16/11/2024.- El genocidio israelí cometido en la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén y en otras regiones palestinas y árabes, es la conducta más asesina, cruel y despiadada de los autores confesos de semejante monstruosidad, por los ataques indiscriminados contra la población civil de Palestina. Su autoría recae sobre el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, su exministro de Defensa, Yoav Galant, y el nuevo ministro de Defensa, Israel Katz, otrora ministro de Relaciones Exteriores de Israel.

Tanto Benjamín Netanyahu y Yoav Galant como Israel Katz, sionistas de pura cepa, están involucrados en crímenes de guerra contra la población civil palestina. Es conocida la demanda de la República de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), contra Israel, de fecha 29 de diciembre de 2023, por incumplimiento de las obligaciones preceptuadas en la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra el delito de un genocidio que ha ocasionado más de 43 mil muertes y más de 103 mil 76 heridos. Son datos que no toman en cuenta las decenas de víctimas bajo los escombros y en las carreteras como consecuencia de los ataques, bombardeos y ametrallamiento de la aviación israelí. La intención ha sido la de exterminar, total o parcialmente, a la población civil indefensa de Palestina. La demanda sudafricana exige que se detenga el genocidio con la puesta en práctica de un cese inmediato a las operaciones militares, con un alto el fuego que permita la llegada de la ayuda internacional humanitaria a la población palestina, que siempre se ve perturbada por la agresión israelí.

El Estado de Israel, fundado el 14 de mayo de 1948, sufre en carne propia los efectos de la política de su gobierno sionista en las tierras palestinas ocupadas. Su ideología no ha sido más que un vulgar racismo, clara expresión de intolerancia, discriminación racial, inmoralidad, aventurerismo político; personificación del culto y la violencia. En la actualidad, hay que sobrepresionar a Israel para que asuma su responsabilidad, detenga el genocidio en Palestina y en parte del Medio Oriente, e interrumpa los planes de ataques contra otros pueblos árabes, como el Líbano y Siria.

El caso del genocidio de Israel contra Palestina ha sido llevado y tratado varias veces en el espacio del Consejo de Seguridad de la ONU, donde se han rendido informes periódicos, a lo que se agrega la demanda ante la CIJ y la decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). En este sentido, en el Consejo de Seguridad de la ONU se han adoptado varias resoluciones donde se ordena a Israel el cumplimiento de un alto al fuego duradero en Palestina, aunque esto ha sido ignorado, en contra de los propósitos de la ONU. Una de las resoluciones más recientes fue aprobada el 25 de marzo de 2024. Por su parte, la CIJ aprobó, el 19 de julio de 2024, la resolución para poner fin a la presencia israelí en los territorios ocupados en Palestina, otro mandato incumplido. La Fiscalía de la CPI estableció las órdenes de arresto para Benjamín Netanyahu y Joav Galant, respectivamente primer ministro y ministro de Defensa del Estado de Israel, por crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad en los territorios ocupados en Palestina. Benjamín Netanyahu calificó de absurda la decisión y prosiguió con el derramamiento de sangre en la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén. Ninguna de estas resoluciones alcanzó los objetivos de las citadas instituciones internacionales.

Los hechos demuestran que el Estado de Israel, miembro número 59 de la ONU, por el hecho de no haber ratificado y no ser Estado parte del Tratado del Estatuto del Tribunal Penal Internacional, solamente puede ser aconsejado para que no siga cometiendo delitos de genocidio contra la población civil pacífica de Palestina. Esto es una muestra de las deficiencias de las normas que carece el derecho internacional humanitario, y esto impide un mayor respeto a su cometido para enjuiciar a los infractores del derecho a la vida. Lo otro es que existen intereses políticos que contravienen la ética del derecho internacional vigente, los cuales terminan por prevalecer en los juicios contra criminales de guerra y en los procesos de crímenes de lesa humanidad.

Israel no puede sostenerse a sí mismo sin confiar en la ayuda de Estados Unidos (EE. UU.), con el que mantiene un matrimonio de interés por efecto del volumen de ayuda económica, técnica, militar y de protección ideológico-política que recibe de la administración estadounidense. Esa ayuda que, sin precedentes, presta EE. UU. a Israel, está condicionada para que cumpla funciones que favorezcan a los intereses de Casa Blanca en el Medio Oriente. De otra manera, Israel no podría obtener el estatus de socio "especial" de Washington, que tiene desde hace más de 76 años.

Admitida Palestina con el carácter de Estado observador en la ONU, y además admitida en la Unesco, ha llegado el momento de acabar con la impunidad de Israel y la complicidad de Estados Unidos. El enjuiciamiento por los crímenes de guerra y lesa humanidad contra el Estado de Israel, en las personas del primer ministro, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Joav Galant, debe ir más allá de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y las decisiones de la CIJ y la CPI.

J. J. Álvarez