Templanza económica | Venezuela Renace

Por Marcial Arenas

Ha regresado la diatriba sobre el control del petróleo y de los demás recursos energéticos, minerales y estratégicos de Venezuela a raíz de la firma del megaacuerdo petrolero suscrito con el gobierno de EE. UU. El tema cobra fuerza por la alta proporción de reservas en nuestro territorio y el conflicto que ha cerrado Ormuz y Bab el-Mandeb.

Los hidrocarburos son el motor de la economía, al ocupar el 84% de la matriz energética global. Han sido, desde hace cien años, la palanca de la modernización material del país. También han sido la causa de la prolongación de la pugna entre élites económicas y facciones políticas después de la independencia, hasta bien entrado el siglo XXI. A ello se suma una fuerza anteriormente excluida a sangre y fuego, aglutinada en el movimiento bolivariano, que ha logrado incorporar al verdadero sujeto del debate: el bienestar de la mayoría de los habitantes de Venezuela.

La disputa por el poder, presentada a veces como un conflicto entre civiles y militares, está motivada por las apetencias de las élites económicas por controlar aduanas y minas en el siglo XIX y, en la actualidad, una dimensión financiera inimaginable proveniente de los hidrocarburos. La existencia de este recurso transformó la economía e impactó en la misma idiosincrasia del venezolano. Poder y petróleo forman una ecuación compleja. 

La verdadera confrontación enfrenta, de un lado, a las fuerzas que defienden las justas reivindicaciones del pueblo; y del otro, a las vetustas apetencias de una burguesía decadente que insiste en sumar a la diatriba a los representantes de la retardataria doctrina del destino manifiesto. ¿Se resolverá a favor de los desposeídos o se sumará este ciclo a la eterna postergación de lo prometido tras la independencia, tras la guerra federal, tras el final del gomecismo y el triunfo del 23 de enero? La revolución bolivariana ha significado la reivindicación de esa cadena de postergaciones de los derechos del pueblo sobre los recursos concretados durante la consolidación de la Gran Colombia, mediante el Decreto de Minas de 1828.

Entonces es necesario elevar el nivel del debate. El punto de partida es redimir el pensamiento bolivariano en su dimensión de estadista. Esto es, orientar los recursos energéticos, mineros y estratégicos en función de construir una base material que permita al sistema político brindar la mayor suma de felicidad posible a nuestra población. Prefigurar el modelo económico que sustenta esa máxima afirmación de Bolívar. Abordar el pensamiento y la acción política derivados del control de los hidrocarburos, con la intención de ampliar su alcance al ámbito de los recursos energéticos y mineros para construir la independencia productiva.

La aparente inocencia del debate se complica cuando se cuestiona la estatización de la industria. Sostienen los azuzadores que ese paso soberano generó desequilibrios económicos y políticos. Dos visiones encontradas: la visión privatizadora o sea, la explotación del petróleo sin Estado; enfrentada a la situación actual de control del Estado. La solución dada a la dicotomía entre sembrar o controlar nuestro principal recurso no ha satisfecho a las élites, especialmente porque desde 1999 se sumó la participación de un sector político y social emergente orientado por el pensamiento del Libertador. Pero los representantes del poder económico pretenden retrotraer los avances en la materia.

Las fuerzas nacionalizadoras lograron un grado de control sobre el petróleo, expresando el sentir de las naciones poseedoras de riquezas hidrocarburíferas. En 1938, Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera mexicana. En 1956 fue nacionalizado el Canal de Suez. Luego se fundó la OPEP y la Asamblea de la ONU proclamó el derecho a la descolonización, proceso aún inconcluso.

Venezuela fijó una fecha para extinguir el régimen de concesiones. Al parecer, sin debate explícito sobre el sistema sucesor, Juan Pablo Pérez Alfonzo promovió en 1960, desde su cartera ministerial, la fundación de una nueva corporación de petróleo, destinada a crear capacidades para administrar el recurso cuando venciera el término en 1983, e impulsó también el plan de gasoductos para entregar a los venezolanos parte de la riqueza exportada (por cierto, plan paralizado desde 1985).

Caldera asumió en campaña la propuesta de impulsar desde la presidencia una ley de reversión anticipada de las concesiones. Logró ser presidente, pero no obtuvo mayoría en el Congreso para aprobarla. La siguiente presidencia obtuvo poderes extraordinarios en materia económica, promovió la reversión, decretó la estatización y creó una figura distinta de la nueva CVP: la empresa PDVSA.

Un sector político alertó sobre las limitaciones de la propuesta estatizadora. Pérez Alfonzo la llamó una nacionalización chucuta. El profesor Potellá la llamó "una nacionalización sin nacionalizar", basándose en doce contratos de operación firmados antes del decreto. Esos contratos garantizaban la comercialización del crudo en manos de las transnacionales. Además, se indemnizó a las concesionarias por activos totalmente depreciados, aunque la ley de 1943 había previsto el retorno de la concesión y de los activos sin pagar indemnización. También se selló en el artículo 5 la posibilidad de devolverles la participación en la operación mediante contratos de servicio.

Potellá explicó que se otorgaron condiciones tan favorables debido al temor infundado por la "gerencia venezolanizada" de las futuras filiales de PDVSA a sufrir sanciones similares a las de la industria mexicana en 1938. Con 400 gerentes reunidos con Carlos Andrés Pérez, firmante del decreto de desnacionalización, y en contradicción con las advertencias de Pérez Alfonzo, se selló la entrega.

La filial de Standard Oil en Venezuela, la Creole Petroleum Corporation, venía preparándose para el fin de las concesiones. En 1956 creó el programa "venezolanizar la gerencia" de su filial, que consistía en formar gerentes venezolanos en universidades extranjeras. El resultado fue una casta dirigente formada en la cultura corporativa de la contratista. Al momento de la nacionalización, el presidente de esa filial había nacido en Venezuela, pero se había formado en el exterior. Mediante técnicas gerenciales de subordinación al "cliente", la antigua casa matriz trocó su papel en el de contratista del Estado venezolano para continuar imponiendo sus criterios, sin correr los riesgos propios de la producción.

Un importante sector político propuso "internalizar la industria" petrolera venezolana cuando se consumó la reversión anticipada de las concesiones. La interpretación más directa era aplicar el volumen de recursos proveniente del control del petróleo al desarrollo de nuestra economía. La gerencia "estadounidensizada" optó por la política más entreguista: la "internacionalización de la industria". Paradójicamente, es una burlesca respuesta al sentimiento de desarrollo nacional y justicia distributiva.

La política de "internacionalización petrolera", encabezada por una casta arraigada en el ADN de la empresa, logró sus cometidos mediante una especie de Estado paralelo que trasladó a Houston el centro de dirección de la propia empresa de los venezolanos. Mudaron los centros de utilidades a CITGO y Veba Öel en Europa, y fortalecieron la tercera mayor capacidad de refinación del mundo. Una vez ubicados los centros de utilidades en el extranjero y asegurado el control de la producción, convirtieron su casa matriz venezolana en el centro de costos, boicotearon a la OPEP para minimizar el precio del crudo y debilitar el precario modelo de bienestar venezolano. Triquiñuelas contables sirvieron a un mecanismo de extracción de renta en favor de élites empresariales que crearon lo que Nicolás Maduro bautizó como "el eje Nueva York-Miami-Houston".

Ese mismo entramado no solo actuó a la sombra de los balances contables. Cuando en 2002-2003 la dirigencia de PDVSA se sumó al paro petrolero en un boicot contra el gobierno legítimo del presidente Chávez, lo hizo con un arma de doble filo: fueron ellos, precisamente los que durante décadas pregonaron la "internacionalización" y la subordinación al "cliente" estadounidense, los primeros en retirarle la venta de petróleo a Estados Unidos.

El sabotaje a la industria nacional develó la verdadera naturaleza de esa casta gerencial: dispuesta a dejar al país sin ingresos con tal de recuperar el control político de la renta. Paradójicamente, quienes se decían defensores del mercado norteamericano fueron los primeros en romperlo cuando sus intereses de poder se vieron amenazados. A partir de 2014, con las medidas coercitivas unilaterales, quedó al descubierto el plan físico de ahorcar la economía venezolana. Lo que en 2002 había sido un paro patronal con fines políticos se transformó, una década después, en un cerco económico envolvente. Las sanciones financieras, el bloqueo comercial, el congelamiento de activos y el embargo petrolero de facto revelaron que el eje Nueva York-Miami-Houston no es solo una red de intereses corporativos: es un dispositivo de dominación que, ante la imposibilidad de recuperar el control interno de PDVSA, optó por destruir la industria desde afuera con complicidad y/u omisiones internas. El paro petrolero fue el ensayo; el paro silencioso posterior, en conjunto con las medidas coercitivas de 2014, fue la ejecución definitiva del plan que terminó en cerco militar-naval y el bombardeo del 3 de enero.

¿Es posible lograr la internalización de los recursos para cimentar un Estado que brinde la máxima felicidad social posible? La respuesta no es solo económica: es civilizatoria. De lo que se trata es de que el petróleo, los minerales y la energía dejen de ser botín de élites económicas y se conviertan en palanca del renacer de Venezuela. Ese renacer exige aplicar con justeza el producto de la venta de nuestros recursos, industrializar con criterio nacional, distribuir la renta con justicia y reconstruir el tejido productivo que el paro petrolero primero y las medidas coercitivas unilaterales después intentaron destruir. Internalizar la industria no es un cliché: es la condición para que el país deje de ser una economía de enclave y se convierta en una nación que disponga de su riqueza, una vez sean levantadas las medidas coercitivas. Solo así se podrá cumplir la máxima bolivariana: brindar la mayor suma de felicidad posible.

En este momento, el renacer de Venezuela es la prueba de que se puede combatir el rentismo petrolero con los mismos recursos que antes se volcaron al exterior. Se trata de combatir, entendiendo el paradigma de la teoría económica del rentismo, el viejo sofisma de que el metabolismo económico de la República no podía recuperarse del largo receso de inversiones que los internacionalizadores volcaron en el extranjero, y que por tal razón no debía traerse nada de vuelta a lo interno. Esa fue la excusa entonces: que el país no aguantaba esa inmensa masa de recursos, que la industria no producía, que era mejor importar todo, mantener los centros de utilidad y decisión fuera. Hoy, con los mismos recursos y la misma industria, la pregunta es si seremos capaces de revertir ese metabolismo rentista y poner los recursos al servicio del desarrollo nacional. El renacer de Venezuela pasa por profundizar el control del petróleo, pero sobre todo por la internalización de sus recursos al servicio del pueblo.