01/04/2024.- En el año 2021, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe registró que al menos 4.473 mujeres fueron víctimas de femicidio o feminicidio en la región, lo que equivale a 12 muertes violentas de mujeres por razón de género cada día.

Estas mujeres, convertidas en números y estadísticas, constituyen vidas, cuerpos, con nombres, historias, logros y sueños por alcanzar. Eran hijas, compañeras de trabajo, hermanas, trabajadoras del hogar, que en muchos casos eran madres de niños, niñas y adolescentes.

En los medios de comunicación y redes sociales, con frecuencia se omiten estas informaciones, despojando de alma y humanidad a las mujeres, reduciendo la tragedia y sus consecuencias a una sola víctima. No obstante, la violencia basada en género y los femicidios generan un impacto terrible en la sociedad, que va en espiral y se expresa de manera multidimensional en las familias, quienes son víctimas directas sobrevivientes. Lo más grave es que se invisibiliza el hecho de que la tragedia va gestando una generación de niños, niñas y adolescentes huérfanos. 

Muchas de estas mujeres violentadas eran el sostén económico de sus hogares y responsables de la crianza de sus hijos e hijas, lo que agudiza la vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

Urge preguntarse: ¿qué pasa con las niñas, los niños y adolescentes después de un femicidio?, ¿cómo impacta en sus vidas?

Pues bien, la violencia basada en género y los femicidios generan consecuencias en múltiples direcciones en la niñez, la adolescencia y sus familias que se imbrican e incluyen lo psicológico, emocional, social, económico, jurídico, la salud, la educación.

A partir de la violencia basada en género, los niños, niñas, adolescentes y sus familiares transitan procesos legales complejos, llenos de burocratismo, prácticas de corrupción que ralentizan los procedimientos, generando desgaste y revictimización.

La Ley Modelo Interamericana para para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres (Femicidio-Feminicidio), establece la reparación integral. Sin embargo, se trata es de dignificar las vidas de NNA y sus familias, pues, ¿cómo se puede reparar el sufrimiento?, ¿la muerte? Si bien el tema requiere debates profundos, es importante conocer experiencias en otros países que apuntan a garantizar los derechos a la niñez y adolescencia, como la Ley Brisa en Argentina, creada en el 2018.

¿Cómo garantizar el principio de interés superior y prioridad absoluta, la articulación e integración de las competencias y acciones necesarias entre las distintas instancias para la garantía y restitución de los derechos a la niñez y adolescencia?

En Venezuela, es necesario legislar y desarrollar un modelo de protección integral de gestión coordinada, con perspectiva de género, para el acompañamiento familiar, que fortalezca la capacidad de respuestas oportunas, articuladas y sostenidas por parte de las instituciones corresponsables en la atención y protección especializada de estas víctimas invisibles de la violencia basada en género.

Mayela Hernández