11/03/24.- Cristina Fernández, expresidenta de la República Argentina, fue condenada por delitos de corrupción este miércoles por la Cámara Federal de Casación de Argentina a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Cabe destacar que este es el fallo de segunda instancia que enfrenta la exmandataria, a quien ya solo le queda la alternativa de apelar ante la Corte Suprema de Justicia para tratar de revertir una sentencia que complica su futuro político.

Mientras tanto, Fernández de Kirchner manifestó: "No existió ni una sola prueba en mi contra. El único objetivo del proceso, agregó, es que nunca más vuelva a ocupar cargos públicos. Lisa y llanamente proscripción de por vida", afirmó en una carta en la que calificó al juicio como "un zafarrancho" del "partido judicial" que en toda América Latina ha perseguido a líderes de gobiernos populares, nacionales y democráticos como Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Evo Morales (Bolivia) y Rafael Correa. (Ecuador).

"Sepan que hagan lo que hagan, no van a hacerme callar. No fui ni seré nunca mascota del poder", aseguró al rechazar las imputaciones en su contra y adjudicarlas a una persecución.

Es preciso acotar que la condena de Casación sólo se hará efectiva si es ratificada por la Corte Suprema, el máximo órgano de justicia que suele demorar años en este tipo de fallos. Por eso Fernández de Kirchner no corre peligro de ser detenida de inmediata, además de que, si así lo desea, se podrá postular en las elecciones legislativas de 2025. En el peor de los casos, cumpliría prisión domiciliaria, ya que es un beneficio que obtener las personas mayores de 70 años.

La causa

La expresidenta fue condenada el 6 de diciembre de 2022, al término de un juicio que duró tres años y medio, en el que hubo 13 imputados, más de 100 testigos y varios escándalos y denuncias de parcialidad por parte de los funcionarios judiciales.

En ese proceso, los fiscales pidieron una pena de 12 años, pero los jueces consideraron que bastaba la mitad, ya que la absolvieron por el delito de "asociación ilícita" y solo la consideraron culpable de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".

Todo ello ocurrió en el marco de lo que la prensa bautizó como "causa vialidad", en la que se acusó a Fernández de Kirchner de haber encabezado una asociación ilícita que, durante sus dos gobiernos (2007-2015) y el de su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner (2003-2007), favoreció con millonarios fondos de obras públicas al empresario Lázaro Báez, quien era amigo y socio de la pareja.

El amigo Báez

La investigación se originó en una auditoría realizada por la Dirección Nacional de Vialidad en 2016, durante el Gobierno de Mauricio Macri, a 51 contratos de obras públicas que obtuvo Báez en Santa Cruz, la provincia ubicada en el extremo sur del país que ha sido el feudo político de la familia Kirchner.

Es preciso referir que Néstor Kirchner gobernó Santa Cruz desde 1991 hasta 2003, cuando se convirtió en presidente. Desde entonces, su amigo Báez habría comenzado a obtener licitaciones que lo enriquecieron de manera acelerada. Hoy está condenado en otras causas por corrupción.

El juicio marcó una parteaguas en la historia política de Argentina porque, en ese momento, Fernández de Kirchner todavía era vicepresidente. Fue la primera vez que un personaje político con un cargo tan alto era condenado todavía en ejercicio de sus funciones.

Ya en la recta final del proceso, se descubrió que jueces, funcionarios y empresarios de medios habían realizado un lujoso y secreto viaje a la Patagonia, con todos los gastos pagados por el Grupo Clarín, los multimedios más importantes del país y máximo enemigo del kirchnerismo. .

Uno de los viajeros era el juez Julián Ercolini, instructor de la causa contra Fernández de Kirchner, es decir, quien reunió los supuestos elementos de prueba y los suficientes para que la investigación llegara a juicio oral y público. Pese a las múltiples anomalías e impugnaciones, el proceso contra la expresidenta siguió su curso.

Ciudad CCS