14/08/2024.- Cuando en el mundo se discute sobre el incremento del odio y el neolocoloniaje en los canales cibernéticos, desde WhatsApp hasta X, una historia similar, aunque con otros matices, nos muestra la del canal de Panamá como enclave de dominación y control territorial y marítimo. En él, los gobiernos de Estados Unidos, desde Theodore Roosevelt hasta Joe Biden, han dado muestras que ratifican que América Latina es su patio trasero, donde pueden hacer con nuestros territorios y recursos lo que les convenga y les dé la gana.

Este relato será breve, a fin de que usted pueda indagar con mayor profundidad sobre esta historia que comenzó a finales del siglo XIX. En ese entonces, el empresario francés Ferdinand de Lesseps, el mismo constructor del canal de Suez, propuso al gobierno de Colombia la construcción de una vía de aguas marítimas y lacustres que comunicara el océano Atlántico con el Pacífico.

Dado que el coloniaje francés no pudo concluir la obra en vísperas de la Primera Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos asumió la costosa pero estratégica empresa. Ante la negativa del Congreso de Colombia a autorizar la continuación de la construcción del canal, el gobierno de Theodore Roosevelt y su diplomacia conspiradora provocaron una rebelión interna con políticos secesionistas del Istmo, para separarlo de Colombia y negociar la terminación del canal. Hay que añadir la perla histórica de que el ingeniero francés Philippe Bunau-Varilla, jefe de la construcción del canal, fue nombrado ministro del naciente gobierno panameño, presidido por el colombiano Manuel Amador Guerrero. Esa jugada delincuencial fue tramada por el abogado norteamericano William N. Cromwell, personaje al servicio de Theodore Roosevelt y del propio Bunau.

El contrato con el gobierno de Panamá superó las expectativas de autonomía y soberanía que cualquier Estado republicano podía esperar. El área del canal fue declarada territorio estadounidense a perpetuidad, condición que fue subvertida 74 años después con el tratado Torrijos-Carter, el 1.° de octubre de 1979.

En 1903, se firmó el tratado Hay-Bunau-Varilla. El primero, John Milton Hay (representante del gobierno de Estados Unidos), y el segundo, Philippe Bunau-Varilla (francés), en representación del gobierno de Panamá, daban a EE. UU. la potestad y dominio de una franja territorial de 16 kilómetros de ancho, que cruzaba el Istmo desde el Atlántico hasta el Pacífico, a cambio de protección militar y seguridad territorial contra cualquier agresión. También concedieron "los derechos, poder y autoridad que los Estados Unidos poseerían y ejercitarían si ellos fueran soberanos del territorio…".

El canal fue inaugurado el 15 de agosto de 1914. La Primera Guerra Mundial había comenzado en julio de ese año y significó un salto gigantesco para las relaciones comerciales del este con el oeste de América, Europa y Asia. Las grandes casas comerciales norteamericanas y europeas encontraron la oportunidad del siglo para aumentar sus ganancias milmillonarias, sin que los pueblos de América, y en especial el pueblo panameño, recibieran, a cambio, nada más que las reiteradas injerencias, intervenciones militares y sucesivas amenazas de orden diplomático y militar de Estados Unidos.

Durante todo el siglo XX, EE. UU. ejerció el dominio sobre el canal, a pesar del tratado Torrijos-Carter (1979), que daba autoridad y derechos a Panamá sobre su canal. El mismo presidente Omar Torrijos fue asesinado cuando la aeronave donde viajaba sufrió una avería inexplicable que la destruyó. Desde el 20 de diciembre de 1989 al 31 de enero de 1990, Estados Unidos invadió ese país con más de 26 mil tropas y una extravagante movilización de equipos y fuego aéreo y terrestre para derrocar al gobierno de Manuel Antonio Noriega. Desde entonces, una sucesión de mandatarios entreguistas han ocupado el poder político que ha tenido a Panamá bajo la tutela estadounidense.

Panamá, tras las cuentas de la intervención norteamericana, se convirtió en uno de los países más corruptos del mundo, un enclave del narcotráfico hacia EE. UU. durante los años ochenta y noventa y la estación mundial de un paraíso fiscal donde se descubrieron "más de 11,5 millones de documentos del bufete Mossack Fonseca", con sede en Panamá, en 2016. Estos revelaron "detalles sobre transacciones financieras oscuras de cientos de miles de clientes en múltiples jurisdicciones", según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), con sede en Washington.

La más reciente visita de la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur, a Panamá confirma las ataduras de una diplomacia de guerra que EE. UU. ha implantado en el Caribe, cuando comprometió al nuevo gobierno panameño a sostener un encuentro del más alto nivel con el presidente José Raúl Mulino, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, y el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego. El objetivo era, supuestamente, "conversar sobre cooperación bilateral en seguridad y las estrategias para contener la migración irregular sin precedentes a través de la selva del Darién", según una nota del Departamento de Estado. La verdad es que a través del canal, que ahora es administrado por Panamá, pero tutelado por EE. UU., circulan cerca de 270 mil millones de dólares estadounidenses en mercancía, lo que significa que por esta vía transita 3% de todo el comercio marítimo mundial, para conectar 180 rutas comerciales de 170 países, a través de 1.920 puertos en el mundo.

Para Estados Unidos, Panamá sigue siendo un enclave estratégico de dominio y control comercial en América y a nivel global.

Aldemaro Barrios Romero