Es necesario recordar que antes de que Machado hiciera pública la decisión, le dijo a sus seguidores que nunca claudicaría su candidatura y que llegaría “hasta el final”, sin importar su inhabilitación pública, legal y notoria. Llegó a amenazar a los poderes públicos y habló de afrontar “por las malas” el proceso electoral si no le daban lo que quería. 

Empecinarse en decir que no estaba inhabilitada, bajo la falacia de que supuestamente violaban sus derechos políticos, era la excusa para no cumplir con lo previsto en el ordenamiento jurídico. También era el justificativo para sembrar dudas en el proceso electoral y mantener en su discurso el germen de la violencia con el que se identifican los sectores que apuestan al atajo inconstitucional. No faltarán entre sus filas quienes se sientan defraudados por no mantener una línea de violencia.  

Para que haya claudicado pasaron dos cosas: la primera, el Estado desmanteló la tercera fase de La Salida, según explicó el fiscal general, Tarek William Saab. Se trataba de un plan de violencia para causar conmoción y caotizar el desarrollo tranquilo del proceso electoral. Lo segundo es que EE. UU. la dejó sola en su petición de reimponer las sanciones petroleras y gasíferas contra la población, como método de presión en favor de su inhabilitación. 

Y un tercer elemento fue la firmeza de la institucionalidad del país. Los poderes públicos nunca claudicaron frente al chantaje de Machado que presionó, con apoyo internacional, para que las instituciones violaran la ley y le cumplieran el capricho. 

Esos tres elementos obligaron a Machado a cumplir con el carril constitucional. Sin embargo, haber anunciado una sustituta no es garantía de que la extrema derecha cumplirá con las normas electorales y procesos democráticos. De hecho, la nueva abandera, Corina Yoris, es ferviente adoradora del interinato de Guaidó. Así que aún queda camino por andar. Veremos.

Manuel Palma