30/10/2023.- Si bien es cierto que en Venezuela han ocurrido importantes avances en la legislación y en las políticas públicas dirigidas a la eliminación de la violencia basada en género, estos esfuerzos no se han materializado en transformaciones importantes de las prácticas educativas. Tampoco han logrado concretar una formación docente que enseñe ciudadanía desde las universidades, a partir de la exigencia de la igualdad de derechos, con sustento en el enfoque de género y en la teoría feminista.

Hay que empezar por admitir que la postura del Estado para la educación no alcanza a ser completamente declarativa a la hora de asumirse favorable a una ciudadanía sexual; más bien es sensible al género con una gran contradicción de fondo que abona a la heteronormatividad, justifica el modelo de familia y soporta con ello el mantenimiento de los estereotipos más tradicionales. De allí que, por ejemplo, en las escuelas, el Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo a Temprana Edad y en la Adolescencia (Preta) aborde el hacer educativo con actividades centradas en la protección de la salud y en la prevención del embarazo adolescente; lo que es muy necesario, pero insuficiente.

Por su parte, la universidad y, muy específicamente, nuestras facultades de Educación, parecen ajenas a estas discusiones. Más allá de algunas temáticas aisladas de algún postgrado, en nuestro currículo no existe la violencia de género, como tampoco se discute la asimetría ni la desigualdad de poder generada por un patriarcado que campea. En esos espacios tampoco hay lugar para el extractivismo académico, el acoso de los profesores a las estudiantes o para la exclusión social de las identidades no binarias; a lo sumo, el bullying es normalizado como cosa de jóvenes o es sencillamente negado. Ciegos a esta violencia, quedan sin revisión las creencias que sobre ella comparten las juventudes, el profesorado, las autoridades y la sociedad.

Tal vez por eso es comprensible que la Educación Sexual Integral (ESI) se haya tornado en desencadenante de una disputa que favorece la aparición de un espacio de liminalidad en la universidad, entendida esta como la suspensión de derechos y el mantenimiento de la moral en cuanto al cumplimiento de normas, leyes, tratados y convenciones. Y es que si quienes cursan, egresan o enseñan en las facultades humanísticas o de Ciencias de la Educación ignoran el contenido de estas políticas tan específicas o no debaten esta desigualdad estructural, ¿qué podemos esperar de quienes egresan o enseñan en otras carreras?

No sorprende escuchar a profesionales de las más diversas disciplinas expresarse con una sabiduría pasmosa sobre la inconveniencia de la ESI o sobre lo innecesario de un protocolo para atender la violencia basada en género en las universidades. Por desgracia, solo les vemos algún atisbo de reflexión cuando acuden en privado a pedir orientación sobre qué hacer para ayudar a sus hijas o hermanas, víctimas de la violencia machista por parte de algún cultísimo varón universitario.

Como respuesta, los discursos de nuestras autoridades apuntan a una igualdad en abstracto como requisito para las relaciones de equilibrio en un mundo en el que el género o es ideología, o queda desproblematizado. Sustento ideal para perpetuar el estado de cosas y quedarse siempre a medio camino entre los enfoques gerenciales y una postura pretendidamente neutral, que les permite afirmar como institución que han ofrecido alguna alternativa. Mientras, en la universidad, esta violencia se mantiene como tema pendiente de manera indefinida.

Mitzy Flores Sequera