23/05/23.- La crisis que estalló en Sudán el pasado 15 de abril de este año ha dejado desde su inicio más de un millar de muertos y 3.700 personas heridas. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reveló que más de 860.000 personas podrían huir de Sudán y dirigirse a países vecinos producto de los enfrentamientos entre el Ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FSR o FAR).

La actual problemática que enfrenta el país ubicado en el norte de África comenzó con la destitución del exmandatario sudanés, Omar al Bashir, quien gobernó por 30 años, hasta que, en abril de 2019 fue derrocado tras un golpe de Estado perpetrado por un sector de las Fuerzas Armadas de Sudán lideradas por el entonces ministro de Defensa y vicepresidente, Ahmed Awad Ibn Ouf.

Antes de eso, en diciembre de 2018, miles de ciudadanos iniciaron una serie de protestas cuando el gobierno de al Bashir autorizó el incremento en casi 300% del precio del pan y otros productos básicos, en un contexto de escasez y profunda crisis económica.

De acuerdo con el multimedio internacional Telesur, esas manifestaciones rápidamente tomaron un viso político en contra de la figura de al Bashir, y miles de ciudadanos concentrados frente al cuartel general de las fuerzas armadas en Jartum (capital sudanésa) exigieron su destitución.

Según los datos de activistas de derechos humanos, durante este período 60 manifestantes murieron, cientos resultaron heridos y miles fueron detenidos.

El exmandatario era objeto de dos órdenes de captura de la Corte Penal Internacional (CPI). En 2009, la CPI lanzó una orden de captura contra al Bashir por "crímenes de guerra y contra la humanidad" en Darfur, región del oeste de Sudán afectada por una ola de violencia.

Todo como consecuencia de una guerra civil, entre 1983 y 2005, que dividió a Sudán y dio paso a la creación de Sudán del Sur en 2011. En este conflicto, el más prolongado en el continente, cientos de miles de personas de ambos bandos perdieron la vida.

Solo en la región de Darfur, se registraron unas 300.000 muertes y miles de violaciones a mujeres y niñas, según datos de la ONU. Hasta el momento de su destitución, al Bashir negaba las acusaciones en su contra por estos crímenes.

Intereses externos en Sudán

Al ocurrir la división de Sudán, en 2011, la región geográfica del norte, gobernada por Omar al Bashir, quedó con la mayoría de yacimientos de petróleo, además, bajo la influencia de empresas asiáticas, principalmente de China, país con el que se había estructurado el desarrollo conjunto de hidrocarburos, refiere Telesur.

Según este medio internacional, este contexto puso en evidencia el claro interés de Estados Unidos por desestabilizar el gobierno del derrocado al Bashir, quien desde principios del siglo, mantuvo tensas relaciones con los países de Occidente, sobre todo con el país norteamericano.

Por otro lado, en diciembre de 2018, el depuesto Omar al Bashir sostuvo un encuentro con el mandatario sirio Bashar al-Asad. Según medios gubernamentales esta reunión despertó fuertes suspicacias en el régimen sionista de Tel-Aviv.

De hecho, medios israelíes aseguraron que el primer ministro Benjamín Netanyahu quería “normalizar” sus relaciones con ciertos países árabes y africanos, como Baréin y el propio Sudán, no obstante, el posible alineamiento con Siria era contraproducente.

Para entonces, se agudizaba la crisis en Siria que también sufría un aislamiento constante. La visita de al Bashir a Damasco se convirtió en una señal de alarma tanto para Israel como para Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos (por entonces aliados de Estados Unidos), sobre todo, tomando en cuenta que el derrocado al Bashir y al-Assad, durante su reunión denunciaron la injerencia extranjera en sus asuntos internos.

Conjuntamente, el medio iraní HispanTV, reseña que la inteligencia de Sudán sostenía la opinión de que los disturbios que azotaron al país africano y que provocaron el derrocamiento de al Bashir habían sido organizados por el régimen de Israel y ciertos Estados occidentales, encabezados por Estados Unidos.

Es necesario hacer referencia a la intervención de Sudán por parte de las Naciones Unidas y Estados Unidos en 2007, cuando el país estaba sumido en una violenta guerra civil, que condujo a la posterior división territorial en 2011. Dicha intervención propició el control estadounidense de lo que ahora se conoce como Sudán del Sur. Esta división agravó la crisis económica, política y social de ambas regiones.

Transición y rechazo a un gobierno militar

Cabe destacar que en abril de 2019, durante la situación coyuntural que derivó en el derrocamiento de al Bashir, Estados Unidos, Reino Unido y Noruega emitieron un comunicado conjunto en el que llamaban a una transición del poder pacífica en el país africano.

"El no hacerlo conlleva el riesgo de causar mayor inestabilidad. El liderazgo sudanés tiene la seria responsabilidad de evitar tal resultado", rezaba el documento.

Tras el golpe de Estado contra al Bashir, quien había gobernado la nación africana desde 1989, el Ejército de Sudán, encabezado por el ministro de Defensa y vicepresidente Ahmed Awad Ibn Ouf, anunció a través de la cadena estatal de radio y televisión, Sudán TV, la caída del régimen y declaró Estado de Emergencia por tres meses, cierre de frontera y del espacio aéreo por 24 horas, así como la suspensión de la Constitución redactada en 2005. Además, tomó el control de la transición política por dos años para llamar a elecciones y apresó al presidente depuesto.

Sin embargo, pronto, grupos radicales asumieron una postura contraria a esta decisión. Así surgieron las autodenominadas Fuerzas de la Declaración de Libertad y Cambio, una coalición de supuestos grupos de la sociedad civil, que denunció a través de un comunicado el "inaceptable golpe de Estado interno y militar” perpetrado por el Ejército, refiere el multimedio Telesur.

El medio iraní HispanTv, en cuanto a este asunto refirió que Ahmed al-Montasser, un portavoz de la Asociación de Profesionales de Sudán (SPA, por sus siglas en inglés), que estuvo en la organización de los actos de protesta masivos contra al Bashir, manifestó en ese momento, que la toma del poder por los militares era inaceptable.

Sin embargo, pocos días después del golpe de Estado, las protestas lideradas por la SPA se intensificaron, y el entonces encargado del Consejo Militar de Transición y ministro de Defensa de la administración de al Bashir, Ahmed Awad Ibn Auf, renunció a su cargo para cederlo al teniente general Abdul Fatah al Burhan Abdul Rahman.

Las manifestaciones civiles no terminaron allí; los ciudadanos se oponían a un gobierno militar. La posición de la SPA era clara: rechazó la formación del Consejo Militar de Transición que pretendía conducir los destinos de Sudán por los próximos dos años.

De manera que en medio de las protestas reprimidas fuertemente por el gobierno militar que causó decenas de muertes, el Consejo Militar de Transición y la principal coalición de grupos civiles y partidos de oposición, las Fuerzas de Libertad y Cambio (FLC), acordaron en mayo de 2019 una transición de tres años, donde además se conformaría una nueva Asamblea Legislativa de 300 miembros en la que las FLC tendrían una representación del 67%. Asimismo, confirmaron que el denominado Consejo Soberano, gobernaría Sudán hasta la convocatoria de elecciones, así como las de los ministros y el Poder Legislativo.

Días antes de anunciar esta serie de acuerdos, ambas partes establecieron las facultades del nuevo gobierno de transición nacional y la entrega del expresidente Omar Hassán al Bashir al Tribunal Penal Internacional (TPI).

Un Gobierno civil

Tras el acuerdo anunciado por la Junta Militar y la oposición de Sudán, las manifestaciones se intensificaron para exigir la instauración de un gobierno civil que respetara los derechos de los ciudadanos.

En ese sentido, los trabajadores convocaron varias huelgas y protestas masivas que fueron reprimidas con violencia, causando aún más muertes.

Ante esa situación la plataforma opositora FLC acusó a la Junta Militar de “golpista y asesina” por las “masacres sangrientas” en contra de los civiles sudaneses. De modo que la alianza opositora, que solicitaba el traspaso inmediato del poder a un gobierno civil, suspendió las negociaciones con el Consejo Militar de Transición. Al mismo tiempo, se declaró en desobediencia civil hasta que no se cumpliera con lo que exigía.

Por su parte, el Consejo Militar de Transición suspendió todos los acuerdos con la FLC e informó sobre unas elecciones generales que se celebrarían en nueve meses. No obstante, la coalición opositora no aceptó el llamado a elecciones, al tiempo que acusaba a la Junta Militar de “matar, herir y humillar” a los manifestantes, por lo que aseguraron que se mantendría la desobediencia hasta que finalmente se estableciera un gobierno de civiles.

Nuevos acuerdos y nuevo intento de golpe de Estado

Aunque las fuerzas opositoras a la Junta Militar que lideraba la transición política en Sudán habían rechazado varias veces un posible diálogo, en medio de protestas y muertes de civiles, y tras la suspensión de Sudan de la Unión Africana por no cumplir con el requisito de un gobierno civil, en julio de 2019 la FLC y el Consejo Militar de Transición llegaron a un nuevo acuerdo.

La confederación africana y los mediadores de Etiopía invitaron a los generales gobernantes y a los líderes de las protestas de Sudán a reanudar las conversaciones, mientras buscaban un avance en la creación de un nuevo órgano de gobierno para el país.

Así, el 5 de julio de 2019, a escasos meses del golpe de Estado que destituyó a Omar al Bashir, las partes involucradas en el conflicto de Sudán acordaron la instauración de un Consejo Soberano con una alternancia entre militares y civiles durante un período de tres años o menos; asimismo, tres días después fue disuelto el Consejo Militar de Transición para encausar los acuerdos alcanzados entre las autoridades castrenses y los civiles. Entre lo acordado resaltaron que los primeros 18 meses el país sería conducido por la facción militar para dar lugar al sector de los civiles para el tiempo restante.

Los nuevos aires de paz que respiraba el país africano fueron sacudidos por un intento de golpe de Estado organizado por un grupo de oficiales que intentaron poner fin a los acuerdos entre la junta castrense y las FLC. Sin embargo, este intento fue frustrado y fueron apresados 12 efectivos militares. El 17 de ese mismo mes, el Consejo Militar y la oposición firmaron el acuerdo para la transición política.

El 17 de agosto del mismo año, representantes de las partes suscribieron un acuerdo de principios sobre la declaración constitucional que delimitó los poderes durante el período de transición y cuatro días después designaron como nuevo jefe del Consejo Soberano de Sudán al general Abdel Fatah Al Burhan, y como primer ministro a Abdalá Hamdok, quien más adelante firmó un acuerdo con Estados Unidos para la normalización de las relaciones entre Sudán e Israel, en un acto protocolar al cual asistió el Secretario del Tesoro de Estados Unidos para ese momento, Steven Mnuchin.

En el evento Mnuchin felicitó a las autoridades sudanesas por "dar pasos firmes" que llevaron al país africano a su eliminación de la lista de países patrocinadores del terrorismo.

Mientras tanto, el depuesto al Bashir transitaba un juicio en el que más adelante fue condenado con dos años de cárcel por los cargos de los que se le imputó.

Otro golpe de Estado activa las protestas

En septiembre de 2021 fue frustrado un intento de golpe de Estado contra el gobierno de transición liderado por el primer ministro Abdalá Hamdok. Aunque lograron detener a los responsables, en octubre del mismo año, el jefe del Consejo Soberano de Transición, Abdelfatá al Burhan, informó la decisión de disolver tanto este organismo como al Ejecutivo y recalcó que, no obstante, la Junta Militar sería la autoridad legítima del país africano. En ese sentido, el proceso de transición quedó nuevamente suspendido. Durante la irrupción también fue apresado el premier Hamdok.

A raíz de ello, miles de civiles volvieron a las calles de Jartum, la capital de Sudán, así como otras ciudades para rechazar el golpe de Estado. Durante las manifestaciones la represión volvió a ser la causa de decenas de ciudadanos heridos, enfrentamientos y nuevas muertes. En tanto que la Asociación de Profesionales Sudaneses (APS) retomó la organización de las protestas y llamó nuevamente a una desobediencia civil.

A poco de finalizar el año 2021, tras un acuerdo con la coalición dirigida por los militares, Hamdouk volvió a gobernar y a presidir la transición, y reordenó las bases para administrar nuevamente el país, aunque las protestas contra el golpe de Estado seguían escalando. Finalmente, en enero de 2022, Hamdok renuncia a su cargo en medio de la represión y las manifestaciones.

“Anuncio mi dimisión del puesto del primer ministro para dejar la oportunidad a un hijo o hija de esta patria generosa para liderarla y dirigirla durante lo que queda del período de transición hacia un Estado civil y democrático”, dijo Abdalá Hamdok.

La comunidad internacional y las Naciones Unidas se pronunciaron en contra de esta irrupción que empezó a generar grandes desplazamientos de sudaneses hacia los países vecinos, además de una aguda crisis económica. En ese contexto, la Unión Africana volvió a suspender a Sudán por el desequilibrio político que presentaba.

No obstante, tras un largo período de diálogo político durante el año 2022, a finales de este, una vez más las fuerzas militares gobernantes encabezadas por Abdel Fattah al-Burhan firmaron un acuerdo con la coalición opositora Fuerzas de la Libertad y el Cambio con miras a implementar el retorno a la constitucionalidad tras el golpe de Estado ejecutado a finales de 2021.

Por otro lado, los enfrentamientos entre comunidades, principalmente por el acceso a los recursos y su control, en las regiones de Nilo Azul, Darfur Occidental y Kordofán Occidental ocasionaron la muerte de más de 900 personas, así como 1.100 heridas y otras 300 mil desplazadas. En un documento presentado por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA, por sus siglas en inglés), se recalcó que también afectaban enfermedades fuertemente contagiosas como paludismo, dengue y malaria.

Surgimiento de las Fuerzas de Apoyo Rápido

Las Fuerzas de Apoyo Rápido son un grupo paramilitar que antes estaba operado por el Gobierno de Sudán (FSR o FAR). En 2017, el país aprobó una ley que reconoce a las FSR como agencia de seguridad independiente. Actualmente, es operado por el exvicepresidente del Consejo Soberano, Mohamed Hamdan Dagalo, alias "Hemedti".

Después del golpe de Estado de 2021 contra el gobierno de transición de Abdalá Hamdok, Dagalo y el jefe del Ejército, Abdel Fattah, al-Burhan, eran los dos generales con mayor peso que conformaban el Consejo Militar que gobernaba Sudán.

La rivalidad entre ambas autoridades castrenses se hizo evidente después de abril de 2019, cuando fue depuesto el presidente Omar al Bashir, que había gobernado el país durante tres décadas.

Un conflicto desatado entre poderes

El conflicto que desencadenó los más recientes enfrentamientos se deben a la discordancia que existe entre las fuerzas que lideran los generales Abdel Fattah al-Burhan y Mohamed Hamdan Dagalo. Es decir, el Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido. Los dos generales no estaban de acuerdo sobre la dirección que estaba tomando el país y la transición propuesta hacia un gobierno civil.

El 12 y 13 de abril las Fuerzas Armadas de Sudán exigieron a las FSR salir de Merowe, una ciudad localizada al norte de Jartum. Sin embargo, la petición fue rechazada y, en cambio, el 15 de abril, día en que estallaron los combates entre ambas fuerzas, las FSR acusaron al Ejército de haber atacado su base en Jartum utilizando "todo tipo de armas" y anunciaron la toma del Palacio de la República (sede de la Presidencia), el aeropuerto de la capital y la base aérea de Merowe, señala el portal de noticias Sputnik.

Las Fuerzas Armadas de Sudán, por su parte, en un comunicado condenaron las declaraciones de las Fuerzas de Apoyo Rápido que amenazaron con apoderarse de todas las instalaciones estratégicas, aunque estas estaban bajo control del Ejército. También informaron que las Fuerzas de Apoyo Rápido atacaron primero y afirmaron que el despliegue de las FSR en Jartum y varias ciudades era "ilegal y tuvo lugar sin el acuerdo ni la coordinación de las Fuerzas Armadas".

Mientras tanto, si bien Dagalo envió un mensaje a las Fuerzas Armadas reiterándoles el llamado a sumarse a la “voluntad popular para defender la democracia y al pueblo sudanés", el dirigente de las FSR subrayó que seguirían persiguiendo a Burhan y "lo llevarían ante la justicia". Acusó al jefe militar del país de ser "un mentiroso y un hombre que quiere destruir Sudán".

Ese mismo día circularon en redes sociales imágenes de hombres leales al general Mohammed Hamdane Dagalo asaltando el aeropuerto. Y, a pesar de que las FSR afirmaron que habían tomado el control de la residencia presidencial, el portavoz del ejército sudanés lo desmintió.

Hasta el momento, aunque la ONU y otras organizaciones mundiales han intervenido para que no se extienda el conflicto y se retome la transición política, las partes involucradas solo han llegado a acuerdos relacionados con el alto al fuego.

Las consecuencias han sido devastadoras para la población civil que quedó atrapada en el fuego cruzado. Cientos de personas han muerto, muchas más quedaron heridas y cientos de miles han sido desplazadas. Aunado a ello, los centros de salud se han convertido en blanco de ataque, y el costo de alimentos, combustibles y otros artículos básicos se ha disparado, refiere Acnur en un informe publicado en mayo de 2023.

SARAH ESPINOZA / CIUDAD CCS