26/03/25.- Este martes se realizó una jornada de movilizaciones simultáneas en Bolivia, Colombia, Uruguay y México, en apoyo a los más de 230 migrantes secuestrados y enviados a El Salvador. Diversos movimientos sociales, comités antifascistas y colectivos de derechos humanos, encabezaron las protestas, para exigir su devolución inmediata a Venezuela.

Los manifestantes rechazaron las políticas discriminatorias de Donald Trump contra los migrantes venezolanos y su ilegal deportación a la cárcel de máxima seguridad Cecot, violando todos las leyes internacionales en materia de migración, refiere el medio TeleSur.

En este contexto, México fue uno de los escenarios de la movilización en el monumento a Simón Bolívar, localizado en el Paseo de la Reforma, en el centro de la capital azteca, con la consigna: “¡Venezuela, resiste, los pueblos del mundo te acompañan!”.

Durante las movilizaciones, protestantes denunciaron la complicidad de Donald Trump con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y la violación de los derechos humanos a los migrantes venezolanos. Los deportados a El Salvador no poseían antecedentes penales ni vínculos con el extinto Tren de Aragua.

Así mismo, en Uruguay y Bolivia, el capítulo Internacional Antifascista también llamó a la movilización y a la participación en las marchas de solidaridad. También en Colombia, en la ciudad de Riohacha, la Plaza Bolívar de esa localidad, se llevó a cabo una manifestación en favor del derecho a migrar.

En Uruguay los manifestantes expresaron que el acto de complicidad de su gobierno agudiza la crisis humanitaria, convirtiendo a la nación en cómplice de violaciones a los derechos humanos. El  movimiento antifascista condena la decisión de Trump de ordenar la detención sin juicio previo de cientos de migrantes venezolanos.

En la Paz, capital de Bolivia, se realizó una marcha para respaldar y solidarizarse con los  perseguidos y criminalizados por el simple hecho de ser venezolanos. Los bolivianos instan a respetar el debido proceso y a garantizar los derechos humanos de cada migrante y su devolución inmediata a su paìs, ya que migrar no es un delito.

Defensores de los Derechos Humanos, advierten que el gobierno y el territorio salvadoreño se convirtieron en una zona de desplazamiento forzado, sin garantizar un debido proceso para los migrantes. El gobierno estadounidense deportó en tres meses al menos 1.100 venezolanos, como parte de  la implementación de una política estratégica de limpieza étnica impulsada por el presidente Donald Trump. 

Los migrantes han sido víctimas de secuestros institucionales, al ser conducidos desde centros de detención estadounidenses a cárceles salvadoreñas sin la posibilidad de acceder a abogados que garanticen sus derechos procesales. Las prácticas crueles que se aplican a extranjeros en Estados Unidos son un reflejo de la descomposición de un sistema que se ampara en una ley vetusta que data de 1798, para perseguir y criminalizar a la migración.

 CIUDAD CCS