22/05/23.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la mañana del lunes que, a partir de las próximas 72 horas suspende el cese al fuego con el Estado Mayor Central de las disidencias de la antigua guerrilla de las FARC (EMC-FARC) por el asesinato de cuatro menores de edad en el departamento de Putumayo. Así lo dio a conocer en un comunicado publicado en la cuenta Twitter del jefe de Estado colombiano.

“Se informa que el cese bilateral que había actualmente con este grupo armado en los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo se suspende y se reactivan todas las operaciones ofensivas”, se puede leer en el comunicado.

Comunicado a la opinión pública sobre el cese al fuego con el EMC-FARC. pic.twitter.com/Wunu8xIQuT

— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 22, 2023

Los menores de edad pertenecían a la comunidad Guaquira, y de acuerdo con un reporte de Indepaz, el 15 de mayo lograron escapar de los hombres armados que los habían reclutado. Dos días después, el 17 de mayo, los volvieron a retener forzosamente para ajusticiarlos en la comunidad de Los Estrechos, en Solano, Caquetá, en plena frontera con el departamento de Amazonas.

"Rechazamos enfáticamente esta conducta criminal del Frente Carolina Ramírez del EMC-FARC que desconoce el DIH y constituye un atentado a la paz", enfatizó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz a través de un comunicado.

#Atención 🚨| Comunicado: El exterminio de los pueblos indígenas por las violencias armadas y la injusticia estructural debe parar. pic.twitter.com/JocZNkO9IU

— Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) May 21, 2023

Petro aseguró el sábado, que el asesinato de estos cuatro menores es "un crimen atroz, una bofetada a la paz que violenta las bases del Derecho Internacional Humanitario".

Continúan las operaciones ofensivas

El Ejecutivo colombiano resaltó en el comunicado que se "reactivarán todas las acciones ofensivas" en los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, zonas en el centro y suroccidente del país, que históricamente han sido golpeadas por el conflicto.

En ese sentido, el mandatario señaló que las actuaciones de la fuerza pública serán realizadas “bajo el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”.

El Gobierno de Colombia agregó que el mecanismo de monitoreo del cese al fuego convocó a los delegados del EMC-FARC, pero que estos "se excusaron de asistir".

A mediados de abril el EMC-FARC anunció su disposición para instalar una mesa de diálogo con el Gobierno para iniciar las conversaciones de paz.

El gobierno de Petro asegura que mantiene su intención de dialogar pero hasta ahora no se había concretado una fecha para su inicio. Sin embargo, antes de conocerse esta masacre, anunció que daría a conocer los nombres de la delegación que haría parte de la mesa de diálogo con este grupo disidente "para iniciar de manera perentoria" la fase de diálogos.

El Gobierno aseguró que en esa mesa de diálogo se propondría fortalecer "el cese de hostilidades" con carácter territorial.

El EMC es una de las dos facciones disidentes de las FARC y está conformado por antiguos dirigentes y combatientes que no aceptaron el acuerdo de paz, que permitió en 2016 la reincorporación a la vida civil de 13.000 excombatientes que conformaron un partido político y recibieron 10 escaños en el Congreso.

El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, suspendió a comienzos de marzo las órdenes de captura contra unos 20 miembros del EMC, lo que facilitó una reunión de los líderes del EMC en los Llanos del Yarí, en donde acordaron la instalación de la mesa de diálogo.

Disidencia niega su responsabilidad

El grupo disidente EMC-FARC, negó tener responsabilidad en el ataque que provocó la muerte de los cuatro menores en el departamento del Putumayo, un acto que este lunes el presidente Gustavo Petro calificó de “asesinato” y atribuyó al Frente Carolina Ramírez del EMC.

Sin referirse directamente a la muerte de los menores, el EMC afirmó que los hechos por los que se los acusa “nunca” fueron verificados y señalaron que en Caquetá, Meta y Guaviare “no ha habido combates de ningún tipo, extorsiones o ajusticiamientos”.

La Defensoría del Pueblo de Colombia informó que los cuatro menores son miembros de la comunidad indígena Murui, y señaló que su muerte se habría producido luego de haber desertado de las filas de un grupo armado ilegal en el sector El Estrecho, del municipio de Solano, en el departamento de Caquetá. Las víctimas, según la Defensoría, habrían sido reclutadas “forzosa e ilegalmente” en la zona rural de Leguízamo, Putumayo, por el Frente Carolina Ramírez de la disidencia.

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, instó al Estado a brindar “inmediatamente” protección, acompañamiento y asesoría a las cuatro familias de las víctimas en el departamento del Putumayo, quienes manifestaron que se sienten en riesgo por posibles represalias del grupo armado.

Petro recalcó que la decisión de poner fin al cese del fuego se tomó “después de escuchar a delegados de las comunidades y del Consejo Extraordinario de Seguridad y debido a la grave violación del Derecho Internacional Humanitario por parte de esta organización al margen de la ley, sumado a otros hechos que generan incertidumbre y zozobra en la población”.

EYLEEN BARAZARTE / CIUDAD CCS