06/02/25.- El expresidente colombiano, Álvaro Uribe, enfrenta desde este jueves un juicio oral en su contra por los delitos de soborno y fraude procesal, pese a pedidos de la defensa de aplazar, el que es el último escalón del histórico proceso penal antes del fallo. El abogado de Uribe, Jaime Granados, había pedido retrasar el inicio de este ciclo, argumentando que requería más tiempo para analizar las pruebas.

En una audiencia virtual, la jueza Sandra Heredia, quien dirige el proceso, rechazó ese pedido, que las víctimas consideran una maniobra para dilatar el proceso que prescribiría el 9 de octubre, si no hay un veredicto.

“Los aplazamientos a última hora afectan de verdad el trámite (…) vamos a instalar hoy en día el juicio oral”, afirmó Heredia, añadiendo que no es posible aplazar las audiencias programadas, “máxime en este caso, cuando se aproxima una prescripción de la acción penal”.

Proceso judicial sin precedentes

El exmandatario (2002-2010) se expone a una pena de hasta ocho años de cárcel por un proceso que él mismo inició y que se ha convertido en bumerán judicial, lo que lo convierte en el primer exmandatario colombiano en responder penalmente ante la justicia, en un caso que ha tardado más de una década en llegar a los tribunales. Uribe deberá defenderse en juicio para demostrar la inocencia en la que ha insistido por años.

El caso inició en 2012, cuando Uribe demandó a uno de sus opositores políticos, el congresista de izquierda Iván Cepeda, al asegurar que estaba buscando a paramilitares para que declararan en su contra y lo relacionaran con la creación de un grupo paramilitar en la década de 1990, en una hacienda que perteneció a su familia, según refiere la agencia estadounidense de noticias Associated Press (AP).

Precisamente, una de las personas que se halla en prisión aseguró años atrás que Uribe y otros representantes de la oligarquía en el departamento de Antioquia, crearon la agrupación paramilitar conocida como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), responsables de numerosos crímenes contra la población civil.

Sin embargo, en 2018 la Corte Suprema de Justicia cerró la denuncia contra Cepeda y, en un giro del caso, abrió un nuevo proceso contra el expresidente para investigar si había sido él quien presuntamente intentó manipular testigos en contra de Cepeda.

Los magistrados ordenaron dos años después el arresto domiciliario del exmandatario, que para entonces era senador, argumentando que en libertad podría entorpecer la investigación.

En 2020, el expresidente colombiano, cuya gestión estuvo marcada por crímenes de Estado, entre ellos más de 6.000 falsos positivos, renunció a su escaño en el Senado, lo que permitió que su caso pasara a la justicia ordinaria.

Aunque la Fiscalía intentó archivar el proceso en dos ocasiones, los tribunales lo rechazaron, hasta que este año el organismo decidió formular cargos en su contra.

La jueza Heredia deberá determinar si la Fiscalía tiene pruebas suficientes para sostener que Uribe recurrió en el año 2018 al abogado Diego Cadena, para obtener testimonios a su favor de personas que se hallaban en cárceles.

Para obtener esos testimonios, Uribe habría incurrido en sobornos a esos privados de libertad, financiamientos que habrían sido entregados por Cadena, y les habría prometido beneficios carcelarios.

Uno de los puntos claves del juicio es la reciente decisión del Tribunal Superior de Bogotá de admitir como prueba, interceptaciones telefónicas realizadas por error en 2008. Aunque la orden inicial estaba dirigida a otro congresista, la Corte Suprema escuchó por un mes conversaciones entre Uribe y Cadena, lo que ha generado controversia en el proceso.

Este jueves, la audiencia tuvo una duración de cuatro horas, al término de las cuales se decidió reanudar el juicio el próximo lunes 10 de febrero. Para ese día, se espera que el expresidente comparezca de manera presencial ante la jueza en Bogotá.

La presencia física de Uribe en el juicio marcará un nuevo capítulo en este caso, que sigue siendo objeto de atención tanto en Colombia como en el ámbito internacional.

El desarrollo de este juicio no solo tiene implicaciones legales para el expresidente, sino que también podría tener un impacto significativo en el panorama político del país. La resolución de este caso será observada de cerca por diversos sectores de la sociedad, que esperan que el sistema judicial actúe con independencia y transparencia, en un proceso que podría sentar un precedente para futuros casos de esta naturaleza, señalan medios internacionales.

LUCILA CONTRERAS / CIUDAD CCS