03/08/2024.- En los procesos electorales de los últimos 25 años en Venezuela, no recuerdo un alboroto tan grande con las actas de resultados electorales. Por eso, cuando Biagio Pilieri dijo diez días antes del 28 de julio que solo reconocerían los resultados de "sus actas" electorales, ingenuamente la declaración fue tomada como una prueba más de que María Machado no reconocería los resultados. Eso es algo que estaba dentro de lo esperado, dado su invariable irrespeto al Poder Electoral.

Nadie presagió lo que había detrás de esa declaración de reconocer solo "sus actas". En aquel momento, era curioso que Pilieri mencionara con énfasis la expresión de "sus actas", incluso de forma envalentonada. Por su pasado de agitador comunicacional en Yaracuy, podría pensarse que Pilieri enviaba un mensaje adelantado para el antichavismo votante.

Hoy tiene sentido por qué solo reconocerían "sus actas". La controversia que han provocado con los resultados es la piedra angular de un entramado técnico, jurídico y cibernético, que busca dejar instaladas en el imaginario popular más dudas que certezas sobre la transparencia y credibilidad del sistema electoral venezolano.

Lo normal, democrático y sensato —tres términos difíciles de ubicar en el sector de la extrema derecha— era que si tenían dudas sobre los resultados, impugnaran el proceso conforme a la ley; no que usurparan al Consejo Nacional Electoral (CNE), publicando sus propias "actas" con resultados.

Sin embargo, vista la violencia callejera desplegada en los últimos días para acompañar la usurpación en flagrancia, era obvio que no lo iban a hacer. Están cumpliendo cabalmente su misión de deslegitimar al Poder Electoral e imponer un CNE paralelo.

¿Cómo lo están haciendo? Con la misma estrategia de las sanciones, pero en su versión electoral. Desde afuera, la extrema derecha pide sanciones que paralicen las arcas del Estado; y desde adentro señalan, con alto volumen en redes y medios, la "ineficiencia" del Estado para dar respuestas a los problemas financieros causados por esas mismas sanciones.

Con los resultados electorales, ocurre algo similar. Desde afuera, atacan el sistema del CNE, impidiendo que se publique a tiempo y de forma desglosada el escrutinio automatizado. Luego, los mismos sectores de la extrema derecha, señalados de jaquear la transmisión de datos, presionan dentro y fuera del país para que se publiquen las actas, a sabiendas de que el sistema electoral y los poderes públicos no lo harán con la premura que todos piden. Ello se debe a que el Poder Electoral sigue recibiendo ataques cibernéticos, parte de ellos anunciados públicamente por el grupo delictivo del jaquer Anonymous.

Con esa narrativa en curso, alteran cualquier atisbo de sensatez para procesar los resultados oficiales. Para ello, aprovecharon al máximo el excesivo silencio de las autoridades del CNE tras culminar la votación el 28 de julio.

De ese modo, los victimarios de la credibilidad electoral del país se presentan como víctimas. Así justifican la tropelía de las guarimbas y la publicación ilegal de "sus actas" como supuesta verdad irrefutable.

Todo esto le permite a sus aliados extranjeros, con EE. UU. a la cabeza, reincidir en el reconocimiento de un nuevo "presidente paralelo", esta vez no autoproclamado en una plaza como lo hizo Guaidó, sino autoelecto con sus propias "actas" publicadas en un sitio web alojado en EE. UU.

Si sus actas fueran válidas, como sostienen, no mancillarían su lucha permitiendo en su nombre la propagación de la violencia callejera que afecta a todos por igual, desde ciudadanos comunes hasta comerciantes y empresarios. Tampoco perderían la oportunidad para demostrar frente a cualquier instancia del Estado, incluida el CNE, que ganaron las elecciones.

Un vencedor electoral convencido de que le asiste la razón no quema el país para imponer lo que cree. Lo demuestra en el campo de la sensatez y la ley, sin dañar al propio terruño que quiere gobernar.

¿Por qué no lo hacen? Porque buscan reafirmar en el antichavismo y parte de la comunidad internacional dos percepciones inoculadas con saña desde hace años, al margen de la legalidad institucional del Estado: primero, que el CNE es fraudulento, para lo cual cuentan con sus propias "actas", como lo mencionó Pilieri con tanta importancia antes de las elecciones; y, en segundo lugar, se venden como una supuesta mayoría que no la dejan asumir el cargo. Por tanto, activan otro de sus mantras antidemocráticos: "Dictadura no sale con votos". Desde este enunciado, podemos esperar por parte de ese sector de la ultraderecha cualquier cosa inverosímil y perjudicial.

Asistimos, entonces, a una nueva versión del "acta mata votos" del viejo puntofijismo, resucitado ahora con el uso de las tecnologías de comunicación e información y el despliegue de una guerra cognitiva, alimentada por redes y plataformas electrónicas, capaces de poner a dudar a algunos.

En lo sucesivo, saldrá el esperado desglose de los resultados electorales que sepultará, como sucedió en el pasado, este nuevo grito de fraude. El pueblo confía en que la fuerza real de los votos detallados vencerá el ruido malintencionado de las actas.

Manuel Palma