12/02/25.- El prolongado caso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe ha tomado un nuevo rumbo. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la suspensión temporal del juicio en respuesta a la medida solicitada por el equipo de defensa, quienes solicitaron la recusación de la jueza encargada del caso, Sandra Liliana Heredia, argumentando que el rechazo inmediato de dicho recurso sin seguir el procedimiento establecido vulneraba los derechos fundamentales del exmandatario.  A la jueza se le adjudicó una supuesta falta de imparcialidad.

Los magistrados deben revisar de fondo la acción de tutela que utilizó la defensa del político, y que ha alegado que se han violado los derechos fundamentales al debido proceso de quien fuera el mandatario de Colombia entre 2002 y 2010.

Argumentos de la defensa

La defensa de Uribe presentó una acción de tutela contra el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá al considerar que se están violando los derechos fundamentales del debido proceso y el acceso a la administración de justicia del exmandatario.

El caso es que el pasado lunes fue denegada la solicitud de separar a la juez 44 de Conocimiento, quien tiene a su cargo el proceso en su contra. Para solicitar la separación de la jueza, los abogados del expresidente Uribe Vélez argumentaron que la magistrada "ha sido imparcial y está entorpeciendo la actuación de la defensa".

Por su parte, la magistrada colombiana rechazó la recusación en su contra y aseguró que no se le puede tildar de imparcial y que se centra en cumplir la Constitución y la ley.

Los abogados, liderados por Jaime Granados, hicieron una “solicitud urgente de medidas provisionales” que incluyen “suspender la actuación procesal” hasta que se resuelva la tutela y dejar sin efecto lo que ocurrió en la primera audiencia del juicio, celebrada la semana pasada.

Esencialmente, han argumentado que la jueza debió suspender la audiencia inicial del juicio por cuenta de una recusación de la defensa, al entenderla como un intento de dilatar el proceso. Y que, al no hacerlo, impidió que otro juez revisara los argumentos. “Al no haberse emitido una decisión de fondo frente a la recusación por parte de la juez accionada; por el contrario, rechazarla de plano al calificar la postulación como una acción dilatoria, permitió que otro juez valorara la situación”, se lee en la decisión en la que señala que está “en entredicho la imparcialidad de la funcionaria”.

Esa es la acción que llevó al magistrado Ramiro Riaño a frenar el proceso y a dar más largas a un caso que suma ya siete años, tres fiscales generales e innumerables horas de audiencias judiciales.

Reacciones

Ante la decisión del alto tribunal, se conocieron reacciones de ambos bandos. Mientras que el equipo del expresidente Uribe celebró la determinación, la bancada de presuntas víctimas, en cabeza del senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, consideró que se trata de una campaña de desprestigio contra los jueces de la República, y denunció que esta suspensión sería una nueva maniobra para la preclusión del caso.

El Tribunal tendrá 10 días para emitir un fallo acerca de la tutela, la cual, en caso de proceder, tramitará la recusación, incluso permitirá un cambio de juez. En caso de que la acusación contra la jueza sea desestimada, el proceso penal seguirá su camino normal con todas las garantías de imparcialidad y transparencia que la ley exige.

LUCILA CONTRERAS / CIUDAD CCS