17/08/23.- En aras de atender denuncias por estafas inmobiliarias y desalojos forzosos, la Subcomisión de Vivienda y Desarrollo Urbano viene articulando con organismos competentes para solucionar estos incidentes ante el parlamento, así lo informó el diputado Rigel Sergent, El presidente de la Subcomisión de Hábitat y Vivienda de la Comisión Permanente de Administración y Servicios,

Explicó el parlamentario, que la tarea es cumplir con los preceptos constitucionales, leyes relacionadas a la materia y el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional (AN).

Representantes de la Sociedad de Educación Paulina trajeron a la mesa de la reunión ordinaria de la instancia parlamentaria, un informe donde desmienten la presunta estafa inmobiliaria en el urbanismo "San Vicente Gardens", ubicado en el estado Lara.

Estos ciudadanos, en dicho informe, hicieron saber que representantes de la construcción del desarrollo urbanístico mencionado paralizaron la obra argumentando el bloqueo económico y financiero que atraviesa el país.

En ese sentido, piden ante la subcomisión un tratamiento adecuado para la constructora, alegando que no se trata de una estafa inmobiliaria porque estos se comprometieron a culminar la obra y entregarla a sus propietarios una vez finalizada.

De igual manera, los representantes de la instancia legislativa recibieron a representantes de la comunidad organizada "Primera Combatiente Cilia Flores", quienes presentaron un proyecto habitacional para la parroquia Miguel Peña, del municipio Valencia, estado Carabobo.

Los portavoces de esta comunidad solicitaron a los parlamentarios hacer llegar esta propuesta al Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda para agilizar los requerimientos de ley y concretar la ejecución de esta obra.

En su intervención, el diputado Wilener Chacón, dio a conocer que 10 familias inquilinas, de la parroquia San Bernardino de Caracas, están siendo desalojadas de una vivienda que ocupan desde 1992. El inmueble, una quinta ubicada entre el Centro Comercial Galerías Ávila y La Candelaria, estos ciudadanos aducen que la unidad residencial fue vendida por sus propietarios de manera irregular.

Para finalizar, el diputado Sergent expresó que cada uno de estos casos será informado a las instancias competentes, a fin de proporcionar la seguridad jurídica, el seguimiento y control necesario para garantizar los derechos que tienen las familias a un techo digno.

TOMÁS MORENO HERNÁNDEZ / CIUDAD-CCS