11/02/23.- En esta era digital el derecho a la información es oficialmente un bien limitado. Decirlo es contradictorio, porque con el acceso a Internet y a las redes sociales pareciera que todos tenemos la oportunidad de informarnos bien. Pero no es así. La avalancha de falsa información que circula a diario atenta contra el derecho a estar bien informados, amén del bombardeo de contenidos digitales que buscan monetizar nuestra atención. 

A este panorama ahora se suma un fenómeno gestado en Europa llamado “derecho al olvido” digital. Cualquier enlace, url, web o plataforma digital que brinde información de interés público puede desaparecer en un tris en buscadores y redes sociales. Es el derecho a borrar de buscadores y redes el pasado digital de cualquier persona o empresa que pague por ello.  

El origen de este derecho al olvido digital no fue con afán de lucro. En el 2014 un tribunal de justicia de la Unión Europea decidió a favor de un ciudadano que pidió a Google eliminar datos de su vida privada porque consideraba que no eran de interés público.

El demandante ganó. A partir de ahí el derecho al olvido digital fue utilizado como un recurso legal para defender el honor, la reputación y la dignidad personal, sobre todo si hay “errores” del pasado (fotos eróticas, acusaciones de delitos no probadas o infidelidades). Claro, Google solo medio “cumple” esa orden en el viejo continente, pero fue un precedente importante en el campo minado de la privacidad de datos personales. 

El problema es que esa causa justa para proteger la dignidad de una persona, se convirtió en un negocio en el que poderosos y criminales pagan por borrar sus fechorías para salir “limpios” cuando los busquen en Internet. No se consigue nada; ni noticias, denuncias, informes, videos, ni siquiera un meme.  

Quizás el caso más evidente sucedió en Colombia. Según el portal La Silla Vacía, varios narcotraficantes han logrado limpiar sus pasados oscuros en Internet; y un cirujano hizo lo mismo ocultando sus malas prácticas que pusieron en peligro la vida de varias pacientes. 

El trabajo de “limpieza” lo hace una empresa llamada española Eliminalia, cuyo presidente declaró sin desparpajo que han borrado pasados digitales de 500 figuras del poder fáctico, entre los que se cuentan empresarios, banqueros y operadores políticos. Algunos medios especulan que algunos escándalos de la realeza española están en la cola de ser “limpiados”.

Desde hace unos años en Venezuela se viene aplicando una estrategia a la inversa del olvido digital. No borran información o contenido de interés nacional; lo que hacen es intoxicar los buscadores y las redes con contenido basura que desvié la atención de irregularidades, procesos judiciales o de investigaciones por corrupción o desfalco a la nación. 

El resultado es que cuando se busca en Internet sobre un hecho en específico (un banquero prófugo, por ejemplo, por legitimación de capitales), solo está disponible contenido irrelevante sobre el tema o el personaje en cuestión. 

Alguna vez el portal La Tabla señaló de esta práctica al empresario Pedro Torres Ciliberto, prófugo de la justicia venezolana acusado de delitos financieros. 

Sin embargo, el modus operandi se repite a diario con otras figuras vinculadas al antichavismo que pagan por una renovada reputación digital, libre de irregularidades y excesos del pasado. Aunque son promotores y corresponsables de la actual crisis, ahora prometen solucionar los problemas del país que ellos mismos agravaron.

Así las cosas, asistimos a la era del mejor postor en Internet. No importa que mañana un portal web o una cuenta en redes sociales publique información de interés nacional sobre irregularidades cometidas por personas o empresas. Con altas cantidades de dinero puedes comprar una nueva reputación digital. 

Y no se trata de bloquear el acceso a páginas web que publican información incómoda o crítica. El derecho al olvido digital incluye borrar de todo el ecosistema digital cualquier información incómoda o negativa para el interés nacional. Algo grave que pasó, simplemente no existe en Internet. Y si se consigue algo, es irrelevante, contenido basura para despistar. 

Ya en Colombia están alarmados sobre esta práctica. Algunos medios colombianos aún no pueden explicar cómo sus reportajes de investigación acerca de empresarios y narcotraficantes fueron "limpiados" (borrados) de redes y buscadores en Internet.  

Sin duda, ese derecho al olvido digital es una bala directa al derecho a estar bien informado. Se está convirtiendo en el arma predilecta para lavar la cara de adinerados y poderosos, cuyas acciones dañan a países y poblaciones enteras.  

Sería oportuno que la Asamblea Nacional incorpore este derecho al olvido digital en el debate para actualizar la Ley de Responsabilidad en Radio, Televisión, Redes y Medios Electrónicos; y en la preparación del proyecto de la Ley de Ciberespacio.

Porque es claro que los derechos constitucionales de la información veraz y oportuna y libre expresión necesitan ajustarse a los nuevos tiempos, sobre todo para que las nuevas generaciones no les sigan borrando, por vía digital, hechos y datos clave relevantes que los deje sin memoria nacional colectiva.

Manuel Palma

Correo: mpalmacabello@gmail.com 

Twitter: @mpalmac