08/06/2024.- Si algún resultado temprano se ha obtenido con la recién promulgada Ley de Pensiones es desenmascarar la esencia del capital y sus agentes económicos. Sobre todo cuando una facción del empresariado quiso convencernos con la matriz de que eran defensores acérrimos de los trabajadores, a tal punto que pidieron “mejoras salariales” sabiendo que el Ejecutivo no lo iba a decretar.

También propusieron suspender por dos años la actual ley del trabajo. Para ello, tenían un proyecto legal y el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Si cumplían sus designios, Fedecámaras, Consecomercio y afines prometían subir el monto de los bonos dolarizados que pagan a sus empleados. 

De ese modo buscaban pescar en río revuelto: una vez anulada la ley del trabajo sería cuesta arriba restaurarla, como ocurrió en 1997 cuando eliminaron la retroactividad de las prestaciones sociales, concretada en un momento de crisis económica.  

Sin embargo, con la promulgación de la Ley de Pensiones volvieron a su carril natural antiobrero. Empezaron diciendo que el 9% de contribución, planteado en la norma, los afectaría gravemente, pues, según ellos, representa “una nueva presión” que “amenaza” la rentabilidad empresarial. Hablamos de que es un aporte para favorecer el ingreso económico de los abuelos y abuelas del país. Pese a eso, los empresarios lo plantean como una nueva “carga”. 

No pasó mucho tiempo para que el capital activara la amenaza como dispositivo de coacción. En radio, redes y medios electrónicos, sus “expertos” y voceros asomaron que el pago de ese nuevo impuesto lo trasladaron a los precios de bienes y servicios esenciales. ¿Traducción? Los consumidores de a pie pagaremos más caro cuando compremos comida, artículos básicos, víveres; cualquier cosa. Nos cobrarán el costo de que al Gobierno Nacional se le haya ocurrido hacer justicia social con nuestros pensionados.    

Ahora, si de verdad el 9% de la Ley de Pensiones los perjudicará al punto de cerrar la santamaría, ¿por qué no lo hacen? ¿Qué se los impide? Me parece que es una matriz que no surtirá el mismo efecto de otrora. La experiencia indica que en el pasado los capitales que así lo hicierona al tiempo volvieron a la calladita. 

De hecho, abundan las noticias sobre el regreso de tiendas y comercios que se habían ido en la pandemia o en la etapa del desabastecimiento crítico. Al parecer todos quieren beneficiarse del 4% de crecimiento económico, proyectado para el cierre de este año por el FMI y la Cepal.

Además, muchas de ellas regresan estimuladas por la Ley Antibloqueo o por la Ley de Zonas Económicas Especiales, la cual plantea la reducción de 50% de los servicios portuarios y aduaneros para la exportación y el reintegro del Impuesto Sobre la Renta (ISLR), que puede alcanzar 100% en los primeros seis años, dependiendo de la actividad exportadora.

Por tanto, aquel chantaje guiado con la máxima: “Me voy, y al país le irá mal”, ya no funciona. Empresa que se va, otra la suplanta en el mercado. Es el nuevo metabolismo del capital de nuestra economía.

Visto este panorama, la Ley de Pensiones no se plantea para perjudicar la estructura empresarial de costos. Es concebida para que los actores económicos se sumen a la recuperación progresiva del bienestar de la población, en un momento-país en el que ya no tiene cabida la narrativa cuasicomunista del supuesto ataque a la noble labor empresarial.  

Porque no solo se trata de maximizar ganancias bajo condiciones favorables otorgadas por el Ejecutivo. El objetivo es que entiendan que cuando la olla de producción y riqueza nacional empiece a llenarse, también es vital que comience a distribuirse mejor los recursos hacia los más vulnerables que tanto han resistido. Precisamente, la Ley de Pensiones apunta en esa dirección. 

Por cierto, mientras termino esta columna, me acabo de enterar de los métodos irregulares que aplicarán las empresas para pagar lo menos posible la contribución impositiva de la Ley de Pensiones. En la columna del próximo sábado lo cuento todo.

Manuel Palma