21/06/2024.- En el año 2004, la administración pública nacional (APN), con un anuncio del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, dio inicio al proceso para la modificación de la manera de formular el presupuesto nacional anual de gastos e inversión, basada, durante años, en el sistema de planificación denominado "presupuesto por programas". Así se adoptaría una nueva metodología denominada "presupuesto por proyecto".

Para el ejercicio fiscal del año 2005, la Ley de Presupuesto Anual atendió al marco conceptual y teórico, y también podría expresarse, a una orientación filosófica para una gestión pública distinta, el presupuesto por proyecto.

La razón fundamental para cambiar de método se basó en que los programas, dados su amplitud y alcances tan generales, no permitían una asignación, con el grado de precisión, de los recursos, a los efectos de conseguir productos y resultados más específicos e identificables, es decir, cuantificar y determinar los productos y servicios para los cuales se destinaban los créditos presupuestarios en la respectiva Ley Anual de Presupuesto. Y quizás, lo más relevante, poder realizar una evaluación, seguimiento y control pormenorizado y estricto del gasto y la inversión pública.

Siempre ha sido un tema controversial en el análisis de la gestión pública la calidad del gasto; en otras palabras, a qué se destina; en particular, para aquellos críticos que se enmarcan en el paradigma económico monetarista, al argumentar que el gasto público es la principal causa de los fenómenos inflacionarios. Omiten, por ser detractores interesados y sesgados, además de que argumentan y fijan posición en contra de un Estado que participa en la actividad económica. Son sencillamente neoliberales, pues, deliberadamente, no reconocen que las causas "subyacentes" de la inflación encuentran su génesis en la estructura socioproductiva.

La inflación es un efecto o consecuencia económica. Los factores que la explican como fenómeno monetario no son el denominado gasto corriente o burocrático, sino los volúmenes insuficientes de producción y los bajos niveles de productividad de los distintos sectores que participan en la actividad socioeconómica real. Atañe a la arquitectura productiva; a la forma y alcance de cómo participan los distintos sectores y actores privados; a los riesgos que asumen; a los montos de inversión que comprometen, reflejo de la confianza que muestran por su país; al tipo de industrias y actividades que acometen; al estar habituados a apropiarse, por las vías de los subsidios, del financiamiento preferencial y la corrupción de la renta petrolera; allí está la explicación heterodoxa; así como de las expectativas especulativas y de la manipulación de los tipos de cambio. Son esas las causas reales de la inflación.

Los proyectos presupuestarios de la APN se formulan con la intención de generar los bienes y servicios para satisfacer necesidades concretas de la población, pero, además, no solo los proyectos deben identificarse con "cabilla y cemento", mercancías o prestaciones. También se generan "actos de regulación", que de igual modo resultan imprescindibles para el funcionamiento del Estado venezolano y para atender a la población. Citemos, como ejemplos, qué funciones y competencias atienden entes tales como el INTTT, el SENIAT, la SUDEBAN, el MPPRE, la OPSU, el INAC, entre tantos otros.

Para aquellos que desconocen un área tan especializada de las finanzas públicas, en particular el subsistema presupuestario, la técnica del presupuesto por proyecto contempla dos categorías de igual importancia y significación para asignarles créditos presupuestarios y el marco legal para comprometer, causar y pagar, es decir, asignarles recursos para su ejecución; ellas son los "proyectos" propiamente dichos y la "acciones centralizadas". A su vez, en cada una de ellas están contenidas las "acciones específicas" que detallan las actividades a ejecutar por las correspondientes partidas, que atienden a una codificación (clasificador presupuestario) definida y regulada por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), órgano rector nacional en materia técnica y legal del presupuesto público para toda la APN.

Los proyectos presupuestarios son los registros administrativos, presupuestarios y financieros que permiten soportar legalmente la ejecución de las políticas públicas orientadas a entregar productos y servicios de acuerdo con el ente y sector al cual nos estemos refiriendo, es decir, un instituto autónomo, una fundación, una empresa, un servicio autónomo, un ministerio, una vicepresidencia sectorial.

Sin embargo, la categoría de las acciones centralizadas se corresponde a una serie de gastos e inversiones que se deben contemplar para atender, dar soporte y apoyo a las unidades sustantivas que tienen la responsabilidad de ejecutar los proyectos. Para resaltar, un gasto por excelencia sería el gasto de personal, es decir, la nómina fija o contratada de las instituciones, que hace posible que el talento humano gestione, organizacionalmente en el seno de toda la institucionalidad pública. En síntesis, son los sueldos y salarios o la remuneración que perciben todos los funcionarios públicos lo que en términos políticos y administrativos se reconoce como la mayor parte del gasto burocrático.

Ha sido una constante desde el 2005 dictar como directrices, por parte de los Ministerios de Economía y Finanzas y de Planificación, como entes rectores en materia presupuestaria para toda la APN, que de la sumatoria de los recursos presupuestarios asignados, es decir, del 100%, se les destine a los proyectos una proporción en promedio no menor del 70%, en comparación con el gasto asignado a las acciones centralizadas, que debería alcanzar un promedio no mayor del 30%. Se ha orientado, de esta forma, a enfocar la gestión en la cualidad del gasto y propender a la acción sustantiva relacionada con el objeto de los entes. En terminología económica, fomentar el gasto de capital, la inversión y disminuir el gasto corriente o de funcionamiento.

Han transcurrido ya veinte años desde la puesta en práctica de la planificación por proyectos en la APN. Se cuenta con un gran portafolio y se puede aseverar que los despliegues de las políticas públicas formuladas y ejecutadas a través de los proyectos no solo han generado salidas (outputs) que se traducen en bienes, servicios y actos de regulación; sino que se han obtenido, entre otros resultados, metodologías, procedimientos, proyectos de leyes, documentos, acuerdos, convenios, tratados, sistemas informáticos y tecnologías de conducción y dirección; en otras palabras, productos de naturaleza intangible que no dejan de ser necesarios e imprescindibles, en muchos casos, para la acción gubernamental e institucional.

Héctor E. Aponte Díaz

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