“Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedir el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante cinco días en mayo de 2019”, denunció la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner (CFK), ante la arremetida en su contra por parte de algunos jueces que pretenden encarcelar.

La vicepresidenta presentó una serie de testimonios y pruebas, publicadas en la prensa, sobre las falsedades y contradicciones en el juicio en su contra por la causa conocida como Vialidad, la que calificó de lawfare (persecución judicial).

En una presentación en directo por su cuenta de redes sociales, CFK denunció la amplia campaña política y mediática y dejó en claro que la persecución no es contra su persona, sino contra el kirchnerismo, y para "disciplinar" a toda aquella dirigencia política que defienda la soberanía del país.

CFK se dirigió al país y denunció que los fiscales no le concedieron su derecho a la defensa y que cuando no hallan cómo fundamentar sus acusaciones, recurren a imputaciones hechas en otros juicios y las introducen en la última audiencia.

La vicepresidenta recordó que esta causa comenzó con una construcción ficticia de pagos con sobreprecio a obras no hechas, corrupción y otros elementos que configuraban una estafa monumental.

Reclamó que durante las audiencias, los testigos citados por los fiscales ofrecieron declaraciones que desmontan los alegatos acusadores.

Dentro del extenso dossier que presentó sobre anomalías del proceso, sobresalen asuntos vinculados a empresarios, políticos y otros actores cercanos al exmandatario Mauricio Macri (2015-2019).

Entre estos documentos hay llamadas telefónicas, mensajes en redes sociales y otros que son parte de la documentación de la causa y que supuestamente estudiaron los fiscales. CFK señaló que dichos documentos muestran un esquema de pagos con fondos públicos entre esos personajes vinculados al expresidente Macri.

Llamó la atención que los fiscales no repararan en estos hechos, lo cual también es muestra de la gran red de operaciones en su contra y que tras esta causa hay una intención política.

Expresó que en la Argentina de hoy día ya no hay partidos militares para excluir, pero en su lugar están lo que llamó “partidos judiciales”.

“Por eso utilizan el lawfare (persecución judicial), no solo para estigmatizar a los peronistas, los kirchneristas y los luchadores populares, sino también para proteger a quienes roban las riquezas del país”, denunció.

Dijo que se trata de los mismos jueces que sobreseyeron a Macri en la causa por las escuchas ilegales a los familiares del submarino ARA San Juan.

Subrayó que su condena está escrita y no le van a perdonar su posición en favor de una Argentina que tenga en cuenta al pueblo y no a los sectores privilegiados.

Alertó que la justicia en Argentina no está trabajando de manera imparcial, y acusó a Macri y a sus socios de ir contra las conquistas de los trabajadores y jubilados argentinos.

Manifestó que los fiscales no quisieron ver estos y otros hechos porque comenzaron a aparecer funcionarios del macrismo salpicados por la corrupción.

De esta manera, Cristina Fernández se enfrenta a la etapa final de un proceso judicial en su contra, que ha recibido además la condena de su pueblo, de entes, organismos, autoridades y Gobiernos internacionales, por tratarse de un proceso carente de transparencia y empañado por los vestigios del macrismo.

En un mensaje desde su cuenta oficial en Twitter el exmandatario boliviano y líder del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, denunció el ataque de lawfare al que está siendo sometida Cristina y la exhortó a mantenerse fuerte en sus convicciones y argumentos.

Mientras, el también expresidente y luchador político y social ecuatoriano, Rafael Correa, le extendió un abrazo solidario a la vicepresidenta del país suramericano

Luis Zárraga