25/04/23.- Primero se intentó ocultar que había funcionarios del Cicpc presuntamente involucrados en el asunto y luego, en pleno proceso, renunciaron dos de los fiscales que llevaban el caso.

Nadie sabe por qué, pero el caso sufrió un frenazo estruendoso. Tan bien que iba, o por lo menos eso es lo que aparentaba. Ya incluso habían agarrado a tres de los supuestos participantes y tanto el director del Cicpc como el fiscal general se habían pronunciado en torno al caso y habían dado detalles de la forma en que supuestamente ocurrió el feminicidio.

Entonces, de repente, comenzó a sonar el nombre de un supuesto funcionario del Cicpc como involucrado en el hecho… Pero sonaba era en las redes sociales, mas no, ni de sopetón, en el ámbito oficial.

De ahí en adelante reinó el silencio más sepulcral de todos los silencios. Tan fuerte fue —y lo sigue siendo— que ni siquiera las organizaciones defensoras de los derechos humanos o las feministas defensoras de los derechos de la mujer han tocado más nunca el tema.

Como contraparte, han comenzado a salir, por las mismas redes, porque oficialmente continúa el mutismo, aspectos privados que nada tienen que ver que el hecho investigado. Es decir, no sirve de nada ahondar en quién era la víctima, si estaba o no empatada con un jefe de la Medicatura Forense de Bello Monte, organismo donde ella trabajaba, si era o no prepago, si consumía o no drogas, si se vestía mal o bien o si trataba mal o bien a su hija. Nada de eso ayuda ni aporta lo más mínimo a la investigación iniciada. Y quién —o quiénes— han dejado correr o colar especies como esta a través de las redes, algo buscan; eso no es gratuito. ¿Acaso "vendiendo" una mala imagen de la víctima —porque es indudable que ella fue la víctima— se pretende justificar su muerte, o que la colectividad sienta una especie de repudio o animadversión hacia la infortunada? ¿O acaso la campañita de descrédito fue impulsada por alguien desde el "poder" que, con ella, pretende encubrir al verdadero responsable, si es que el funcionario tiene alguna responsabilidad? Nunca se sabrá cuáles son las verdaderas intenciones.

Lo que sí parece es que de ser cierta la tesis de que hay otro funcionario metido en el asunto, este no puede ser un funcionario cualquierón, un agente de bajo rango. Diría mi mamá que "ni de chiripa". No. De haber una mano pelúa detrás del asunto, tiene que tratarse de alguien con mucho poder.

En una primera instancia, hubo tres detenciones y posteriormente se produjeron otras dos, incluyendo el exjefe de Homicidios de la Delegación del Cicpc de La Guaira, comisario Alexander Ventura, a quien dictaron orden de detención y se entregó a comienzos de abril, por el presunto delito de encubrimiento, es decir, estaba en conocimiento de algo —o de todo— y no lo denunció, así como por omisión intencional de los hechos ocurridos en un sector de playa Los Ángeles, parroquia Naiguatá del estado La Guaira.

En el ínterin del misterio que arropó el caso se conoció de la renuncia de los fiscales 47 y 82 nacionales en materia de femicidio, previamente designados para investigar el caso del feminicidio de Nazareth Marín. Quedó a cargo de la investigación solo la fiscal 47 auxiliar, Franyelis Rivas Barboza. De esto se enteraron los familiares porque fueron al Ministerio Público a indagar cómo avanzaban las investigaciones.

El Ministerio Público solo cuenta con 45 días para entregar el acto conclusivo con respecto al caso. Obvio que la renuncia, en pleno lapso, de dos de los principales investigadores paraliza el caso, pues los nuevos que designen deberán primero empaparse de todo lo que se ha hecho o se ha dejado de hacer. ¿Fue adrede? ¿A quién beneficia —o a quién perjudica— la renuncia de las fiscales? Es difícil saber. Debieron, por lo menos, y en honor a la transparencia, haber aclarado las razones por las cuales renunciaron. Como dicen en el seno del pueblo: "Hay que, por lo menos, cuidar las formas".

Nazareth Marín se encontraba desaparecida desde la tarde del domingo 19 de marzo, cuando compartía con conocidos en la playa Los Ángeles "D". Su cadáver fue localizado el pasado jueves 23 de marzo en una playa del sector Mare Abajo de La Guaira. La necropsia realizada al cadáver de la víctima en la morgue de Bello Monte arrojó como causa de muerte una asfixia mecánica por compresión extrínseca al cuello.

Por el caso están privados de libertad Derwin Jesús Ruiz Mujica (22), Keny Robert Díaz Evier (41) y Miller Andreína Ochoa Sequera (31), así como el detective del Cicpc, Keisler Josué Pérez Martínez (27) y el comisario Alexander Ventura.

Wilmer Poleo Zerpa