Ceuta se convierte en el tablero de guerra híbrida de Europa

Las tensiones políticas y humanitarias ponen a prueba la solidaridad de la Unión Europea

02/09/26.- La entrada irregular de cerca de 72 mil personas a Ceuta desde Marruecos, registrada entre el 30 y el 31 de julio de 2026, estremeció la política migratoria de España y reabrió una alarma estratégica en toda Europa. La crisis no solo desbordó los mecanismos de control fronterizo: expuso tensiones diplomáticas con Rabat, fragilidad en el Gobierno de Pedro Sánchez, fallas de inteligencia y una creciente instrumentalización política de la migración.

En ese contexto, la extrema derecha, especialmente Vox y actores de su entorno muy ligadas a los intereses de Washintong, ha presentado la crisis como una consecuencia de una supuesta política migratoria permisiva del Gobierno y ha empleado expresiones de fuerte carga alarmista, vinculando la situación con inseguridad e “invasión”.

Por su parte, el Gobierno y formaciones de centroizquierda han puesto el acento en evitar la violencia, reforzar la atención a las personas migrantes (en particular a los menores) y distribuir la carga fuera de Ceuta. 

En la sede del diario Ciudad CCS, el especialista en Integración Regional Francisco González analizó las dimensiones geopolíticas, humanitarias y estratégicas de un episodio que vuelve a situar a Ceuta entre las fronteras más sensibles de la Unión Europea.

“La crisis de Ceuta no es solo un episodio diplomático; es un espejo de las contradicciones de la relación euroafricana y de un modelo que requiere una reformulación radical”, afirmó González.

-Sobre el escenario político, el especialista consideró que no parece probable la convocatoria inmediata de elecciones anticipadas.¿Puede esta crisis adelantar las elecciones generales previstas para 2027?

La crisis irrumpe en un momento de especial fragilidad para el Gobierno de Pedro Sánchez, la aritmética parlamentaria del Ejecutivo depende de equilibrios inestables con fuerzas que, ante una crisis nacional, suelen endurecer sus posiciones.

El impacto no se limita a las dimisiones ministeriales, las críticas de la oposición o las declaraciones de los socios europeos. El golpe más profundo está en la erosión de la narrativa gubernamental sobre el control fronterizo.

Sin embargo, un adelanto electoral parece poco probable a corto plazo. La crisis condicionará la agenda política, tensionará las alianzas parlamentarias y reforzará el discurso de los sectores más duros en materia migratoria, pero no necesariamente precipitará una convocatoria electoral inmediata.

Regularización: detonante o excusa política

—El Gobierno lanzó un plan de regularización de migrantes pocas semanas antes de la crisis. La oposición y algunos socios europeos lo calificaron como un “factor de atracción”. ¿Fue un detonante o una excusa para ocultar fallas en el control fronterizo?

El plan de regularización no debe entenderse como el detonante directo de la crisis, sino como un elemento que amplificó una dinámica ya existente. La regularización de personas migrantes en situación irregular es una herramienta utilizada por numerosos Estados europeos; reducirla a un simple “efecto llamada” simplifica un fenómeno mucho más complejo.

No obstante, la crítica opositora tiene un elemento de razonabilidad: la cercanía temporal entre el anuncio de la medida y la irrupción de la crisis generó una percepción de desconexión entre la política migratoria interna y la realidad de las fronteras.

En este sentido, el problema central no es la regularización en sí misma, sino la ausencia de una estrategia integral que articule política de asilo, cooperación con países de origen y tránsito, lucha contra las redes de tráfico de personas y refuerzo de los dispositivos fronterizos.

Responsabilizar exclusivamente al plan de regularización es una operación política que desvía la atención de quienes tenían la obligación de garantizar la seguridad fronteriza. Pero también es cierto que el Gobierno subestimó el efecto simbólico que esa decisión podía tener sobre las redes de tráfico y sobre las dinámicas sociales del norte de África.

-España es considerada la principal vía terrestre de entrada a la Unión Europea desde África. ¿Qué falló en Ceuta y cómo debe replantearse el modelo de vigilancia?

El colapso en Ceuta revela un fallo sistémico que va mucho más allá de la falta de vallas, agentes o tecnología. Durante años, el modelo español se apoyó en una combinación de barreras físicas, presencia policial, sistemas de detección electrónica y cooperación con las autoridades marroquíes.

El problema es que toda esa arquitectura descansaba sobre una premisa que la crisis desmintió, que Marruecos mantendría de forma constante su cooperación como eje de la seguridad fronteriza. Cuando Rabat reduce o retira esa colaboración, el sistema español queda desnudo.

Las fallas son claras: No existen planes de contingencia suficientemente sólidos para escenarios de descoordinación o deserción marroquí, se ha sobredimensionado el componente policial frente a la inteligencia preventiva. Persisten debilidades en la coordinación en tiempo real entre Guardia Civil, Ejército, servicios de inteligencia y autoridades civiles, la estrategia se ha concentrado demasiado en contener físicamente los flujos, en lugar de anticiparlos.

España necesita pasar de un modelo reactivo y defensivo a una arquitectura de seguridad basada en prevención, inteligencia, cooperación regional y capacidad de respuesta rápida.

Ceuta: migración y presión híbrida

La crisis migratoria de Ceuta puede analizarse como un episodio de presión híbrida cuando la movilidad de personas es facilitada, tolerada o utilizada deliberadamente para obtener ventajas políticas o diplomáticas. Este tipo de estrategia se desarrolla en la denominada “zona gris”, un espacio situado entre la normalidad diplomática y el conflicto abierto, en el que se combinan herramientas no militares —como la presión fronteriza, la desinformación, la coerción económica o la influencia política— para condicionar las decisiones de otro Estado.

— ¿Se trató de una crisis migratoria o de una forma de guerra híbrida para presionar a España?

Reducir el episodio a una crisis migratoria o definirlo exclusivamente como guerra híbrida impediría comprender su verdadera complejidad. Hay elementos de ambas dimensiones.

La simultaneidad de los cruces, la concentración de personas en distintos puntos de la frontera y la pasividad de las autoridades marroquíes durante las horas críticas sugieren un nivel de organización y tolerancia estatal difícil de explicar como un fenómeno espontáneo.

En ese sentido, el concepto de guerra híbrida ayuda a interpretar lo ocurrido. Marruecos no declaró una guerra ni desplegó fuerzas militares convencionales. Utilizó, en cambio, el flujo humano como mecanismo de presión política y diplomática.

La migración se convierte así en una herramienta de poder, permite transmitir un mensaje a España, elevar el costo político de una crisis fronteriza y recordar a la Unión Europea que Rabat es un actor indispensable para la estabilidad del flanco sur mediterráneo.

 —¿Marruecos busca cambiar el estatus de Ceuta y Melilla?

No parece viable, en términos realistas, una modificación inmediata del estatus de Ceuta y Melilla. Pero sí existe una intención de redefinir el statu quo, elevar la presión política y mantener abiertas las reivindicaciones territoriales.

La cuestión responde tanto a intereses internos como a un cálculo geopolítico mayor. Marruecos busca consolidarse como socio estratégico de Washington, fortalecer su posición regional y capitalizar los avances obtenidos tras el respaldo español, en 2022, a la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental.

Ese cambio alteró los equilibrios regionales. Rabat puede sentirse ahora con mayor capacidad para reactivar sus reclamos sobre Ceuta y Melilla, no necesariamente para lograr resultados inmediatos, sino para erosionar su percepción como territorios españoles estables, seguros y plenamente consolidados.

Europa: solidaridad limitada y doble discurso

La crisis migratoria en Ceuta, ha revelado con crudeza las profundas fisuras en la política migratoria europea. Bajo un discurso de "solidaridad" y defensa de valores humanitarios, la respuesta de varios Estados miembros ha evidenciado un doble discurso.

—¿La reacción europea refleja falta de solidaridad o una preocupación legítima?

Ambas cosas. La crisis confirmó que la frontera sur europea es vulnerable y que un desbordamiento en Ceuta puede tener repercusiones políticas en todo el continente.
Pero también dejó al descubierto una contradicción profunda: varios países europeos exigen a España controles más estrictos, mientras se resisten a asumir una distribución efectiva de las responsabilidades migratorias.

Europa defiende la libre circulación dentro de sus fronteras, pero sigue sin construir una política común de migración, asilo y acogida capaz de responder de forma coordinada a situaciones de emergencia.

El dilema no se resuelve eligiendo entre “seguridad” o “derechos”, sino diseñando un control fronterizo que sea efectivo, proporcional y sometido a garantías. En Ceuta, las devoluciones en caliente son precisamente el punto donde esa conciliación falla si se ejecutan sin identificación, evaluación individual ni acceso real al asilo.

España tiene derecho y deber de gestionar sus fronteras, prevenir entradas irregulares, combatir las redes de tráfico y proteger a agentes y personas migrantes en contextos de presión o violencia. Pero ese poder no es ilimitado: la gestión fronteriza está condicionada por la Constitución, la legislación de extranjería, el derecho europeo y los tratados internacionales de derechos humanos.

—¿Es viable utilizar toda la capacidad de presión sobre Marruecos, mediante visados, comercio o cooperación?

Sería una estrategia peligrosa si se aplica de forma punitiva y unilateral. Un endurecimiento abrupto de las condiciones de visado, de los acuerdos comerciales o de la cooperación podría escalar el conflicto y provocar nuevas formas de presión.

La salida no es la confrontación automática, sino una combinación de incentivos positivos, cooperación condicionada y líneas rojas claras. Todo ello debe producirse bajo un marco europeo coordinado, porque España no puede afrontar sola una crisis de esta dimensión.

Redes sociales: el bulo como detonante

La entrada masiva de migrantes en Ceuta estuvo precedida por una intensa campaña de desinformación en WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook y otras plataformas. El mensaje viral, falso, sostenía que la frontera española estaba “abierta” y que quienes lograran cruzar —especialmente por mar— podrían permanecer en España sin ser devueltos.

Al mismo tiempo, la crisis desencadenó un fuerte aumento de mensajes xenófobos y racistas en redes sociales. La emergencia fronteriza fue aprovechada por actores políticos, cuentas anónimas y plataformas de difusión para instalar discursos de odio y criminalización de las personas migrantes.

—¿Qué responsabilidad tienen las redes sociales y los servicios de inteligencia?

Las plataformas no crean por sí solas la crisis, pero pueden amplificarla a una velocidad devastadora. Cuando un bulo se propaga en entornos de precariedad, desempleo y desesperanza, puede convertirse en un factor de movilización real.

Los servicios de inteligencia, por su parte, no lograron monitorear ni anticipar el impacto de la desinformación. La vigilancia fronteriza ya no puede limitarse a radares, patrullas y dispositivos físicos: debe incorporar el análisis de redes sociales, la identificación temprana de campañas de manipulación y el seguimiento de narrativas que puedan desencadenar movimientos masivos.

Seguridad sin deshumanización en Ceuta

Ceuta concentra una de las paradojas más complejas de la política migratoria europea, es una frontera exterior de la Unión Europea, un territorio reducido con capacidades limitadas de acogida y, al mismo tiempo, una ruta marcada por desigualdades sociales, tensiones diplomáticas con Marruecos y trayectorias migratorias profundamente vulnerables.

Hablar de seguridad es legítimo, la ciudad necesita recursos para controlar entradas irregulares, prevenir tragedias en el mar, combatir a las redes de tráfico y evitar el colapso de los servicios sanitarios, sociales y de acogida.

—¿Cómo conciliar control fronterizo y derechos humanos, especialmente ante las deportaciones en caliente?

La conciliación es posible, pero exige abandonar el modelo puramente reactivo. El control de las fronteras no es incompatible con la defensa de los derechos humanos; lo incompatible es convertir la seguridad en sinónimo de deshumanización.

La respuesta debe incluir procedimientos de asilo eficientes, identificación rápida de las personas llegadas, atención prioritaria a menores de edad, protección para víctimas de trata y mecanismos de cooperación internacional. Una frontera no puede ser un espacio sin garantías jurídicas, el desafío consiste en asegurar el territorio sin renunciar a los principios que Europa afirma defender.

El norte de África: la raíz de la crisis

Segun Ceuta, junto con Melilla, son enclaves españoles en el norte de África que han estado bajo soberanía española durante siglos (Ceuta desde 1580). Sin embargo, Marruecos no reconoce esta soberanía y las considera "territorios ocupados", reclamando su integración a su territorio nacional como un asunto de "derecho histórico y geográfico".

—¿Cuáles son las causas estructurales detrás de estos flujos?

La crisis de Ceuta es un síntoma de un problema mucho más profundo. Miles de jóvenes marroquíes enfrentan desempleo, informalidad, falta de oportunidades y una percepción creciente de ausencia de futuro. Mientras Europa invierta más en muros, patrullas y dispositivos de contención que en desarrollo, empleo, educación y cooperación económica en el norte de África, la presión migratoria persistirá.

El control fronterizo puede contener temporalmente una emergencia, pero no resuelve sus causas. Es un parche, no una solución.

“La instrumentalización de la migración, la coordinación de los flujos y la pasividad de las autoridades marroquíes revelan una forma de presión híbrida contra España. Pero la verdadera crisis es más profunda: Europa aún no ha construido una política capaz de responder con seguridad, solidaridad y humanidad”, concluyó Francisco González.

Finalmente, más allá del debate político y fronterizo, la situación de Ceuta deja una conclusión humanitaria clara, ninguna gestión migratoria puede prescindir de la protección de la vida y de unas condiciones mínimas de acogida. Garantizar techo, alimentación, atención sanitaria, higiene, protección específica para menores y vías individuales para solicitar asilo constituye una obligación básica mientras se articulan soluciones duraderas y coordinadas. En ese setido, el desafío no se limita a recuperar la capacidad operativa de la ciudad, sino a evitar que miles de personas permanezcan expuestas a la intemperie, la incertidumbre y la vulneración de sus derechos.

CARMEN ADRIANA DAZA / CIUDAD CCS