo, as providências relativas à responsabilidade penal, administrativa e cível, que forem pertinentes ao Ministério da Justiça, estão sendo adotadas. E claro que outros órgãos também estão agindo, inclusive o Interventor Federal na SSP/DF

— Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) January 10, 2023

El refuerzo fue decidido al confirmar que en redes sociales, grupos de adeptos radicales del derrotado exmandatario Jair Bolsonaro divulgaron convocatorias para manifestaciones a las 18.00 hora local (21.00 GMT) de este miércoles, tanto en Brasilia como en Sao Paulo, Río de Janeiro y Belo Horizonte, reseñó Prensa Latina.

Los organizadores indican que las convocatorias, con los lugares en que se realizarán las concentraciones, serán por la “recuperación del poder”. Los bolsonaristas piden la intervención militar en el país y rechazan la asunción por tercera vez de Lula al poder.

Durante una rueda de prensa este miércoles, el interventor federal en Seguridad Pública en el DF, Ricardo Cappelli, informó que la Explanada de los Ministerios en la ciudad de Brasilia, que alberga las sedes de los poderes públicos, estará cerrada, aunque sostuvo que no hay ninguna posibilidad de que los bolsonaristas consigan entrar de nuevo en el mencionado lugar, desde donde se accede al Palacio de Planalto (sede del Ejecutivo), así como a los edificios del Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF), que el pasado domingo fueron invadidos y dañados por partidarios de Bolsonaro.

De acuerdo con Cappelli, los empleados públicos que trabajan en edificios de la Explanada de los Ministerios pueden continuar “con la mayor tranquilidad”, reseña la agencia Xinhua.

“Não há hipótese de se repetir na capital federal os fatos inaceitáveis do último dia 8”, diz interventor na segurança do DF.

Ricardo Capelli detalhou medidas de segurança que estão sendo tomadas sobre uma manifestação marcada para esta quarta-feira (11). pic.twitter.com/b0muwhAWEK

— Metrópoles (@Metropoles) January 11, 2023

El plan de acción tiene como propósito prevenir nuevos actos como los del pasado domingo y cuenta con el apoyo de todas las fuerzas de seguridad disponibles en el Distrito Federal de Brasil.

El interventor destacó que se aplicará la ley a quienes pretendan repetir las acciones del pasado domingo y que siempre se respetará el derecho a la libre manifestación, pero dentro de lo dispuesto en la Constitución.

Vale recordar que los bolsonaristas más radicales, que no reconocen la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de octubre y defienden un golpe de Estado para derribarlo, protagonizaron el domingo un violento ataque a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, causando cuantiosos y graves daños a las tres edificaciones, después de que la Policía, en una reacción tardía, consiguiera desalojarlos. Cerca de 1.500 seguidores del expresidente Jair Bolsonaro han sido detenidos por estos actos de vandalismo.

Em pouco mais de 36 horas, seguindo as orientações do ministro @FlavioDino , desmontamos o acampamento golpista, identificamos e prendemos cerca de 1.000 pessoas que atentaram contra o Estado Democrático de Direito e trocamos o Comando da PM no DF. A lei será cumprida.

— Ricardo Cappelli (@RicardoCappelli) January 10, 2023

Decreto de intervención federal en la Seguridad Pública del DF

Por los hechos, el presidente Lula decretó la intervención, aprobada en el Parlamento por las dos cámaras, diputados y Senado, la materia ahora sigue para promulgación. En la práctica, con las validaciones, el Congreso ratifica la medida hasta el 31 de enero, conforme a la propuesta del Presidente.

La disposición está prevista en el artículo 34 de la Constitución Federal para “poner fin a grave comprometimiento del orden público y garantizar el libre ejercicio de cualquiera de los poderes en las unidades de la federación”.

Durante una reunión con gobernadores o representantes de los 27 estados de Brasil, a propósito de los actos golpistas, Lula señaló: “No vamos a permitir que la democracia se nos escape de las manos”.

Prohibición de bloqueo del tránsito

Este miércoles, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, prohibió el bloqueo del tránsito en todo el país o acceso a entidades públicas y ordenó prisión contra todos aquellos que desobedezcan, reseña Cubadebate.

Mientras, se espera la inminente entrada en prisión de Anderson Torres, exjefe de Seguridad del DF, un estrecho aliado de Jair Bolsonaro, quien fue su ministro de Justicia y le secundó en su campaña de descrédito del sistema electoral, uno de los principales motivos del asalto el pasado domingo.

También destituyeron a 13 uniformados presentes en la invasión de las sedes de los tres poderes, quienes fueron designados por Torres. Después de un pedido de detención emitido por el juez De Moraes, el exministro anunció el martes que volverá a Brasil para enfrentarse a las acusaciones, cosa que podría concretarse este miércoles o jueves, según la prensa local.

De Moraes consideró que la conducta de Torres fue “gravísima” y puso en riesgo la vida del Presidente y de otros políticos.

LUCILA CONTRERAS / CIUDAD CCS