12/12/2024.- Se hizo viral este pasado lunes un video de dos adolescentes, estudiantes de bachillerato, peleando en una plaza pública en Petare. Uno de los involucrados quedó tirado en el suelo inconsciente y con lesiones en la nariz.

Refieren los portales de noticias que la policía municipal intervino y citó a los representantes de ambos muchachos. Los padres del que causó la mayor lesión se comprometieron a costear el tratamiento médico.

Me pregunto: ¿y si en vez de una lesión hubiera sido la muerte del joven? ¿También el compromiso iba a ser pagar? ¿Cuánto costaría devolverle la vida a otro ser humano?

Ya he referido en oportunidades pasadas que en nuestro país tenemos un Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes (SPRA), previsto en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), con toda la normativa en esta materia. El mismo contempla una serie de sanciones que va desde amonestación, imposición de reglas de conducta, servicios a la comunidad, libertad asistida y semilibertad hasta privación total de la libertad.

Más allá de eso, ¿dónde queda la responsabilidad de la madre, del padre o los representantes? Ellos son responsables de los niveles de violencia de sus hijos.

Entonces, si se estableciera una responsabilidad penal solidaria donde el papá y la mamá de un adolescente que comete un delito por motivos de abuso y acoso escolar pudieran ser condenados también por eso, ¿se preocuparían más por la conducta de sus hijos en los liceos y otros espacios de interacción social?

Es necesario crear mecanismos de control social que obliguen a padres, madres y representantes a velar y ser garantes de que sus hijos no causen daños a terceros o a sus semejantes. Pareciera que la errada percepción de que "muchacho no es gente grande" impera en nuestra idiosincrasia y opera como salvoconducto para no respetar límites de convivencia y tolerancia.

Es característico que los adolescentes que demuestran este tipo de conductas pertenecen a familias que dan poca importancia a los malos comportamientos. De igual modo, una sociedad donde el daño que los adolescentes puedan causar no les atañe a sus padres, más allá de una eventual lesión patrimonial, resulta cómoda e ideal para estos patrones familiares.

Si, por el contrario, por el delito que cometieran sus hijos o hijas que no hayan alcanzado la mayoridad, también tuvieran ellos sanción penal, entonces se verían conminados a estar preocupados y ocupados en la buena y prudente conducta de sus representados.

Debemos empezar a ver a nuestros hijos también como agresores, no solo como víctimas. Hay que insistir en la importancia de no hacer daño a otros, así como cuidamos de que otros no les hagan daño a ellos. Si esto no se da por consecuencia natural y lógica, pues que se procure a través de los métodos coactivos de la ley.

Carlos Manrrique