18/08/2023.- Como una aproximación etimológica, abordemos de dónde provienen los términos. Así, tienden a confundirse los vocablos del inglés politics y policy. El primero refiere el estudio del acceso y los mecanismos de permanencia en las instancias y estructuras del poder. Al segundo le atañe lo relativo a la gobernanza y la gobernabilidad, es decir, al acto de gobernar. Y, en cuanto a public, lo concerniente al interés general, a lo público, y por tanto interviene la figura del Estado y su interrelación con la ciudadanía.

En el seno de las instituciones gubernamentales se desarrollan procesos que se traducen en decisiones, que se denominan políticas públicas, y cuya implementación afecta a todos los integrantes de las colectividades que se encuentran bajo la supeditación o dominio de esas estructuras organizativas del Estado.

La formulación e implementación de medidas en el campo de la salud, educación, seguridad, impositivas, comunicacionales, entre tantas otras, son ejemplos de políticas públicas y que, independientemente de que nos involucremos o no como ciudadanos en su adopción, nos afectarán por formar parte de esa colectividad que se encuentra en constante demanda de soluciones y la atención de asuntos, problemas y situaciones generales que exigen la acción a través de la gobernanza. La política pública es un comportamiento propositivo, intencional, planeado. No es reactivo o casual. Se pone en movimiento con la intencionalidad de alcanzar ciertos objetivos a través de ciertos medios: es una acción con sentido, que incorpora un grupo de decisiones y operadores, acompañados de actividades de comunicación que adoptan distintos formatos, sean regulatorias, distributivas o redistributivas, según sea el caso.

Para ilustrar con un complejo caso práctico algunos de los elementos, condiciones y parámetros que se deberían tomar en cuenta y conjugar para concebir una política habitacional nacional, que aspira dotar de vivienda y hábitat a todas aquellas familias de un país carentes de techo, se podrían mencionar, entre tantos otros, los siguientes:

• La cuantificación y cualificación de las necesidades reales de las familias.
• La georreferenciación espacial de esa población objetivo.
• La elaboración de un plan de largo plazo que contemple el financiamiento de las obras.
• La proyección de los urbanismos y los servicios públicos asociados.
• La búsqueda, ubicación, acondicionamiento y la disposición de los terrenos para tales efectos.
• La logística de procura de los materiales y equipos necesarios.
• El recurso organizativo, humano, procesos y sistemas involucrados en la administración y su ejecución física.
• Los proyectos de construcción de las edificaciones.
• La coordinación y negociación de los términos con las contratistas privadas o públicas y los cronogramas de entrega de las obras.
• La interacción con entes oficiales y las comunidades demandantes u otras organizaciones no gubernamentales.

Así como la definición de los potenciales beneficiarios y los requisitos socioeconómicos con los que deberán caracterizarse y los procedimientos de asignación de las viviendas. Todo esto bajo la consideración de un principio rector y jurídico, pues se consagra constitucionalmente el derecho humano a la dotación de una solución habitacional digna a todo grupo familiar.

Una política gubernamental la componen los siguientes elementos: los principios que la orientan (la ideología o argumentos que la sustentan), los instrumentos y medios a través de los cuales se ejecuta (aspectos de regulación, financiamiento y mecanismos de prestación) y los servicios o acciones principales que se llevan a cabo de acuerdo con los principios propuestos.

Ahora bien, para que una decisión pública resulte exitosa en su aplicación requiere que sea oportuna, que se aplique en el momento concurrente con la problemática. Tendrá que reunir atributos de calidad, así la política pública debe ser pertinente, adaptarse y solventar, en términos de eficiencia y eficacia, la situación que aborda como solución.

La transparencia es una cualidad que debe caracterizar a la decisión pública, desde la perspectiva de la población afectada, al comprender la naturaleza y condiciones del proceso de adopción de la medida, en función de los intereses y necesidades de los gobernados.

Y, por último, la apropiación y la identificación de la población objetivo con la política pública viabilizan y potencian su adopción en forma general.

Distintos autores coinciden en que las fases o etapas de la elaboración de las políticas públicas comprenden: la problematización, el diagnóstico, la formulación, la ejecución y la evaluación.

Cabe destacar, de manera histórica, que el ámbito de aplicación por excelencia de las políticas públicas, como rasgo definitorio, era el paradigma del estado de bienestar (welfare state). Este modelo entró en crisis y surgieron así, a finales del siglo pasado, innovaciones en el campo de la gestión pública (New Policy Management, NPM). Sin embargo, el sistema capitalista estructuralmente atenta e imposibilita, por su metabolismo y fines, atender las extensas necesidades en prestaciones sociales que demandan inmensas capas de la población global.

Las nuevas realidades emergentes de fines del siglo XX e inicios del siglo XXI —entre las cuales destacaríamos las crisis geopolíticas, energéticas, ambientales, migratorias, sanitarias, de fiscalidad, financieras, comerciales, cambiarias y de legitimidad política— configuran los escenarios actuales de mayor complejidad y el incremento de las necesidades sociales a nivel global.

Entonces, cabe preguntarse: ¿no están siendo eficientes las decisiones públicas en el sur global por las fallas de los gobiernos, por la inadecuación del instrumental aplicado o por las realidades estructurales que superan las políticas diseñadas? ¿Se está consultando a la sociedad civil si las políticas aplicadas están logrando los impactos deseados?

En el caso venezolano, es fácilmente demostrable cómo la intervención por parte de EE. UU. y la UE —quienes ejercen un bloqueo intencional, sistemático, ilegal, inmoral, arbitrario e inhumano, tanto en los ámbitos comercial, bancario, financiero, científico, jurídico, político como diplomático, comunicacional e informativo, a través de medidas coercitivas unilaterales que representan un factor concreto y objetivo que impide, entorpece, perturba, limita y condiciona la nueva sustantividad en el ámbito de nuestras soberanas y legítimas políticas públicas— obliga a buscar y diseñar nuevos métodos y estrategias orientados a satisfacer las necesidades socioeconómicas e incrementar el bienestar de nuestro pueblo.

Héctor E. Aponte Díaz

tintepolisemicohead@gmail.com