28/04/23.- Cada vez que dentro de cualquier organización se plantea realizar una inversión de largo plazo, es decir, ejecutar los planes que involucran magnitudes importantes de recursos y cuya adopción tendrá impactos en varios ejercicios económicos, es lo que se conoce en el mundo de las finanzas corporativas como decisiones del presupuesto de capital.

Se acostumbra, por parte de los directores o gerentes financieros, cuando se desea efectuar este tipo de inversiones, antes de adoptar estas decisiones que implicarán desembolsos financieros de magnitudes considerables, realizar lo que se denomina en el mundo empresarial y de los negocios un estudio de factibilidad financiera y económica de los proyectos en cuestión.

En cada uno de ellos se analizan y determinan las factibilidades de distinta índole, a saber: de mercado, la técnica y de ingeniería, la financiera y la económica.

En primer término, se determina si existe una demanda insatisfecha y se contrasta la oferta del bien o servicio con la demanda actual y potencial, justificando así llevar adelante el negocio.

En lo subsiguiente se verifica si se cuenta con las posibilidades técnicas y de procesos (estudio de ingeniería) para poder materializar la producción o prestación del servicio. Luego se procede al análisis financiero, a la cuantificación y contabilización de las estimaciones y los pronósticos de los ingresos, costos y gastos asociados, para determinar las cifras de utilidades y beneficios del proyecto.

Por último, con base en las cifras arrojadas por el estudio financiero, y mediante la aplicación de los métodos o técnicas de evaluación y la simulación y análisis de sensibilidad, se determina la factibilidad económica del proyecto en consideración.

Ahora bien, las dos técnicas del presupuesto de capital más utilizadas y de mayor difusión académica y en el mundo empresarial son las denominadas Cálculos del Valor Actual Neto (VAN) y de la Tasa Interna de Retorno (TIR), cuyos acrónimos en inglés se corresponden con NPV (Net Present Value) e IRR (Internal Return Rate).

Enumeraremos seguidamente los elementos o parámetros básicos e imprescindibles para aplicar ambas técnicas. A saber, serían: el número de años de vida del proyecto, el monto de la inversión inicial requerida, la tasa de descuento (el costo de capital (K) o la tasa que se le cobra al proyecto por requerir financiamiento) y la determinación de los flujos incrementales de efectivo. Puede ocurrir que un proyecto en particular genere economías o ahorros en los desembolsos de efectivo al mejorar la eficiencia y la productividad en las operaciones, y de esta forma se consigue disminuir las erogaciones que a su vez originan incrementos de los saldos netos de efectivo, lo cual avala la factibilidad el proyecto.

Para calcular el VAN se resta el monto de la inversión inicial de la sumatoria de los saldos de efectivos anuales descontados individualmente (actualizados) a la tasa del costo de capital (K). Esa diferencia, si es mayor que cero, indica que debemos aceptar el proyecto.

Por el contrario, si al deducir de la sumatoria de los saldos de efectivo la inversión inicial y la diferencia resulta con signo negativo, nos indica que deberá rechazarse el proyecto, pues no se incrementa el valor, ya que la inversión supera la cantidad de flujos incrementales que genera el proyecto. Vale destacar que el VAN proporciona un valor absoluto.

En cuanto al TIR, consiste en el cálculo de una tasa, un retorno o porcentaje que haga el valor del VAN igual a cero, cuya interpretación se traduce en que cualquier tasa interna del proyecto que supere el costo de capital (K) implicará aceptar el proyecto, y si la tasa de retorno del mismo es inferior al costo de capital (K), significa que el proyecto no rinde lo suficiente para pagar el costo del financiamiento y en consecuencia se debe rechazar. El TIR es un valor relativo o porcentual, es una tasa.

Cabe dejar como inquietud que estos modelos económicos financieros no son útiles para valorar proyectos de naturaleza social o comunitarios, donde los criterios no son los incrementos del valor actual neto o de la tasa interna de retorno, sino que buscan brindar mejor educación, salud o seguridad, mejorar servicios de suministro eléctrico o de agua potable para las comunidades.

No solo la rentabilidad y las utilidades son los indicadores para justificar hacia dónde dirigir y canalizar el producto social para invertir en proyectos. También deben considerarse factores de orden político, sociológico, cultural, educativo o antropológico para orientar la selección de los proyectos de inversión social.

Héctor E. Aponte Díaz

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