12/10/2024.- El cadáver de la colonia española pareciera estar tratando de salir del ataúd en el que está enterrado en el cementerio de la historia hace más de doscientos años. Con un siniestro plan, el hoy Parlamento de España pretende seguir resquebrajando las relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela. La petición de la mayoría de diputados del derechista Partido Popular de este Congreso español se extremó en reconocer al excandidato Edmundo González Urrutia (EGU) como el presunto ganador de las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el día domingo 28 de julio de 2024. Todo un acto de injerencia en los asuntos internos de nuestra nación. Esto implicó desconocer a Nicolás Maduro Moros como el único y verdadero ganador de las elecciones, con el 51,90% de los votos, según resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y ratificados por decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuya jurisdicción contencioso electoral contó con la solicitud del candidato del Gran Polo Patriótico (GPP), Nicolás Maduro.

El Parlamento español —las Cortes Generales— tiene la competencia legislativa del Estado español, pero no del Estado venezolano. Esa asamblea de diputados españoles tiene competencia para aprobar presupuestos, controlar la administración del gobierno español y todo aquello que sea de competencia constitucional, excepto entrometerse erróneamente en los asuntos internos de otros Estados. El caso EGU busca copiar en parte el tema de la autoproclamación de Juan Guaidó. ¿Les dice algo el nombre de Juan Guaidó? Es un improvisado personaje, mal preparado y hambriento de fama, de dólares y euros, dirigido por Washington, que ha hecho empatía con lo peor de la delincuencia organizada, del lavado de dinero y las drogas. Juan Guaidó es responsable del robo de 3 mil 100 millones de dólares al Estado venezolano, según precisó el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, el día 1.° de enero de 2021.

El jueves 12 de septiembre de 2024, el presidente de la AN instó al presidente de la República de Venezuela a romper las relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con el Reino de España. El motivo es la insistencia del Parlamento español en desestimar la transparencia del acto de votación celebrado el domingo 28 de julio de 2024, el cual estuvo basado en la ley que regula los procesos electorales, que no se podrá modificar en forma alguna en el lapso entre el día de la elección y los seis meses anteriores a la misma. El derecho internacional prohíbe a órganos legislativos de un país emitir dictámenes contra un país extranjero que implique obligarlo a echar por tierra sus normas constitucionales y legales. Eso es intervencionismo.

Es bien sabido que la candidatura de la oposición del señor Edmundo González Urrutia estuvo dirigida por la señora María Corina Machado, quien es fundadora y propietaria de la encuestadora Súmate, con la cual ha tratado de alterar los resultados del CNE, anunciando fraude electoral y justificando una presunta victoria del candidato González Urrutia. De esto se ha aprovechado subrepticiamente el Congreso español para pedir al gobierno del presidente Pedro Sánchez que reconozca como presidente electo de Venezuela al señor González Urrutia.

El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, el martes 8 de octubre de 2024, volvió a cuestionar la injerencia del Congreso español en los asuntos internos del país, que ya rompió la tolerancia. Seguidamente, reiteró la petición de rotura de relaciones con el Reino de España e hizo saber al presidente de la República, Nicolás Maduro, el recuento de la aprobación de lo tratado al respecto, para que, en el marco de sus atribuciones y obligaciones, declare en informe lo procedente, conforme a la Constitución y la ley.

Estamos en presencia de un acto neocolonial inadmisible, que viola los principios de autodeterminación, de independencia y de soberanía, que son las únicas alternativas para salvar el honor de Venezuela, tanto en política interior como en política exterior.

J. J. Álvarez