04/09/2022.- Un trabajador muere accidentalmente, lo sepultan con su carnet de la fábrica porque era un obrero ejemplar. Cuando la viuda va a cobrar la pensión de sobreviviente, se entera de que es obligatorio presentar el carnet del difunto. Deben exhumarlo, pero los trámites son tan engorrosos que terminan haciéndolo clandestinamente. Por fin tienen el carnet, pero ahora no pueden enterrar de nuevo al muerto porque el jefe de sepultureros alega que si no hay constancia de la exhumación no puede autorizarse la nueva inhumación. El empleado del cementerio termina siendo asesinado.

Este es el argumento de una película clásica cubana de 1966, La muerte de un burócrata, del notable director Tomás Gutiérrez Alea, que muestra algo que parece ser universal: las administraciones públicas tienen fama de servir solo para complicarle la vida (y hasta la muerte) a los ciudadanos.

Y aunque así lo parezcan, las burocracias estatales no son monstruos con existencia propia, sino que están integradas por miles o millones de pequeños seres: los empleados públicos.

Según el concepto jurídico más general, un empleado público es un trabajador cuyo patrono es el Estado, a través de alguno de sus múltiples niveles (nacional, regional, municipal), organismos  y dependencias. De acuerdo a las caricaturas que se hacen de este personaje, es un hábil escapista que siempre logra no estar en su puesto cuando a uno le llega el turno ante la taquilla.

El tema viene a cuento porque el 4 de septiembre se celebra el Día del Empleado Público, fecha en la que el Gobierno nacional (principal empleador, aunque no el único) no escatima en elogios, con frases rimbombantes como “mujeres y hombres que han dedicado gran parte de sus vidas al trabajo y a contribuir al desarrollo y crecimiento de las instituciones gubernamentales a favor del país”.

En 1970 comenzó a celebrarse este día, tras la promulgación de la Ley de Carrera Administrativa y la creación de la Oficina Central de Personal (OCP), organismo que dependía directamente de la Presidencia de la República y dirigía las políticas de personal del Estado. Era, pues, la cabeza principal de un monstruo que tenía mil.

Más de medio siglo ha transcurrido desde entonces, período durante el cual la burocracia estatal ha tenido etapas de crecimiento, estancamiento y caída, al ritmo de los gobiernos y de sus políticas públicas. Por ejemplo, en aquellos años 70, los de la Venezuela saudita, se expandió la nómina de funcionarios porque había dinero en las arcas para eso y para tantos otros excesos.

Tras el Viernes Negro vino la época de las vacas flacas, pero el tema de una poda burocrática solo se tocaba en algunos discursos. En la práctica era imposible porque allí estaba buena parte de la militancia activa de los grandes partidos, y las centrales sindicales de entonces (encabezadas por la poderosa Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV) no permitían tales recortes.

Llegó el neoliberalismo de la mano del mismo presidente que había inflado las nóminas, Carlos Andrés Pérez, y uno de los mandatos era “reducir el tamaño del Estado”. Las privatizaciones convirtieron a una porción de los empleados públicos en empleados privados, pero la mayoría se transformó en masa desempleada. Y es que otro de los credos neoliberales es que el Estado es ineficiente porque tiene mucho empleado ocioso.

Pero el gobierno que arrancó con el plan de ajuste fondomonetarista, reduciendo cargos públicos, terminó con una gigantesca crisis bancaria que obligó al Estado “auxiliar” a las entidades financieras privadas. Eventualmente los trabajadores de esas empresas siniestradas terminaron convertidos en empleados públicos.

El segundo gobierno de Rafael Caldera, que se presentó inicialmente como anti-FMI, terminó ejecutando nuevas privatizaciones. Venerables empresas públicas, como la aerolínea Viasa, fueron entregadas al capital internacional. Varios de los bancos que habían sido intervenidos y estatizados fueron privatizados, igual que sus empleados. Muchos terminaron en la calle.

Desde 1999 el Gobierno del Comandante Hugo Chávez, aun antes de declararse socialista, privilegió el rol del Estado como empleador. Desde mediados de la primera década del siglo y hasta principio de la segunda, la legión de funcionarios volvió a incrementarse con la renacionalización de empresas que habían sido privatizadas y la estatización de otras expropiadas, algunas de las cuales estaban paralizadas y sus trabajadores echados al abandono.

La tendencia comenzó a revertirse de nuevo con la guerra económica interna, las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo de Estados Unidos. El Gobierno perdió su capacidad para ajustar los salarios de su personal al costo de la vida, en especial cuando se presentó el fenómeno de la hiperinflación. Miles de trabajadores del sector estatal se vieron obligados a buscar otros horizontes. Una parte de ellos se sumó a la ola migratoria propiciada por factores antinacionales. La administración pública adelgazó hasta el hueso.

En 2021, finalmente hubo un respiro y se produjo un aumento salarial, acompañado de algunos bonos. Sin embargo, los meses recientes se han complicado con una espinosa polémica acerca de tales pagos. Por primera vez en años se vio a empleados públicos manifestando por sus reivindicaciones; por fortuna sin muertos, heridos ni daños materiales. El Gobierno nacional aceptó avanzar en los pagos reclamados, mientras el Tribunal Supremo de Justicia declaró “inexistente” el documento cuestionado por los trabajadores. O sea, que dictaminó algo así como que no se puede inhumar al fulano instructivo si no hay constancia de que alguna vez haya tenido partida de nacimiento. Como para otra película.

Unos más iguales que otros

Tal como ocurre en Rebelión en la granja, la novela de George Orwell, en el universo de la administración pública todos los empleados son iguales… pero unos son más iguales que otros.

Por un lado existen diferencias entre sectores y regiones geográficas. No es lo mismo ser un maestro de escuela en Marigüitar, que un gerente medio de Pdvsa en Caracas, aunque tengan más o menos el mismo nivel de estudios y experiencia.

Hay diferencias de jerarquía, claro. No es lo mismo ser un auxiliar de tareas (eufemismo equivalente a mensajero) que asistente del vicepresidente de cualquier organismo, por modesto que sea.

Hay diferencias en el tipo de vínculo laboral: unos son fijos, amparados por algún tipo de contratación y con derecho a las prestaciones de ley; otros son sujetos que cobran por honorarios profesionales (vulgo: HP), y solo reciben un estipendio, sin prestaciones. No se sabe, en verdad, si son empleados públicos o una imitación barata.

Y hay diferencias entre los que tienen posibilidades de hacer “negocios” con la función que cumplen y los que no. Entre los primeros sobresalen los que pueden incidir en que los trámites se hagan o no y con qué rapidez. Es lamentable, pero son estos funcionarios corruptos los que hacen que –para mal y muy injustamente– mucha gente generalice y diga: “es que todos los empleados públicos son igual de matraqueros”.

CLODOVALDO HERNÁNDEZ / CIUDAD CCS