09/08/2023.- Las autoridades mostraron en una mesa todo lo incautado al grupo peligroso: cédulas, celulares y unas dos docenas de preservativos.

Cual si fueran temibles delincuentes, secuestradores, terroristas u homicidas, 33 ciudadanos fueron detenidos, llevados a un comando policial, reseñados, vejados, burlados, humillados, puestos a la orden del Ministerio Público, imputados, privados de libertad por un tribunal y posteriormente liberados, pero no de manera firme, sino gracias a medidas cautelares de presentación y, en tres de los casos, pagos de fianza.

—Pero, jefe, ¿cómo los vamos a allanar si no tenemos orden de allanamiento ni de inspección?

—¿Y tú no eres la autoridad? Allanas, me los traes y punto. Fin de la discusión.

—¿Y por cuáles delitos los vamos a traer?

—Algo encontrarás, te lo aseguro, y si no, ya veremos. Podemos ponerles, por ejemplo, ultraje al pudor, agavillamiento, evasión de impuestos, lavado de dinero, contaminación sónica o rebelión.

—Pero, jefe, ultraje al pudor no cabe porque ese no es un sitio público, sino un club privado, cerrado. Además, afuera no se oye la música, o sea, contaminación sónica tampoco cabe.

—Coooño, tú como que los estás defendiendo. No me vayas a decir que tú comulgas con esas mariqueras.

—No, jefe, yo lo que quiero es hacer bien las cosas, dentro de la ley.

—¿Y a la hora de un peo, a quién crees tú que le van a creer más?, ¿a ellos o a nosotros?

Fueron 33 detenidos, bueno, mejor dicho, 33 ciudadanos que quedaron detenidos, porque eran más, pero hubo quienes sí se bajaron de la mula y les otorgaron libertad inmediata. Otros tuvieron la dicha de ser funcionarios del gobierno regional o de algún cuerpo de seguridad o de tener un "buen padrino", por lo que también fueron beneficiados con la libertad inmediata.

Bueno, los 33 que quedaron finalmente presos, expuestos al escarnio público, vejados, humillados, fueron imputados por el Ministerio Público por ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación sónica.

Los ahora imputados, y luego liberados provisionalmente, fueron detectados, gracias a arduas labores de inteligencia, en una fiesta que se celebraba no en un lugar público, como una plaza, por ejemplo, sino en un club privado, un sauna (Avalon SPA, ubicado en la ciudad de Valencia). Por esta razón, no aplica el artículo 381, que establece expresamente pena de tres a quince meses para quien "haya ultrajado el pudor o las buenas costumbres por actos cometidos en un lugar público expuesto a la vista del público".

La mayoría de las víctimas (sí, víctimas) pertenece a la comunidad LGTBIQ+. Es probable que, cuando entró la policía (que, por cierto, lo hizo sin orden judicial alguna, es decir, violando la ley, por lo que tranquilamente pueden ser llamados delincuentes), algunos de los "peligrosos criminales" estuvieran besándose y otros tomando cervezas, oyendo música o, a lo mejor, haciendo el amor en un cuarto oscuro o masturbándose. Eso aumentó la ira de los ejecutores.

La lógica y el deber ser indicaban que los ahora imputados nunca tendrían que haber caído presos ni haber sido incriminados, pero los ejecutores de la "ley", probablemente homofóbicos en potencia, decidieron saltársela.

"El problema es que la ley como tal es manipulada por intereses propios y se utiliza a los funcionarios del propio Estado como títeres para ejecutar acciones ilegales, ilegítimas, por intereses propios o de índole propagandística", dijo la tía Felipa, en medio de su furia, tras enterarse de la detención de los 33 ciudadanos.

Las actuaciones de la policía y las posteriores imputaciones del Ministerio Público no tienen nada que ver con la inteligencia artificial. No se trata de un error. Quienes lo hicieron eran funcionarios de carne y hueso, aunque usted no lo crea. Y lo hicieron sin el menor asomo de vergüenza. Y obvio es que no hay arrepentimiento. Hasta hicieron circular por las redes sociales sus fotografías, sus nombres y profesiones. Una imagen pone los pelos de punta, pues mostraba, en una mesa, las cédulas de los peligrosos imputados, pero no había armas, fusiles ni granadas. No. Solo había unas dos docenas (sí, unas dos docenas) de condones. Sí, condones, preservativos. ¡Imagínense qué peligro!

Lo bueno, en medio de tanto desastre y de tantas violaciones a la ley y a los derechos humanos, es que el fiscal general declaró públicamente días después que el Ministerio Público estaba investigando y que iban a solicitar el sobreseimiento de la causa.

Lo malo es que nada dijo de las violaciones y delitos (sí, delitos) cometidos por los funcionarios actuantes, los cuales ameritarían no solo su destitución inmediata, sino su procesamiento penal. Allí habría que meter la lupa, además de en el cuerpo policial, también en las Fiscalías 5.^a y 28.^a de Carabobo, que fueron las encargadas del procedimiento y de elaborar las imputaciones.

A decir de uno de los abogados de las víctimas, el local Avalon Spa lleva tres años operando en ese lugar y cuenta con todos sus papeles en regla, sus empleados tienen sus exámenes al día y poseen permiso de expendio de licores, por lo que no se justifica el allanamiento ni mucho menos que se haya solicitado la confiscación del local. Otra irregularidad para la lista.

Wilmer Poleo Zerpa