11/05/2023.- Qué bueno es ver las acciones y la diligencia que ha emprendido el Ministerio Público en el procesamiento de las denuncias que han realizado, en su mayoría por redes sociales, algunas personas adultas mayores que han sido víctimas de violencia física y patrimonial en distintas partes del país.

En los últimos tiempos han sido numerosas las denuncias que se han hecho públicas a través de las cuentas oficiales del Ministerio Público y del propio fiscal general de la República, donde se deja en evidencia el maltrato físico y violento, en unos casos, y el despojo de sus bienes, en otros, por parte de personas inescrupulosas, sorprendentemente familiares en algunas circunstancias, que los dejan en situación de vulnerabilidad extrema.

No da menos que indignación ver y saber que existe gente capaz de abusar de este modo de ellos y ellas, quienes merecen, por el contrario, todo nuestro respeto y consideración, fundamentalmente por humanidad, por entender que aunque envejecer no es una enfermedad, es cierto que como proceso biológico con incidencia en lo psicológico y social compromete las capacidades funcionales de las personas, haciéndolas más vulnerables al entorno. Es nuestro deber portarnos como esperamos que lo hagan con nosotros, porque como dice el dicho: "Para allá vamos todos".

Pero esta consideración también deviene por exigencia de la ley. Es oportuno recordar que en Venezuela tenemos una que protege y garantiza el respeto a la dignidad humana de las personas adultas mayores, la Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores, que las reconoce como sujetos plenos de derecho, con dignidad y autonomía para ejercer sus derechos y garantías en condiciones de igualdad y no discriminación.

Culturalmente, se atribuye a la edad mayor, después de sesenta años, una incapacidad de obrar, de la que se aprovechan los inescrupulosos para violentar los derechos de este sector de la sociedad, los patrimoniales en especial, haciéndose indebidamente de sus bienes, rentas, entre otros, y en muchas ocasiones con el falso alegato de querer protegerlos.

Por ello, a razón de la ley todas las personas adultas mayores tienen derecho a su autonomía e independencia. El Estado, con la participación de las familias y la sociedad, garantiza este derecho mediante la asistencia y tratamiento especializado, necesarios por los cambios asociados al envejecimiento y la pérdida progresiva de la capacidad física, psíquica o intelectual, que requieren atención y ayuda para la realización de las actividades de la vida diaria. En consecuencia, deberán en todo caso respetar su autonomía en la toma de decisiones y actos jurídicos de forma libre y consciente.

Es tal la protección que en caso de la comisión de un hecho punible contra la vida o integridad personal de un adulto o una adulta mayor, por parte de quien, en razón de su empleo, oficio, profesión o cargo, se encuentre al cuidado de él o ella, se le aplicarán las sanciones correspondientes tipificadas en las leyes penales y serán elevadas en un tercio de la pena.

Tras la indignación, debe reconfortarnos entonces que existe un marco legal que los ampara y que nos conmina a participar como ciudadanía activa y con deberes ante estos temas. Aunado a ello, la forma en que se ha venido atendiendo las denuncias recientes pone de manifiesto el papel garante y protector del Estado.

Carlos Manrrique