Programa para la Paz respalda reforma a la Ley contra el Odio

Apoyan despenalizar conductas para afianzar el debate y la reconciliación nacional

29/09/26.- En un paso significativo hacia el fortalecimiento de las instituciones y la reconciliación nacional, el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática emitió un comunicado oficial manifestando su absoluto respaldo a la solicitud realizada por la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, ante la Asamblea Nacional para la reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.

El organismo ratificó que avanzar en la despenalización de ciertas conductas previstas en este instrumento legal representa una transformación prioritaria del sistema de justicia penal en el país. Asimismo, destacó que esta modificación permitirá garantizar un espacio seguro para el debate, protegiendo los derechos fundamentales, promoviendo la tolerancia y priorizando el respeto a la dignidad humana como eje central de la vida democrática.

Ley aprobada en un contexto de violencia en el país

Para comprender el contexto de la solicitud que le hizo la mandataria nacional al Poder Legislativo, es vital recordar que la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia fue redactada y aprobada en el año 2017 por la plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), creada ese mismo año, tras una aprobación en referéndum consultivo.

Su creación surgió como un mecanismo institucional y jurídico para frenar la ola de incitación al odio, fascismo y violencia política promovida durante ese año por sectores de la extrema oposición, popularmente apodadas "guarimbas".

Ante esos actos de confrontación callejera, intolerancia y alteración del orden público que amenazaban la estabilidad del país, la ANC impulsó esta ley con el propósito de preservar la paz social, sancionar los discursos de odio y proteger a la ciudadanía de hechos violentos.

Esta ley establece sanciones de hasta 20 años de prisión para quienes promuevan o inciten públicamente al odio, la discriminación, el fascismo o la violencia contra personas o grupos sociales, étnicos, políticos o religiosos. Además, la norma faculta al Estado para revocar concesiones de medios de comunicación (radio, televisión y plataformas digitales) que difundan propaganda de guerra o mensajes de intolerancia, obliga a las organizaciones políticas a incluir la expulsión de militantes que incurran en estas conductas e impone al sistema educativo y gubernamental la difusión obligatoria de contenidos dirigidos a garantizar la paz social y la diversidad cultural.

Avances hacia la paz y el reconstrucción institucional

En el contexto actual de transformación política y social que atraviesa Venezuela, la decisión de la jefa de Estado de solicitar con carácter de urgencia la reforma de este instrumento responde a la búsqueda activa de la paz, el reencuentro y la unidad de todos los venezolanos.

La propuesta orienta sus esfuerzos a corregir desviaciones en la aplicación de la norma y abrir un camino hacia la despenalización de diversas conductas. Con esta medida, el Ejecutivo nacional busca dinamizar el debate político, reconstruir la confianza institucional y consolidar un marco legal justo, equilibrado y pacífico que garantice la estabilidad democrática del país.

MELISSA VARELA / CIUDAD CCS