04/12/2024.- De los españoles nuestra sociedad heredó una carga que pesa más que una tonelada de culpas: me refiero en este caso al “nominalismo hispano”, consistente en creer que cada problema se resuelve con una ley específica.

Como si los textos aparecidos en la Gaceta Oficial de inmediato van a ser entendidos y acatados por la ciudadanía, que desaprensivamente convive con los problemas que pretende acabar la ley aparecida en esa Gaceta.

Y no se trata de criticar el texto de determinado instrumento legal porque más bien me refiero al “cómo se pondrá en práctica”, e incluso a revisar si la ley era necesaria en el sentido de que todas o gran parte de las ofensas que el texto legal pretende combatir estaban contenidas en otras leyes vigentes.

La ley denominada con el nombre del Libertador era y es necesaria, a pesar de caer en los supuestos como para pensar que por sí sola no resuelve nada que no estuviera penado con las leyes vigentes.

Y era necesaria como respuesta a la insolencia yanqui de nombrar como “Acta Bolívar” un instrumento legal redactado a la carrera en el vano intento de caerle bien al electo.

Ley votada por un Congreso yanqui arrodillado ante Trump, votando esos diputados un acta que es cómo allá llaman las leyes aprobadas por los legislativos, que nada añade a las sanciones señaladas y castigadas en instrumentos legales vigentes.

Ese dato comprueba que el “nominalismo hispano” no es mal exclusivo de los hispanos, ya que evidentemente la enfermedad contagió a los yanquis, y ese punto sería lo único positivo en la babosada de llamar “Bolívar” un acta inútil que de todas maneras el Libertador de estar vivo seguramente la habría rechazado.

Pero ese no es el punto, y para explicar mejor, nada cómo señalar hacia el pasado.

Los adecos unas décadas antes de su definitiva caída ya estaban carcomidos por la corrupción que era imposible de ocultar, y contando con la mayoría parlamentaria, votaron una “Ley Anticorrupción”, con “penas ejemplares”.

Era una ley que acababa con la barbaridad medieval de invertir la carga de la prueba, un milenario anhelo de la humanidad consistente en qué el acusado no tiene que demostrar su inocencia, sino que es el Estado o el mandamás, quien debe probar la culpa del acusado.

Ley que rechazaba la herencia romana del “en caso de duda, se falla a favor del reo”.

Bien: aquella ley se votó y salió en Gaceta, pero la corrupción siguió e incluso creció hasta que un país cansado mandó al puntofijismo de adecos y copeyanos a las duchas.

La nueva Ley Bolívar realmente no añade nada que no esté contemplado en el Código Penal, e incluso en el Código que rige a los militares porque quien pide que invadan a su país, simplemente, no se puede considerar un civil.

Pero era necesaria, como necesario es que el país entienda la situación que se enfrenta con una oposición que ha demostrado importarle un comino la integridad territorial, el tesoro público y un largo rosario de etcéteras, oposición que en adelante, al no poder seguir robando los activos nacionales, irá al terrorismo porque pueblo ya no tiene.

Pero volviendo al “nominalismo hispano”, recuerdo que una ley no resuelve nada como tampoco lo resolvieron leyes anteriores, tratándose de problemas y vaya que lo es enfrentar una oposición dispuesta a hacer lo que desde el norte les ordenen, si no hay la decisión de hacerla cumplir.

Esta oposición, que ya comenzó a practicar el terrorismo, pudo ser detenida y condenada desde aquel lejano “paro petrolero” y el golpe de Carmona Estanga en 2002 y 2003.

Pudo ser apresada, inhabilitada y condenada cuando sin tramitar permisos en 2014 comenzaron a trancar autopistas, a lanzar bombas de caca a jóvenes policías y militares que cumplían su deber de mantener el orden.

Para no mencionar los años de escalada entre el 2017 y el 2019 cuando inventaron que aquel payaso y ladrón del Guaidó era Presidente.

O más recientemente cuando EGU llama a desconocer a las autoridades electorales y jurídicas, sin tener la menor prueba de que fue birlado. Solo espero que esta ley se aplique a quien la burle, que no hayan “negociaciones” sean estas mexicanas, dominicanas, noruegas o dónde sea para desaplicar la ley “por motivos políticos”.

Domingo Alberto Rangel