19/03/2025.- Se ha mostrado con suficientes evidencias probatorias, como indican los abogados, que la ExxonMobil es la empresa que gobierna en Guyana, conjuntamente con su brazo operativo militar, el Comando Sur del Departamento de Defensa del gobierno de Estados Unidos y la Embajada de ese país en Georgetown, capital de la República Cooperativa de Guyana.

Es la continuación de una historia de dominación que se inició en el siglo XVIII cuando, con determinación y en forma paulatina, Gran Bretaña fue tomando posesión de los territorios de Guayana Esequiba. En 1840 comenzó un proceso de emigración forzada con miles de pobladores del norte de la India para colonizar la región al este del río Esequibo, arbitrariamente despojada a Venezuela mediante el írrito Laudo Arbitral de París de 1899. Con dicha sentencia, Estados Unidos, Rusia y Gran Bretaña hicieron un cambalache territorial gigantesco, en el que negociaron Alaska a cambio de la zona norte de la India y la Guayana Británica. La India era colonia de Gran Bretaña, Alaska estaba dominada por el Imperio ruso y Venezuela estaba bajo la tutela engañosa de la doctrina Monroe.

En el siglo petrolero, desde muy temprano, el presidente norteamericano William McKinley (1843-1901) —muy admirado y copiado por Donald Trump en cuanto al expansionismo, guerra de aranceles y proteccionismo, además de provenir de las filas del Partido Republicano— utilizó la figura de los aranceles para incrementar las hostilidades en los países de la periferia de Nuestra América y el Caribe. También fue el promotor de las políticas de expansionismo de la economía norteamericana a través de dos magnates emergentes de entonces: el petrolero John D. Rockefeller y el banquero J. P. Morgan. Ambos colaboraron con McKinley en su campaña electoral y recibieron en contraprestación las facilidades que ofreció el Estado norteamericano para consolidarse como emporios imperialistas en el mundo durante el siglo XX.

El petrolero John D. Rockefeller desplegó con su capital una industria ilimitada e incontable en términos de acumulación del capital. Supo surfear sobre las olas de las leyes antimonopolio impuestas desde 1890. Así, la Standard Oil Corporation tuvo divisiones con registros diferentes para eludir las sanciones antitrust. De esa manera, nacieron Standard Oil Co. de Nueva Jersey (que en los setenta se convirtió en la Exxon), Standard Oil Company de Nueva York, la Standard Oil Company (Indiana), la Ohio Oil Company, la Continental Oil Company, la Atlantic Refining Company y la Standard Oil Company (California), que se convirtió luego en Chevron.

Tanto Exxon como Chevron, las dos sobrevivientes de la primera Standard Oil Corporation de Rockefeller, en términos de gigantescas corporaciones petroleras, deben destacar un capital significativo para "invertirlo" en manejo de influencias en el Congreso de Estados Unidos, llamado lobby parlamentario. También practicaron el lobby administrativo con los gobiernos de turno, y así, sucesivamente, en una escala de valores donde se pierde la ética y se hacen negocios truculentos y sucios, como los que ahora surgen en Guyana por parte de la Exxon.

Exxon cubrió los gastos de la demanda de Guyana contra Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia, en 2016, por un monto de 18 millones de dólares, a los abogados Edward Craven, del bufete Matrix Chambers de Londres; Juan Pablo Hugues Arthur e Isabella F. Uría, de la firma de abogados de Estados Unidos Foley Hoag LLP, en Nueva York; y Paul S. Reichler, de Foley Hoag, entre otros especialistas que manejan el lobby en la Corte Internacional de Justicia. Una irregularidad evidente y reconocida como acto de corrupción.

A cambio, Exxon recibió la política de postrero abierto y "hagan lo que quieran", pagando a Guyana regalías del 2% cuando en Venezuela desde 1999 deben pagar el 10% de regalías al Estado venezolano. Más allá, sin embargo, está la trama geopolítica contra Venezuela.

Plantaron sus operaciones incluso en la fachada marítima en litigio con Venezuela y desde 2015 han generado y promovido un conflicto que tiende a escalarse hacia una ruta bélica. En tanto, desde 2023, el Comando Sur se ha propuesto desarrollar una poderosa infraestructura militar de miles de millones de dólares en pistas para vuelos militares, asistencia técnica, entrenamiento y logística para cumplir con lo que no deja de obsesionar al gobierno de Estados Unidos: la orden que declaró a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria desde 2015.

Chevron que operaba en Venezuela, pero el gobierno de Trump le suspendió la licencia. Ahora está litigando una participación en la plataforma marítima, en una competencia con Exxon que puede llevarla a la posesión de un porcentaje de la torta petrolera ilegal en Guyana, o a una confrontación en el ámbito de los lobbies legislativos o administrativos que ambas empresas detentan.

Mientras tanto, el gobierno de Guyana, cual perra en celo, no haya que hacer para complacer a ambos caninos que han mostrado sus dientes para hacerse de los recursos del pueblo guyanés, que hasta ahora no ha visto nada de los miles de millones de dólares despojados de un subsuelo marino que está en disputa territorial. Las pruebas históricas y jurídicas lo dicen todo.

Aldemaro Barrios Romero