01/09/23.- A un año del intento de asesinato que sufrió la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, hay tres personas imputadas que enfrentarán un juicio que todavía no tiene fecha de inicio, pero que será crucial para saber detalles de uno de los hechos más graves ocurridos en la historia reciente del país suramericano.

"Homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa", es el cargo que pesa sobre Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, los únicos detenidos de la causa.

Sabag, de 35 años, fue quien disparó directo al rostro de la vicepresidenta; Uliarte (23) en ese momento era su novia y supuesta cómplice, mientras que Carrizo (27), un hombre que los empleaba a ambos como vendedores ambulantes, es considerado "partícipe necesario".

En junio pasado, la jueza María Eugenia Capuccheti confirmó que solo ellos tres irían a juicio y descartó que hubiera otras personas involucradas, a pesar de que Fernández de Kirchner ha insistido en que se abran líneas de investigación que develen los vínculos políticos que ella sospecha están detrás del intento de magnicidio.

El fallo de la jueza consolidó la teoría que desde el principio impulsaron los opositores a la vicepresidenta para minimizar el crimen: que "un grupo de loquitos solitarios" quiso matarla y que, por lo tanto, era un hecho menor sin implicaciones políticas, reseña Rusia Today.

Desde el oficialismo, por el contrario, insisten en que se trata de uno de los ataques más graves a la democracia y que deben agotarse las investigaciones para definir la intervención de personajes y organizaciones políticas que todavía permanecen en las sombras.

Vicepresidenta solicita que investiguen otros involucrados

La semana pasada, por ejemplo, la expresidenta pidió que se investigue a Delfina Wagner, una panelista televisiva que alquila el departamento de Ximena de Tezanos Pinto, una activista ultraderechista y opositora a Fernández de Kirchner que, además, es su vecina: vive justo en el departamento de arriba.

De acuerdo con la presentación de los abogados de la exmandataria, Wagner podría haber sido el enlace entre Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo, los tres imputados, con Gerardo Milman, diputado del PRO, el partido fundado por el expresidente Mauricio Macri.

Además, un testigo aseguró que, dos días antes del atentado, estaba en el mismo bar que Milman y escuchó que les decía a Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, dos de sus asesoras: "Cuando la maten yo estoy camino a la costa".

Bohdziewicz reconoció en mayo de este año que Milman había borrado información de los celulares de ambos, en una reunión realizada en una oficina de la actual candidata presidencial opositora Patricia Bullrich.

La semana pasada, luego de una orden judicial, Milman entregó su teléfono a la jueza Capuccheti, pero se amparó en sus fueros como diputado para frenar cualquier peritaje, así que pueden pasar meses antes de que se pueda analizar su contenido.

Otra línea de investigación que tampoco avanzó fue el supuesto financiamiento de Revolución Federal, una organización radical cuyos integrantes solían realizar protestas con escasa participación, pero altos grados de violencia, ya que incluso colocaban la figura de Fernández de Kirchner bajo una guillotina.

Jonhatan Morel, líder de la organización, tenía una carpintería que fue contratada por Grupo Caputo, propiedad de los hermanos del exministro de Finanzas de Macri, Luis Caputo, para que realizara un trabajo en la patagónica provincia de Nequén.

La noticia levantó suspicacias por el hecho de que la firma multimillonaria de una familia vinculada a la política contactara a un modesto negocio, ubicado en las afueras de Buenos Aires, para que supuestamente construyera muebles de madera destinados a un edificio ubicado a 1.100 kilómetros de la capital, refririó RT.

Los chats de los culpables

En las semanas posteriores al atentado fueron detenidas ocho personas, pero con el paso de los meses la mayoría quedó en libertad.

Ese fue el caso de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, militantes del grupo Revolución Federal que quedaron imputados en una causa paralela a la del atentado, ya que en varios actos públicos, chats y transmisiones online habían confirmado sus deseos de matar a Fernández de Kirchner, a su hijo Máximo Kirchner e incluso al presidente Alberto Fernández.

Otra beneficiada fue Agustina Díaz, amiga de Brenda Uliarte, la novia del hombre que le disparó a Fernández de Kirchner, ya que las autoridades no encontraron elementos suficientes para imputarla.

Ya desde julio, Uliarte le había anticipado a Díaz que iría a una protesta en la Casa Rosada. "Voy con el fierro [la pistola] y le pego un tiro a Cristina. Me dan los ovarios para hacerlo". Incluso le mandó una foto posando con el arma.

"Che, pero, ¿qué onda que falló el tiro? ¿Cómo mandaste a ese tarado? ¿No practicó antes o le falló la adrenalina del momento? ¿Vos dónde estás? ¿No sería conveniente que vayas a tu casa? Tenés que deshacerte del celular. Y cambiar el número. Borrar tu cuenta. Todo", le escribió Díaz a Uriarte un día después del atentado, citó el medio ruso.

La noche del atentado, Uliarte también se comunicó con Nicolás Gabriel Carrizo, el jefe de los vendedores callejeros de algodones de azúcar con el que ella trabajaba y que también está preso.

"La próxima voy y gatillo yo, Nando falló. Yo sí sé disparar bien, no me tiembla la mano", le escribió a Carrizo, quien le preguntó si todavía quería hacerlo.

"Te juro que sí. Y no me va a fallar el tiro, pero hay que pensarlo bien. Pasa que Nando no tiene mucha práctica. Le tembló el pulso", respondió Uliarte al referirse a su novio, que en ese momento ya estaba detenido.

Ambos especularon acerca de lo que podría pasar con ellos. Días después, fueron detenidos y hoy están a la espera del juicio oral.

CIUDAD CCS