09/03/23.- Se hizo viral este pasado lunes un video de dos adolescentes, estudiantes de bachillerato, peleando en una plaza pública de Petare, en el que uno de los involucrados quedó tirado en el suelo inconsciente y con lesiones en la nariz.

Refieren los portales de noticias que la policía municipal intervino y citó a los representantes de ambos muchachos y los del que causó la mayor lesión se comprometieron a costear el tratamiento médico.  

Me pregunto: ¿y si en vez de una lesión hubiera sido la muerte del joven? ¿También el compromiso iba a ser pagar? ¿Cuánto cuesta devolverle la vida a otro?

Ya he referido en oportunidades pasadas que en nuestro país tenemos un Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes previsto en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna) con toda la normativa en esta materia, contemplando una serie de sanciones que va desde la amonestación, imposición de reglas de conducta, servicios a la comunidad, libertad asistida y semilibertad hasta la privación de libertad.

Pero más allá de eso, dónde queda la responsabilidad de la madre, del padre o sus representantes, porque son ellos responsables de los niveles de violencia de sus hijos.

Entonces, si se estableciera una responsabilidad penal solidaria donde el papá y la mamá de un adolescente que cometiera un delito por motivos de abuso y acoso escolar pudiesen ser condenados, también ellos por eso, ¿sería una manera de lograr que se preocuparan más por la conducta de sus hijos en los liceos y otros espacios de interacción social?

Es necesario crear mecanismos de control social que obliguen a padres, madres y representantes a velar y ser garantes de que sus hijos no causen daños a terceros o a sus semejantes. Pareciera que la errada percepción de que “muchacho no es gente grande” impera en nuestras idiosincrasia y opera como salvoconducto para no respetar límites de convivencia y tolerancia.

Es característico que los adolescentes que demuestran este tipo de conductas pertenezcan a familias que les dan poca importancia a sus malos comportamientos, en una sociedad donde el daño que puedan causar no les atañe a sus padres más allá de una eventual lesión patrimonial, aspectos ambos que resultan cómodos e ideales para estos patrones familiares.

Si fuese, por el contrario, que por el delito que cometan sus hijos o hijas que no hayan alcanzado la mayoridad también tuvieran ellos sanción penal, entonces se verían conminados a estar preocupados y ocupados en la buena y prudente conducta de sus representados.

Es empezar a ver a nuestros hijos también como agresores, no solo como víctimas. Hay que insistir en la importancia de no hacer daño a otro, así como cuidamos de que otros no les hagan daño a ellos, y si esto no se da por consecuencia natural y lógica, pues que se procure a través de los métodos coactivos de la ley.

Carlos Manrrique