04/10/22.- Este martes se cumplen 40 años de aquel 4 de octubre de 1982 cuando 23 personas fueron masacradas a manos de las fuerzas represivas del gobierno de Luis Herrera Campíns. 

Este sería apenas el primero de cuatro eventos emblemáticos en la década de 1980 del siglo XX en los que quedaría en evidencia la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela.

Hoy recordamos cómo la violencia y las técnicas de asesinatos masivos formaban parte de las políticas estructuradas de la IV República, de una manera consciente y planificada.

Eran 23 integrantes del Frente Guerrillero "Américo Silva" de Bandera Roja, de los cuales 17 eran combatientes y 6 heroínas que fueron masacrados por efectivos militares de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), del Ejército Nacional y de organismos de seguridad del Estado, según testimonios de quienes lograron sobrevivir a tan atroz hecho 

Se denominó una masacre por el grado de crueldad con la que fueron tratadas las víctimas. El hecho ocurrió en el sector Los Changurriales de Cantaura, estado Anzoátegui.

Sin embargo, no fue una masacre común; utilizaron aviones de guerra como Bronco y Canberra y helicópteros UH-1H, con el objetivo de exterminar completamente a las organizaciones revolucionarias que pudieron presentar alternativas de cambio, ante la crisis de la democracia burguesa puntofijista.

Durante las investigaciones, el gobierno de Herrera Campíns calificó la masacre como un encuentro armado, pero las exhumaciones de los cadáveres demostraron todo lo contrario, ya que la mayoría de las víctimas ajusticiadas mostraban en sus cuerpos signos de tortura y tiros de gracia en el cráneo.

Estos héroes se encontraban en un campamento del Frente Guerrillero “Américo Silva”, en armas, compuesto por cerca de 41 guerrilleros; uno de los sobrevivientes fue Alejandro Velásquez Guerra, gracias a cuyo testimonio, años después se conocería la verdadera historia. 

Los hechos

Según la información que se ha ido registrando durante estos 30 años, y donde el gobierno venezolano ha hecho énfasis desde hace 20 años para hacer justicia, la masacre comenzó a las 5:45 de la mañana de ese 4 de octubre.

Las Fuerzas de Seguridad del Estado hicieron un clásico operativo de cerco en acción combinada por tierra y aire. Una vez ubicado el foco guerrillero colocaron en los sitios estratégicos de los alrededores, emboscadas distribuidas en forma de semi-luna, formando varios anillos; luego se inició el ataque con la fuerza área bombardeando con aviones Canberra y ametrallando con aviones de observación Bronco OV-10 de forma intensa.

Después de divulgarse lo ocurrido se produjeron movilizaciones de rechazo a la actuación de la fuerza pública y diversas expresiones de solidaridad a nivel nacional. Las denuncias de los sobrevivientes indicaban que se cometieron ejecuciones contra personas que se habían rendido, y daban cuenta de una actuación asimétrica y desproporcionada por parte de los componentes de la FAN y la Disip actuantes en la operación.

Aunque el movimiento de Derechos Humanos en el país daba apenas sus primeros pasos, el 17 de diciembre, Amnistía Internacional expresó en su Informe Anual del año 1982 su preocupación por los hechos y requirió al Estado venezolano información sobre el incidente.

Debido al criminal acto en Cantaura, estado Anzoátegui, se creó una comisión de investigación por parte del Congreso y del Fiscal General al enterarse que no hubo sobrevivientes, y que las víctimas habían sido enterradas en tumbas sin practicárseles autopsias.

El ejército se negó a devolver los cuerpos a los familiares, o permitir autopsias por el médico forense civil. Aunque a las familias se les permitió recuperar los cuerpos 10 días más tarde, el ejército siguió negando las autopsias. El oficial comisionado por el Fiscal General para realizar las exhumaciones el 14 de octubre fue sacado por la fuerza del cementerio con el argumento de que la investigación era un asunto exclusivo de la jurisdicción de los Tribunales Militares. Amnistía Internacional expresó preocupación por la afirmación del ejército a ese respecto y dio la bienvenida a las declaraciones de la oficina del Fiscal General de que continuaría su propia investigación.

En su Informe Final publicado en marzo de 2017, la Comisión del Estado por la Justicia y la Verdad individualizó a los responsables intelectuales y materiales de esta acción conocida entre los cuerpos de seguridad como “Operación Cantaura”, cuyo objetivo era la completa liquidación de los guerrilleros. El primero en la lista es el General de División (Ej) Vicente Luis Narváez Churión, Ministro de la Defensa para el momento de los hechos. La operación fue ejecutada por un oficial general, oficiales superiores, oficiales subalternos, efectivos de tropa, y 96 funcionarios de la Disip.

En octubre de 2013, el Ministerio Público a través de la Fiscalía 80° de Derechos Fundamentales imputó al médico forense Guillermo Solano por su vinculación con los hechos, al presuntamente encubrir a los autores materiales mediante la emisión de certificaciones de defunción falsas.

Por los hechos de Cantaura también han sido imputados el ex director general de la antigua DISIP, Remberto Uzcátegui, el ex director de Inteligencia de ese organismo, José Domínguez Yépez y el ex comandante del Batallón de Cazadores del Ejército, Ismael Antonio Guzmán.

Reconocimiento

La Revolución Bolivariana se ha encargado de recordar a estos venezolanos como lo que son, mártires de un sistema que violaba los derechos humanos.

Este martes el presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que su gobierno tiene una deuda con el país y los familiares de aquellas víctimas y en su cuenta de Twitter expresó: "La Masacre de Cantaura nos sigue doliendo. Tenemos el compromiso de mantener viva la llama revolucionaria para honrar el sacrificio de los jóvenes mártires, víctimas de las acciones deleznables de la cuarta República".

CIUDAD CCS/NARKYS BLANCO