04/03/25.- El expresidente de Perú, Pedro Castillo, alega que no pretende participar en un juicio falso e inconstitucional en su contra. 

Castillo acudió a la sala judicial del penal Barbadillo en donde se encuentra recluido desde el pasado 7 de diciembre de 2022, para solicitar leer una misiva que había enviado anteriormente para denunciar la ilegalidad del juicio oral. 

El exmandatario peruano está siendo acusado por presunto delito de rebelión cometido el 7 de diciembre de 2022. 

"Desde el 7 de diciembre de 2022, fui apresado ilegalmente tras un golpe de Estado orquestado por quienes no aceptaron el triunfo del pueblo. Me acusan sin pruebas, con testigos manipulados por la Fiscalía. Este juicio es una farsa de juicio oral, no un proceso de justicia", escribió Castillo Terrones este martes en su cuenta X. 

El expresidente manifiesta que los delitos que se le incriminan a él y a otros funcionarios de su Gobierno por presunta rebelión son ilegales e inconstitucionales.

En ese sentido, aseguró que ni la ex primera ministra de Perú, Betsy Chávez, ni el anterior ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres Vásquez, tienen responsabilidad en este proceso.

El abogado de Castillo afirmó que los delitos que se le imputan no proceden debido a que el defendido no se alzó en armas, lo cual es un elemento fundamental para declarar delito de rebelión.

"Soy el único responsable del discurso político del 7 de diciembre en el cual no cometí ningún delito de rebelión y otros. Ninguno de mis coacusados tiene responsabilidad alguna, ni directa ni indirectamente, ni antes, ni durante, ni después de los hechos", añadió Castillo en su publicación. 

Igualmente, los simpatizantes de Castillo recuerdan que el expresidente sufrió un lawfare (guerra legal) que le impidió gobernar y desde el inicio su Gobierno fue boicoteado para impedirle avanzar en las medidas que favorecían al pueblo y le quitaba poder a oligarcas. 

Cabe destacar que la Fiscalía solicita para Castillo 34 años de prisión, inhabilitación de tres años y seis meses, así como una reparación civil de unos 17 millones de dólares aproximadamente. 

CIUDAD CCS