01/04/23.- La Corte Penal Internacional (CPI) —que tuvo su origen en la Conferencia de Roma como tribunal penal internacional, bajo el panorama del derecho internacional humanitario—, a propósito de enjuiciar al presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, emitió una orden de arresto contra el alto mandatario eslavo el pasado viernes 17 de marzo de 2023, por hipotéticos procesos de secuestro y deportación de niños, que han sido calificados como crímenes de guerra.

Además del presidente Putin, fue objeto de orden de detención por parte de la CPI la consejera del Kremlin para los derechos del niño, María Alekseievna Lvova-Belova, de 38 años, cargo que ocupa desde el mes de octubre de 2021, por supuesta deportación y transferencia ilegal de niños desde territorio ucraniano ocupado por el ejército ruso después de la operación militar del 24 de febrero de 2022. Al respecto, es necesario señalar que esa operación militar se debió a la solicitud de auxilio de las autoridades de las Repúblicas Independientes de Donetsk y Lugansk del Donbass, debido al genocidio, crímenes de guerra de lesa humanidad y agresión de su población civil causados intencionalmente con ataques de misiles balísticos y bombardeos del régimen militar nazi prooccidental de Ucrania desde 2014.

Las atrocidades del régimen ucraniano contra su propio pueblo, la variedad étnica de rusos, hebreos, bielorrusos y moldavos cuenta con la complicidad y el apoyo de Estados Unidos (EE. UU.), el Reino Unido (R. U.) y la Unión Europea (UE). Estas atrocidades, incompatibles con los propósitos del estatuto de la CPI, no fueron enjuiciadas ni juzgadas, a sabiendas de que, durante nueve años, el derramamiento de sangre de gente inocente ha sobrepasado las 14.000 víctimas.

Afirmó la portavoz de Rusia en derechos de los niños, María Lvova-Belova, que:

Es estupendo que la comunidad internacional haya apreciado el trabajo que hacemos para ayudar a los niños de nuestro país, que no los dejamos solos en la zona de guerra, que los sacamos, que creamos nuevas condiciones para ellos y los rodeamos de gente cariñosa y atenta.

Cabe señalar que Rusia considera inválida la orden de detención contra el presidente Putin y la portavoz María Lvova-Belova, pues desde el punto de vista jurídico la Federación de Rusia no forma parte del Estatuto de Roma y no tiene obligaciones para reconocer la jurisdicción de la CPI (no adscrita a la ONU) que siempre está lista para ejercer la pseudojusticia por encargo como marioneta de Occidente; esto lo sostuvo, el viernes 17 de marzo de 2023, el representante de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, en la reunión del Consejo de Seguridad del organismo mundial.

Ante el entuerto jurídico de la CPI, el Comité de Investigaciones de Rusia abrió un proceso penal contra el fiscal jefe Karim Khan y los jueces que emitieron la orden de arresto contra el presidente Putin. Hoy se hace cada vez más necesario que la CPI se someta a un proceso de profilaxis jurídica, para abordar el dilema de lo que es justo y no lo es.

J. J. Álvarez