28/09/2024.- Después del auténtico acto de votación para elegir al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, del domingo 28 de julio de 2024, que culminó con la reelección del candidato del Gran Polo Patriótico (GPP), Nicolás Maduro Moros, con la cual se consagra la irrevocabilidad del carácter socialista de la revolución, la oposición ultraderechista volvió a caer en el círculo vicioso de cantar fraude electoral, supuestamente por considerar que su candidato Edmundo González Urrutia (EGU) fue el ganador de los comicios del 28J, basándose en actas de escrutinios totalmente llenas de ineficacia legal y que fueron elaboradas por la empresa Súmate propiedad de la discordante señora María Corina Machado, jefa de propaganda de la candidatura de EGU; hecho que constituyó un acto simulado digno de llamarlo estafa. 

Nicolás Maduro Moros, candidato reelecto para el período de gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, período 2025-2031, según resultados dados a conocer por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, en el segundo boletín del 97% de las actas de los votos escrutados, en el día viernes 2 de agosto de 2024. Maduro obtuvo 6.408.844 votos, el 51,95%. El candidato opositor, Edmundo González Urrutia (EGU), obtuvo 5.326.104 votos, el 43,18%. El presidente del CNE, antes de informar el resultado comicial, aclaró sobre el colosal ataque informático masivo a que fue sometido desde distintas partes del mundo la estructura sistemática del poder electoral, lo cual resultó en demora a la hora de informar de manera oportuna el resultado del proceso de la elección presidencial. 

Durante los ataques informáticos se coordinaron además los asesinatos de 27 venezolanos, las quemas de casas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y algunos centros del GPP, sabotajes a unidades de salud CDI y Barrio Adentro, el asalto a Radio Venceremos de Carora, la quema de centros electorales, las campañas internacionales de prensa, guarimbas y todo aquello que le ha servido al Occidente colectivo para malentender los resultados de las votaciones en Venezuela con miras a sacar a Nicolás Maduro del poder. 

Lo acontecido en Venezuela el 28 de julio de 2024 sirvió para medir, a través de la historia patria, nuestra libertad. El PSUV y demás integrantes del GPP se han enrumbado de manera firme hacia la verdadera democratización de todos los aspectos de la vida de la sociedad venezolana. Sin embargo, no se puede ignorar que el 100% de las comunicaciones instauradas en el país con el resto del mundo pasa por algún nodo (puntos de control de las comunicaciones de Venezuela y Latinoamérica), administrado directa o indirectamente por Estados Unidos (EE. UU., que tiene el poder de manipular, intervenir y/o paralizar los equipos tecnológicos informáticos que no cumplen con los objetivos de la comunicación, trazados por la Casa Blanca.

Lamentablemente la cibersoberanía de Venezuela y de América Latina aún es una ilusión. Sacudirse de los proveedores de internet que se subordinan a los intereses de las corporaciones transnacionales no es nada fácil, porque ya se les ha entregado datos, hábitos y sueños de los habitantes de nuestros países. De esto se han aprovechado los politiqueros vendepatria de la oposición en un contexto de guerra mediática que les ha significado jugosos dividendos con los cuales se han podido enriquecer ilícitamente con la venta fraudulenta de empresas del Estado venezolano, como Monómeros, Citgo, y con el dinero sucio recibido de las mafias contrarrevolucionarias, comprometidas directa e indirectamente con la administración estadounidense. 

El obrar de los que dirigen la oposición ultraderecha, con brutal perversidad y premeditación, debe ser digno de sanciones con privación de libertad hasta 20 años o más, cuando concurran en cualquiera de las circunstancias siguientes: asesinar intencionalmente; torturar; infligir grandes sufrimientos y/o atentar contra la integridad física o la salud; destruir bienes y apropiarse de ellos, ilícita y arbitrariamente; dirigir intencionalmente las guarimbas; saquear; cometer ultrajes contra la dignidad de las personas, en particular tratos humillantes y degradantes; alistar o contratar niños menores de 15 años y utilizarlos para participar activamente en hostilidades; etc. 

Estas infracciones graves contra personas o bienes protegidos por la legislación penal venezolana vigente, deberían ser calificadas tanto para sus autores intelectuales como para sus autores materiales. 

Así pues, es de fundamental importancia que el Estado venezolano active los juicios constitucionales y legales correspondientes a los responsables de los actos violentos contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros y el pueblo venezolano, a fin de reparar los daños morales y materiales causados y para se disponga condena a los procesados. 

J. J. Álvarez