Haití bajo el asedio de pandillas e intervención de fuerzas externas

El terror armado, el éxodo masivo y el despliegue militar marcan la crisis

13/11/26.- El aire en las calles de Puerto Príncipe suele estar cargado de una mezcla densa de humo, incertidumbre y el eco intermitente de las detonaciones. Lo que alguna vez fue el epicentro de la primera gran gesta anticolonial de América Latina hoy se presenta ante el mundo como el retrato de una emergencia humanitaria y de seguridad sin precedentes en el hemisferio occidental. La nación caribeña atraviesa una encrucijada crítica donde el colapso de las instituciones estatales, el dominio territorial de las organizaciones criminales, el desplazamiento masivo de millones de ciudadanos y una reciente escalada militar con participación extranjera dibujan un escenario de extrema complejidad y profundo dramatismo humano.

Para comprender la magnitud del abismo al que se asoma Haití, resulta indispensable observar más allá de las barricadas que hoy cortan las principales arterias de su capital. La tragedia contemporánea no es un fenómeno espontáneo, sino la desembocadura de una larga cadena de condicionamientos históricos, económicos, políticos y ambientales que han erosionado sistemáticamente la capacidad de resiliencia del Estado haitiano frente a las crisis.

Antecedentes históricos

La fragilidad estructural que hoy exhibe el Estado haitiano responde a factores profundos acumulados durante más de dos siglos de existencia republicana. El punto de partida de esta vulnerabilidad se remonta a los albores mismos de su independencia. Tras protagonizar una revolución histórica y convertirse en la primera república negra independiente del mundo en 1804, la naciente nación enfrentó el aislamiento diplomático y económico de las potencias de la época. En 1825, Francia exigió el pago de una cuantiosa indemnización de 150 millones de francos —una suma equivalente a unos 21.000 millones de dólares actuales— como condición ineludible para reconocer su soberanía. Haití tardó más de un siglo en saldar esa deuda impuesta por la fuerza, un lastre financiero que hipotecó su desarrollo económico, drenó las arcas públicas e impidió la construcción de infraestructura básica desde sus cimientos.

A esta asfixia financiera originaria se sumó un siglo XX profundamente marcado por la inestabilidad política crónica, el autoritarismo y la injerencia externa. El país atravesó una prolongada ocupación militar estadounidense entre 1915 y 1934, seguida décadas después por las feroces dictaduras de François y Jean-Claude Duvalier, quienes gobernaron mediante el terror y la represión sistemática entre 1957 y 1986. La caída del régimen duvalierista no trajo consigo la ansiada consolidación democrática; por el contrario, dio paso a una convulsa sucesión de golpes de Estado, vacíos de poder, crisis electorales e intervenciones internacionales que impidieron el fortalecimiento de instituciones sólidas, autónomas y representativas.

El tercer pilar de esta vulnerabilidad estructural reside en el deterioro ambiental y los desastres naturales que han golpeado reiteradamente a la isla. La deforestación masiva ha arrasado con cerca del 98 % de sus bosques originales, dejando el territorio expuesto a inundaciones y sequías devastadoras. A ello se sumaron eventos catastróficos como el terremoto de enero de 2010, que dejó más de 200.000 muertos y redujo a escombros la infraestructura básica del país. Como agravante, el posterior brote de cólera introducido por cascos azules de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dejó miles de víctimas y erosionó profundamente la confianza pública hacia las misiones extranjeras.

La crisis actual

Incluso antes de que estallara la actual espiral de violencia armada, Haití ya era el país más pobre del hemisferio occidental. Décadas de servicios básicos inadecuados y falta de desarrollo del capital humano se combinaron con una desigualdad y exclusión social extremadamente elevadas, creando un caldo de cultivo propicio para la descomposición comunitaria.

En los últimos años, estos desafíos se han visto agravados por la proliferación de grupos armados que atemorizan a las familias en su lucha por el territorio y el control, principalmente en la capital, Puerto Príncipe, y el departamento vecino de Artibonito, aunque otras regiones también han sido afectadas. Las pandillas han logrado paralizar las principales rutas de transporte desde la capital hacia el resto del país, destruyendo los medios de subsistencia de millones de ciudadanos, interrumpiendo los servicios esenciales y obstaculizando de manera crítica la asistencia humanitaria.

Como consecuencia directa de este asedio, los servicios sanitarios y sociales vitales se encuentran al borde del colapso en múltiples departamentos. Varios centros de salud han quedado fuera del alcance de la población debido a las restricciones de seguridad, dejando a miles de familias, niños y niñas sin acceso a atención sanitaria. Paralelamente, la creciente inseguridad ha forzado el cierre de cientos de escuelas, con ataques directos y saqueos en las instalaciones escolares, además de amenazas contra docentes, interrumpiendo la educación de miles de menores.

Desplazamiento interno

El avance de la violencia ha desencadenado un éxodo interno sin precedentes. La parte sur del país, una región particularmente vulnerable a los peligros naturales, se enfrenta hoy a un creciente número de desplazados internos que huyen del terror en la capital. En total, más de 1,5 millones de personas han sido desplazadas en todo el territorio nacional, según el último informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), concentrándose sobre todo en Puerto Príncipe y el departamento de Artibonito, duplicando la cifra registrada apenas un año atrás.

Un dato alarmante del reporte revela que más de la mitad de la población desplazada está conformada por mujeres y niñas. Esta realidad refleja el agravamiento de una emergencia humanitaria impulsada por una escalada de violencia que obliga a las familias a abandonar sus hogares tanto en zonas urbanas como rurales.

"La crisis de desplazamiento en Haití está entrando en una fase aún más alarmante", declaró Grégoire Goodstein, Jefe de Misión de la OIM en Haití. El funcionario advirtió que el fenómeno se ha vuelto incontrolable: "La crisis ya no se limita a barrios o regiones específicas. A medida que la violencia se extiende hacia zonas que antes se consideraban seguras, cada vez más personas se ven obligadas a huir repetidamente, a menudo sin ningún lugar adonde ir", manifestó.

Las cifras récord registradas por la Matriz de Seguimiento del Desplazamiento (DTM, por sus siglas en inglés) de la OIM reflejan una crisis humanitaria que se deteriora rápidamente, marcada por sucesivas oleadas de huida. En mayo, más de 18.000 personas se vieron forzadas a huir debido a la renovada violencia en Cité Soleil, mientras que en las últimas semanas otras 5.000 personas fueron desplazadas en el Departamento del Sureste del país.

Violación a los derechos de la niñez

En medio de esta tormenta de violencia y carencias, la infancia haitiana soporta el peso más cruel del conflicto. Las familias, niños y niñas sufren oleadas incesantes de agresiones brutales perpetradas por grupos armados. Cada jornada trae nuevos horrores, la pérdida de seres queridos, hogares destruidos y una constante sombra de miedo. Los menores son asesinados o heridos de camino a la escuela, mientras que las mujeres y las niñas enfrentan violencia sexual extrema. Al menos 167 niños y niñas murieron por heridas de bala únicamente durante el año 2023.

La violencia ha tenido un impacto devastador en el sistema educativo, paralizado por tiroteos, saqueos y robos. Atemorizados por tener que acudir a clases, los niños y niñas corren un mayor riesgo de exclusión social, de ser reclutados forzosamente por grupos armados y de sufrir violencia de género, especialmente abusos sexuales y físicos.

Simultáneamente, el hambre y la desnutrición potencialmente mortales alcanzan niveles récord en todo el país, concentrados en los barrios más pobres, inseguros y congestionados de la capital. Cada vez son más los padres y madres que ya no pueden proporcionar cuidados ni nutrición adecuada a sus hijos, ni llevarlos a los centros de salud dada la violencia del entorno. Casi uno de cada cuatro niños y niñas haitianos sufre desnutrición crónica, conocida como retraso del crecimiento, con secuelas físicas y cognitivas a largo plazo.  

Esta crisis nutricional se ve agravada por un persistente brote de cólera. Para enero de 2024 se registraron más de 79.000 casos sospechosos en Haití. Mientras la enfermedad se propaga por los barrios afectados por la violencia, el cólera y la desnutrición crean una doble carga mortal que el sistema nacional de salud no logra afrontar debido a la escasez de personal y suministros.

Intervención de la Misión del Consejo de Seguridad de la ONU

Ante la magnitud del desafío criminal, las instituciones encargadas de velar por el orden interno en Haití han resultado claramente insuficientes. La Policía Nacional de Haití y el pequeño ejército del país se han visto sobrepasados y no cuentan con los recursos ni el equipamiento necesario para contener a las organizaciones criminales por sí solos.

Frente al agravamiento del caos institucional y la pérdida de control sobre amplias zonas del país, las autoridades haitianas solicitaron formalmente el apoyo de una fuerza internacional especializada para restablecer el orden, proteger infraestructuras clave —como puertos y aeropuertos— y permitir la celebración de elecciones democráticas retrasadas. Debido a esta crisis de violencia extrema, el colapso institucional y el control territorial de bandas armadas, el Consejo de Seguridad de la ONU y diversos organismos internacionales autorizaron y desplegaron misiones internacionales de seguridad en Haití.

Miembros de la misión salvadoreña atacados y desaparecidos

Dentro de este esquema de cooperación internacional, El Salvador poseía un contingente inicial de 70 militares y ocho especialistas en aviación desplegados en Haití. Estas unidades formaban parte de la misión del Consejo de Seguridad de la ONU, denominada Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), y cumplían roles esenciales como evacuaciones médicas, traslado de heridos y protección de vehículos.

Sin embargo, la situación escaló cuando cuatro técnicos salvadoreños fueron emboscados. Los efectivos realizaban compras de mercadería alimenticia en Croix-des-Bouquets, una comunidad de Puerto Príncipe controlada por el grupo criminal 400 Mawozo, cuando fueron atacados por bandas armadas, dejando su vehículo blindado a la deriva y sin sus tripulantes.

El contacto con los técnicos se perdió por completo, aunque ninguna organización criminal se atribuyó el ataque. Además, la gravedad del incidente aumentó horas después, cuando los helicópteros salvadoreños que rastreaban a los desaparecidos fueron atacados a disparos desde tierra.

La respuesta de Bukele

Ante el silencio de las bandas criminales y la incertidumbre sobre sus efectivos, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó de inmediato operaciones militares de búsqueda y rescate. El mandatario dispuso el envío por tandas separadas de contingentes de especialistas y lanzó una advertencia directa a los criminales: “Ya acabamos con las pandillas en El Salvador, y también podemos acabar con ustedes”, advirtió Bukele.

Así, El Salvador envió gradualmente más soldados, llegando a desplegar entre 2.000 y 2.500 militares en Haití. Según explicó el propio gobernante salvadoreño, esta decisión se ejecutó en mutuo acuerdo con el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, quien otorgó el permiso para ingresar al país, respaldó las operaciones salvadoreñas y agradeció públicamente su accionar.

Reacciones al despliegue salvadoreño

Tras el despliegue de militares salvadoreños en Puerto Príncipe para combatir a las bandas armadas, la organización Amnistía Internacional (AI) instó a ambos gobiernos a "garantizar el respeto a los derechos humanos".

En un comunicado publicado el pasado 9 de noviembre, la directora para las Américas de AI, Ana Piquer, subrayó que tanto el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, como el presidente Nayib Bukele deben asumir un compromiso conjunto de "respetar el derecho internacional". "El compromiso del primer ministro haitiano de no tolerar violaciones debe traducirse en garantías efectivas", enfatizó Piquer.

Por otra parte, organismos como Amnistía Internacional y diversas entidades humanitarias han criticado las tácticas y el enfoque de mano dura del operativo militar, que ha incluido bombardeos y ataques aéreos contra bastiones de pandillas como 400 Mawozo. Estas acciones han generado preocupaciones por el marco de legalidad y soberanía, al punto de que analistas y ciudadanos en el exterior han señalado los límites de intervenir unilateralmente o sin un mando conjunto claro, advirtiendo sobre el riesgo de un desgaste prolongado, altos costos financieros y posibles bajas para el ejército salvadoreño.

Pasos para una posible solución

Las expectativas actuales sobre las soluciones a esta crisis multidimensional —caracterizada por el control territorial de bandas armadas, un déficit humanitario severo y una década sin elecciones— se centran en tres ejes clave de acción internacional y local:

1. Pacificación y Seguridad (Intervención y Recursos)

Existe una fuerte expectativa —respaldada por actores como el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y la Organización de los Estados Americanos (OEA)— de que la comunidad internacional aporte con urgencia los recursos económicos necesarios al Fondo Fiduciario de la ONU. El objetivo es permitir el despliegue pleno de fuerzas de seguridad y el combate directo contra las pandillas en Puerto Príncipe. De manera paralela, se insiste en frenar los flujos ilícitos y hacer cumplir estrictamente el embargo de armas de las Naciones Unidas para debilitar la capacidad de fuego de los grupos armados.

2. Acuerdos Políticos Internos y Elecciones

La postura de organismos internacionales y países vecinos como República Dominicana enfatiza que una solución sostenible debe nacer del propio liderazgo político y económico de Haití. Una vez que la pacificación lo permita, se espera estructurar condiciones mínimas para convocar finalmente a elecciones libres y transparentes, un proceso postergado durante casi diez años.

3. Asistencia Humanitaria y Estabilización Regional

Con millones de personas en inseguridad alimentaria, desplazados internos y rebrotes de cólera, se demanda agilizar los planes de respuesta de la ONU —que solicitan cientos de millones de dólares— para atender a la infancia, reabrir escuelas y restaurar la salud básica. Para vecinos como República Dominicana, la expectativa es que la pacificación permita que los ciudadanos haitianos encuentren estabilidad, servicios y oportunidades en su propio territorio.

FIDEL ANTILLANO / CIUDAD CCS