24/03/25.- La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha expresado su firme confianza en que la Corte Suprema intervendrá en un caso relacionado con la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que ha sido utilizada por la administración Trump como una justificación para llevar a cabo deportaciones masivas. En una reciente entrevista con Fox News, Bondi criticó al juez federal James Boasberg, quien emitió una orden para suspender los vuelos de deportación hacia El Salvador, cuestionando la autoridad del juez para acceder a información que, según ella, está relacionada con la seguridad nacional.

Bondi no dudó en calificar al juez Boasberg como "fuera de control" y afirmó que su decisión de pausar las deportaciones representa una interferencia en la política exterior estadounidense. La fiscal general se mostró optimista respecto a que la Corte Suprema esté lista para escuchar este caso y revertir las decisiones de jueces federales que, desde su perspectiva, han obstaculizado las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Subrayó la importancia de las deportaciones, planteando que se trata de una cuestión de "seguridad pública básica".

El juez Boasberg, quien fue designado por el expresidente Barack Obama, ha sido objeto de la crítica de la administración Trump, que lo acusa de frustrar sus esfuerzos en el ámbito de la migración. En su defensa, Boasberg ha advertido sobre las "repercusiones problemáticas" que podría tener el uso de una ley de guerra de 1798 para justificar la deportación de migrantes, especialmente en el contexto de aquellos que no son miembros del Tren de Aragua ni ciudadanos venezolanos.

La controversia sobre el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros ha escalado y ha captado la atención a nivel nacional, con varios tribunales evaluando la constitucionalidad de las medidas adoptadas por la Casa Blanca en este ámbito. A medida que el caso progresa, se han producido intensificados ataques por parte de Trump en las redes sociales, donde ha tildado a Boasberg de un "desastre constitucional", reflejando así la creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial en este momento crítico para la política migratoria del país.

La situación es de particular interés internacional, ya que este caso podría establecer precedentes legales significativos con relación al manejo de la inmigración y la seguridad nacional en Estados Unidos. La resolución de este asunto no solo impactará a las personas directamente afectadas por las decisiones de deportación, sino que también tendrá implicaciones más amplias sobre cómo el gobierno estadounidense ejerce su autoridad en temas migratorios y de seguridad.

FIDEL ANTILLANO / CIUDAD CCS