“Tiene que acabarse”, decía, como un reclamo nacional, el Comandante Hugo Chávez el 15 de octubre del 2000, “todo ese mecanismo perverso que hundió a Venezuela en una de las etapas más negras de nuestra historia, más oscura y más podrida de toda nuestra historia, corrupción por todos lados”.

Sabía el comandante, que se trataba (se trata) de un tema espinoso, una rémora histórica de la República, que “no se va a acabar de un día para otro”.

Entonces, en ese programa Aló Presidente número 47, pedía a los miembros de su gobierno, “dar demostraciones contundentes de que la lucha (contra la corrupción) es a muerte”.

Desde que inició el ciclo de gobierno de Revolución Bolivariana, ha sido característico el impulso, desde el Poder Ejecutivo, del combate y castigo a la corrupción administrativa.

Punto sobre la i

Existen varias definiciones del término corrupción, pero todas aterrizan en la idea de la existencia de un soborno, un ofrecimiento o la promesa de dádivas, mayoritariamente económicas, a una persona que ostenta un cargo público, para que éste, otorgue beneficios a un particular o una empresa. Este no es un fenómeno exclusivo de la esfera pública, también ocurre en el sector privado.

Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la corrupción “tiene repercusiones negativas en todos los aspectos de la sociedad y está profundamente ligada a los conflictos y la inestabilidad, poniendo en peligro el desarrollo social y económico y las instituciones democráticas y el Estado de derecho”.

Pero va más allá, la corrupción, dice la ONU en su sitio web “no solo sigue al conflicto, sino que a menudo es una de sus causas fundamentales”. Por esta y muchas otras razones se decretó el día 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción.

Continuidad

La política frontal contra la corrupción es también estandarte del gobierno que, desde 2013, encabeza el presidente Nicolás Maduro.

Durante la celebración del aniversario 22 de la victoria popular contra el golpe de Estado del año 2002, el presidente Nicolás Maduro dio un paso más allá en materia de política de Estado contra la corrupción.

“Ha llegado la hora”, dijo el Presidente, “de una reforma constitucional para introducir en nuestra Constitución la pena de cadena perpetua para la corrupción, de inhabilitación de por vida por  corrupción, de cadena perpetua a la traición a la patria y a los graves delitos contra el pueblo”.

La propuesta es consecuencia de los resultados de la más reciente operación policial que, el propio Maduro, denominó “Operación Caiga quien Caiga”.

No sólo declaración

“El nombre (Caiga quien caiga), o es pretencioso, ni le queda grande”, estimó el periodista argentino Marcos Salgado, quien además es analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).

Hasta el lunes 3 de abril de 2024, añade Salgado, “eran cuarenta y cuatro detenidos”, incluidos el diputado y miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Hugbel Roa, y el superintendente de Criptoactivos, Joselit Ramírez.

Más tarde, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, actualizaría la cifra  del total de detenidos por casos de corrupción: 58 personas, “y faltan 18 por apresar”, aseguró.

En realidad, “Caiga quien caiga” le siguió a una operación anterior denominada “Mano de hierro”, del año 2022-23 y en la que se apresó a un grupo de funcionarios señalados de integrar una banda de narcotraficantes y de contrabando de gasolina. Fueron capturados: dos diputados, dos alcaldes y dos fiscales.

Otro año más atrás, (julio de 2022), una diputada del Gran Polo Patriótico (GPP) fue capturada por estar vinculada con esa misma banda. Poco después, otro diputado miembro de GPP fue acusado por su relación con grupos delincuenciales que asesinaron a un funcionario policial y a un miembro de la Guardia Nacional en la ciudad de Maracay.

Pero sin duda, el caso más impactante involucró al entonces ministro de petróleo y cabeza de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Tarek El Aissami.

Refiriéndose a la operación en la que fue capturado el exministro de petróleo, el propio presidente alertó al país que “con conocimiento absoluto de todas estas pruebas, que esto es apenas el 1% de lo que tenemos. Puedo garantizar que esta investigación ha arrojado elementos contundentes; que se configuró una mafia muy corrupta que aprovechó la confianza y el poder que se les dio no solo para robar y desfalcar al país, sino que se articuló en un plan con la derecha extremista y con el gobierno de EEUU”.

Voluntad

En total, desde el año 2017 hasta el presente, la justicia venezolana ha develado y encarcelado a los responsables de 31 tramas de corrupción, según declaraciones del fiscal general,Tarek William Saab.

"Han sido judicializados”, estalló el fiscal, “194 personas y 75 han sido condenados. En términos generales, desde nuestra llegada al MP han sido imputadas 16 mil 90 personas, fueron presentadas 6 mil 67 acusaciones y hay un total de 3 mil 976 personas condenadas".

 Para Marcos Salgado “la difusión de imágenes de algunos de los detenidos, vestidos de traje naranja, a través del canal estatal Venezolana de Televisión muestra la voluntad política de mostrar firmeza”, respecto de la lucha contra la corrupción.

La fuerza del ejemplo

El pasado 13 de mayo, y entrevistado por el podcaster brasilero Diego Ruzzarin, el presidente Maduro volvió a referirse al combate contra la corrupción.

Dijo que en Venezuela y en su gobierno, este combate “es real y se hace mucho”.

Mientras más elevada sea tu responsabilidad, precisó el mandatario, “tu compromiso de pulcritud debe de ser mayor. Y si violas (ese compromiso) el castigo tiene que ser superior. Tiene que incrementarse, inclusive”.

Luego señaló que “lo fundamental contra la corrupción es trabajar en la educación en los valores, en la moral, en la espiritualidad. En el compromiso con una nueva espiritualidad de todo aquel que tiene funciones públicas”.

Para el presidente Nicolás Maduro, “no hay intocables en una verdadera revolución”.

ERNESTO J. NAVARRO / CIUDAD CCS