04/05/2024.- Una cosa es sentirse poderoso en redes sociales y otra ser realmente importante. Y si hablamos de asumir responsabilidades, el asunto se vuelve más interesante. De eso no escapan ni los influenciadores, cuya vida es bastante terrenal, a pesar de los “Me gusta”, los comentarios y los beneficios del marketing digital. En España, no solo tienen que serlo, tienen que parecerlo, tras la aprobación de una ley para determinar si son "usuarios de especial relevancia".

El instrumento legal, que se inscribe dentro de un conjunto de leyes que buscan regular las acciones en las plataformas digitales, pone una vara alta para quienes persiguen el estrellato digital. ¿Qué condiciones deben reunir? Básicamente, tener al menos un millón de seguidores, así como ganar al menos 300.000 euros y haber publicado al menos 24 videos al año. Con eso, quedan por fuera usuarios que encajen en esferas de menor influencia, como los nano y los microfluencers.

Definir este piso no es un mero asunto de estatus. Quienes cumplan con estos criterios deben incorporarse al Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales y cumplir con la Ley General de Comunicación Audiovisual, herramienta que pretender responder a un mundo signado por la supremacía del video y a una industria mediática en una evolución frenética. La aspiración es mucho más que ambiciosa con esta norma: se espera “lograr un equilibrio entre el acceso a los contenidos, la protección del usuario y la competencia entre los prestadores presentes en dicho mercado”.

En el caso de los influenciadores considerados "usuarios de especial relevancia", la tarea está marcada por la regulación. Ese mundo de libertad que hasta ahora brindan las redes sociales ahora entraña las mismas responsabilidades que tienen los otros actores del mundo audiovisual: deben identificar aquellos contenidos que sean publicidad y evitar la promoción de alcohol. ¿Qué implicará no hacerlo? Según medios locales, se impondrán multas hasta de 750.000 euros, según los ingresos del sancionado.

Al leer esto, no vemos nada nuevo bajo el sol (o más bien sobre las pantallas). Normas para regular la actividad mediática existen desde hace bastante, casi ninguna exenta de la discusión sobre los límites de la libertad de expresión. ¿Intenciones detrás de cada norma? Este espacio no alcanza para entrar en detalles, como amerita un tema tan complejo. Apenas nos alcanza para preguntar si es posible establecer leyes eficaces en la construcción de un entorno en plena transformación, donde la formación de opinión está marcada por el aislamiento que pueden provocar los algoritmos.

Podríamos pensar que imponer obligaciones a quienes obtienen notoriedad en el mundo digital es un ejemplo a seguir. No es gratuita la publicación en los últimos tiempos de instrumentos como El libro blanco de la influencia responsable y de otros recursos para darle sensatez a la presencia digital, así como el abordaje de las redes sociales en propuestas como el proyecto de ley contra el fascismo. Tampoco sobra recordar que la difamación y la injuria también se castigan, así se comentan con un reel.

Al final, los influencers impactan a tanta gente que deberían tener conciencia de su huella, pero en un entorno con políticas que premian lo viral o que no regulan con equidad expresiones de odio y otros peligros, va ganando la duda. Que eso sea así no significa que quienes participamos de los entornos digitales, devenidos en prosumidores sin importar nuestra notoriedad, no terminemos aceptando que deben existir normas elementales para no morir en este mundo convulso. Por ahora, estimados influencers, donde quiera que estén, no está de sobra intentar ponerse a derecho.

Rosa E. Pellegrino