18/09/2023.- Cuando asesinaron a Mayell Hernández, familiares y feministas supimos inmediatamente quién era el responsable, sin embargo, las autoridades soltaron al femicida porque supuestamente no existían elementos que lo vincularan con el crimen, a pesar de que Mayell había denunciado al agresor ante el Ministerio Público. Con Ángela Aguirre también supimos desde el primer día que no había sido un accidente y nos indignamos cuando la fiscal solicitó una segunda autopsia para modificar las pruebas y liberar así a quienes, a todas luces, eran los responsables. Este tipo de prácticas, realizadas por agentes del Estado, que obstaculizan el acceso a la justicia, se define como violencia institucional y no son inocuas, sino que dependiendo de cada contexto, generan muertes y/o procesos de revictimización contra las mujeres y sus familiares.

La violencia institucional forma parte del entramado machista y es una expresión más de la misoginia que se ejerce particularmente contra las mujeres empobrecidas y racializadas: “La violencia institucional es una de las más perversas formas de agresión, porque quien la ejerce lo hace bajo el amparo legítimo del Estado de derecho, lo que multiplica su impacto devastador y social, e incrementa su virulencia ejercida por quienes se suponen deben proteger a las víctimas, convirtiendo [al Estado] en un ‘segundo agresor’ que remata la destrucción psicológica de la persona” (Gloria Poyatos Matas, 2018).

Los dispositivos de control sobre los cuerpos de las mujeres son múltiples y van desde la criminalización del aborto, pasando por una larga lista de discriminaciones culturalmente normalizadas, hasta el maltrato o agresión contra las/los hijas/os de las víctimas, con el claro y premeditado objetivo de herir profundamente a las mujeres que son madres. Esta última es tipificada en otros países como violencia vicaria y es más posible que se produzca en contextos donde prevalece violencia institucional.

Así, la indolencia, incompetencia y complicidad de algunos agentes del Estado, frente a la violencia de género, refuerzan los imaginarios machistas y son el caldo de cultivo propicio para que se produzcan femicidios, siendo todas agresiones que se podrían evitar si el Estado atendiera oportunamente las denuncias que realizan las mujeres.

El caso de Naibelys Noel, además de doloroso, es un ejemplo de la confluencia de distintas discriminaciones. Naibelys fue víctima de violencia física, verbal y económica por parte de su expareja; ella decide recurrir a las instituciones del Estado para solicitar ayuda y en cambio recibió burlas y menosprecio a su denuncia. Días después, su agresor asesinó a su hijo, siendo el Estado corresponsable de lo ocurrido.

La violencia institucional, tipificada en Venezuela, se ha ejercido sistemáticamente contra Naibelys cuando desestimaron su denuncia; cuando la expusieron en redes sociales como responsable de un asesinato que no cometió, promoviendo su linchamiento social (lo inverosímil del caso es que nunca vimos el rostro de José Teodoro González Uzcátegui, que es el agresor de Naibelys y asesino de su hijo); cuando la privaron de la libertad siendo ella una VÍCTIMA; cuando aplazaron el juicio durante tres años; y ¡lo peor!, cuando contra toda lógica una jueza la sentenció a 30 años de cárcel, el doble de la condena que le dieron al asesino de su hijo.

Quienes juzgaron a Naibelys sostienen, con argumentos machistas y estereotipos de género, que ella fue una “mala madre” y que eso merecía un peor castigo que el establecido al asesino de su hijo.

Este panorama nos lleva a la irrefutable conclusión de que muchas y muchos funcionarios del Estado ignoran (supongamos que es eso) cómo opera la violencia machista y terminan formando parte del problema y consolidando su reproducción, ante lo cual se deben tomar urgentes correctivos, como la pronta liberación de Naibelys, la sanción a quienes ejercen violencia institucional y otra serie de acciones públicas para garantizarle a las mujeres una vida que merezca la pena ser vivida.

Isabela Boada Guglielmi

Magíster en Políticas Públicas y Género.