Autorizan a militares a usar armas contra delincuentes en Ecuador
Con el decreto los miembros de las fuerzas de seguridad no podrán ser procesados
02/06/23.- El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó el decreto 755 a través del cual autoriza a las fuerzas militares y policiales a usar sus armas contra delincuentes, liberando a los uniformados de la responsabilidad penal del uso excesivo de la fuerza.
Según el mandatario, con el decreto los miembros de las fuerzas de seguridad no podrán ser procesados ni aprehendidos por usar sus armas en su ejercicio diario, terminado así “el absurdo de que el policía debe esperar a que el delincuente le dispare o dispare a un ciudadano para actuar”, declaró Lasso.
La denominada oficialmente como Ley del Uso Legítimo de la Fuerza respalda a los uniformados y guiará a jueces y fiscales en casos de que miembros de la fuerza pública vayan a ser enjuiciados por el cumplimiento de su trabajo, argumentó el presidente ecuatoriano.
Por su parte, Wagner Bravo, secretario de Seguridad Pública, indicó que la normativa tiene entre sus principales objetivos que todos los ciudadanos conozcan cuáles son los mecanismos que tiene el Estado para usar la fuerza de manera progresiva.
“Esto no quiere decir que los uniformados vayan por ahí disparando”, aclaró Bravo y advirtió que quienes deben preocuparse por cumplir el reglamento son aquellos que cometen delitos, pues solamente el uno por ciento de la población será afectada con la aplicación de esta norma, consideró.
Asimismo, el ministro del Interior, Juan Zapata, anunció que próximamente se suscribirá un convenio con la Corte Nacional de Justicia para que miembros de la Policía Nacional puedan utilizar unas 35 mil armas incautadas a delincuentes.
Ecuador se encuentra en medio de un escenario de violencia e inseguridad, que el Gobierno atribuye a la disputa de bandas delictivas por el control del tráfico de drogas, refiere en su portal web el multimedio internacional TeleSUR.
En 2022 el país reportó 25 homicidios por cada 100 000 habitantes; la mayor tasa de su historia, por lo que expertos sugieren una estrategia a largo plazo contra la inseguridad, que incluya inversiones para el fortalecimiento de la fuerza pública y el desarrollo social.