11/11/2023.- La traducción y acepción más generalizada que se asocia al lobbying —y que se ha españolizado en múltiples ámbitos— es la de "cabildeo". Se hace además corresponder, en el imaginario colectivo, con el proceso en el cual unos hábiles personajes, atuendados de manera impecable, en representación de organizaciones privadas, se reúnen con funcionarios públicos que pueden influir en la toma de decisiones jurídicas, administrativas, políticas, entre otras.

Además, es comúnmente entendido que estos cabilderos o lobbyists, actuando en su carácter de representación, acuerdan, a través del pago de comisiones, sobornos u otras prebendas, a actores oficiales, para lograr de esta forma influir en que se aprueben, o no, por ejemplo, leyes que propicien o bloqueen determinadas actividades que resultan de vital interés para determinados grupos o sectores sociales o corporativos.

Al abordar el significado del término lobbying, la primera aproximación a la etimología del término deriva del inglés lobby, que quiere decir "vestíbulo". Distintas versiones hacen referencias a personajes históricos de la política, y señalan que los cabilderos acostumbraban a reunirse o interceptar a los altos funcionarios en áreas de antesalas, anticipándoles para pedirles y exponerles razones por las cuales debían aprobar o rechazar alguna medida o adoptar una decisión sobre un tópico de interés público, que ventilarían o expondrían, por ejemplo, ante un cuerpo colegiado como una asamblea de diputados o una cámara de representantes.

Así puede ser abordado el lobby como una actividad polisémica, en cuyo trasfondo se camufla el tráfico de influencias, la corrupción y otras distorsiones o imperfecciones que se manifiestan en los sistemas políticos; pero también se aborda desde perspectivas que la consideran como una actividad profesional, inclusive enmarcándola como una disciplina denominada diplomacia corporativa. Esta se asume como una potentísima herramienta de comunicación y gestión, caracterizándola con los atributos de la transparencia, la participación y la integridad.

Cabe destacar que quienes ejercen como cabilderos reúnen una formación, experiencia, trayectoria y competencias derivadas de su anterior ejercicio y desempeño como políticos elegidos o funcionarios designados. Por ello cuentan con profundos conocimientos de los procesos, canales y procedimientos, con vínculos y relaciones con personajes, autoridades y burócratas que viabilizan su desempeño en los ambientes y escenarios que les resultan de su pleno dominio, por lo cual, además, reciben significativas remuneraciones o compensaciones de parte de quienes les contratan para ser lobbyists.

Se ofrece una definición operacional, con alcance a los ámbitos políticos parlamentarios, al concebir a los cabilderos como las personas que tratan de influenciar a los legisladores, quienes presentan, elaboran y reforman proyectos de leyes y otros tipos de regulaciones. Así, los lobbyists pueden ejercer incidencias substanciales en la aplicación de las políticas públicas de un Estado.

Entre las funciones que se les atribuyen a los cabilderos podemos enunciar las siguientes: permitir la participación en los procesos de toma decisiones del dominio público, facilitar el diálogo entre los gobiernos y los representantes de la sociedad civil, facilitar información técnica a los poderes legislativos, influir en la administración pública, fomentar el debate público y ayudar a las empresas a conocer y estar informadas sobre las prioridades públicas.

En cuanto a la génesis de los lobbies, los teóricos señalan que pueden ser creados por el mismo sistema político, y actualmente adoptan formas como las de medios de comunicación y tanques de pensamiento (think tanks), ejerciendo y aumentando la presión social, así como posicionando y fortaleciendo sus proyectos y planes de reformas políticas.

Por otro lado, los lobbies externos al sistema político se gestan en la sociedad civil, y pueden ser representados por ONG (organizaciones no gubernamentales), empresas, asociaciones civiles y colegios profesionales, que negocian con el sistema a través del intercambio de información, donaciones y contribuciones pecuniarias, con el fin de lograr sus reformas políticas e instancias de representación y poder en el plano de lo público.

Así que una definición más amplia sobre el lobby lleva a concluir que es la organización o grupo ajeno o anexo a la estructura gubernamental, que pretende influir e incidir en la toma de decisiones del sistema político.

Sin embargo, debe quedar la inquietud de que, en determinadas sociedades, ya comienza a aceptarse como normal el lobby y se ha reglamentado y normado como mecanismo de participación de la ciudadanía. Cabe preguntarse entonces: ¿y cómo se resolverá en aquellas sociedades donde hay determinados particulares o grupos sociales y comunidades vulnerables que no tengan o cuenten con los recursos para contratar un cabildero que represente y plantee sus intereses, demandas o inquietudes ante sus instancias de gobierno o representación?

Parte de la respuesta se encuentra en no desmayar en la construcción de un sistema político, democrático, participativo y protagónico.

Héctor E. Aponte Díaz

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