15/03/2025.- Después de que la transnacional petrolera norteamericana ExxonMobil interpuso un arbitraje internacional contra nuestra empresa estatal Petróleos de Venezuela S. A. (Pdvsa), pretendió justificar una exagerada compensación por la cifra de diez mil millones de dólares en contra de los intereses del país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), entidad dependiente del Banco Mundial, en el mes de agosto de 2007. Todo esto se debió a la estatización de los activos de los campos Cerro Negro y La Ceiba, en la Faja del Orinoco, adjudicados a favor del Estado venezolano, en ejercicio del pleno dominio del mayor reservorio de crudo del mundo. El tribunal que dirimió el caso ExxonMobil-Venezuela declaró con lugar el derecho de la nacionalización petrolera que tiene el país sudamericano, según lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todo a favor de nuestros intereses y en estricto cumplimiento de los convenios con las transnacionales petroleras extranjeras. El Comandante Eterno, expresidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, había afirmado: "La Faja del Orinoco existe hoy día como uno de los proyectos más importantes en el ámbito mundial; es una realidad contundente y la perspectiva más significativa de desarrollo con la que cuenta la patria".

La ExxonMobil, empresa petrolera norteamericana, la más grande del mundo, fue la corporación petrolera internacional más favorecida en tiempos de la llamada Apertura Petrolera durante el gobierno del presidente Rafael Caldera (1994-1999), por los beneficios de las privatizaciones derivadas de las actividades que pertenecían a Pdvsa, lo que había constituido un proceso de deformación de la estructura económica del país. Esto llevó a que se desmantelara el régimen fiscal petrolero que determinó la disminución de los ingresos.

Después de la llegada al poder político de la República Bolivariana de Venezuela de las fuerzas revolucionarias dirigidas por el comandante Hugo Chávez Frías, en 1999, la política de la Apertura Petrolera, que obstaculizaba y frenaba los esfuerzos de la nación por el desarrollo y el bienestar del pueblo, comenzó a desarticularse para la recuperación del control de este gran recurso del Estado venezolano. Así pues, las empresas internacionales que permanecían en nuestro territorio, como Chevron de EE. UU., Gazprom de Rusia, Oil Indian Limited de India, Repsol de España, ENI de Italia, Mitsubishi de Japón, entre otras, se acoplaron con el nuevo proceder de actividades de Pdvsa, respetando las cuotas y los nuevos precios del petróleo que ya estaban establecidos, conforme a la cuota nivel de la OPEP.

En Venezuela, la recuperación de los precios del petróleo se obtiene dentro de los niveles internacionales presentes. Esto implicó modificaciones a la Ley Orgánica de Hidrocarburos y a la Ley de Impuestos sobre la Renta, en concordancia con las atribuciones del Estado soberano sobre el ajuste de las regalías. Por ello, lo que se cobró por la producción de petróleo experimentó un avance de niveles del 1% al 33,30%, y las tasas de los impuestos que estaban fijados en 34% pasaron al 50%. Por la producción de petróleo, en esa oportunidad, el país obtuvo ingresos por el orden de los cuarenta mil millones de dólares, que anteriormente se los llevaban las transnacionales; en particular, la ExxonMobil, que era la empresa que alcanzaba las mayores ganancias. La política petrolera de la ExxonMobil fue y es un panorama de derechos económicos nacionales e internacionales aplastados. Esta es la ExxonMobil, antro de mafiosos que tiene como propósito responder a la lógica imperialista.

Con la delictiva actividad contra Venezuela, la ExxonMobil ha pretendido hacer añicos el Convenio de Ginebra del 17 de febrero de 1966, documento internacional que regula el reclamo de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, territorio situado a la margen izquierda del río Esequibo, desde su origen hasta su desembocadura en el océano Atlántico. Dicho instrumento está firmado entre el gobierno de Venezuela, representado por el ministro de Relaciones Exteriores, Ignacio Iribarren Borges; el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representado por el secretario de Estado de Relaciones Exteriores, Michael Stewart, y Forbes Burnham, primer ministro de Guayana Británica (hoy Guyana). El convenio de Ginebra tiene un valor histórico, porque deja inválido el Laudo Arbitral de París de 1899 y abre las puertas a un porvenir luminoso con las concluyentes probanzas venezolanas que surten efectos legales en el ámbito del derecho internacional (DDII), en cualquier momento del espacio procesal internacional.

Recientemente, la ExxonMobil impulsó ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos la acción de revocación de la licencia 41 de la empresa petrolera estadounidense Chevron, con la intención de quitarle al país una fuente de ingresos estipulada en el convenio petrolero con esta última, que tiene más de cien años en Venezuela. Aquí se ve claramente el resentimiento de la ExxonMobil al crear una mala jugada política contra nuestra nación.

La ExxonMobil tiene planificado apropiarse de la Guayana Esequiba en contubernio con el presidente de la República Cooperativa de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, un adicto a la política de rapiña de esa transnacional norteamericana.

No obstante, Venezuela insiste en que se reanuden las negociaciones sobre el diferendo del territorio Esequibo, de conformidad con el Convenio de Ginebra, firmado en Suiza el 17 de febrero de 1966.

J. J. Álvarez