29/03/2024.- En Nueva York, en el monumento de la Estatua de la Libertad, aún existe una versión textual con un pensamiento que dice: “Dadme vuestras gentes cansadas, pobres y amontonadas que quieran respirar libremente”. Con esta frase de la poetisa judía y feminista Emma Lazarus (22/07/1849 a 19/11/1883), se le daba la bienvenida a los inmigrantes europeos en 1883, que estaban hacinados en las costas de Estados Unidos (EEUU). Hoy nada de ese pensamiento se armoniza con la inmigración latinoamericana pobre que durante mucho tiempo ha concebido a EEUU como el paraíso terrenal, aunque para la gran mayoría de ellos nunca ha sido ningún paraíso; todo lo contrario, ha sido un mito y hasta muchas veces un infierno.

Hoy me voy referir a los 238 migrantes venezolanos estigmatizados por presunta condición de delincuente, calificada por el Gobierno de EE. UU., presidido por Donald Trump. Migrantes que tuvieron grandes dificultades para permanecer dentro del territorio estadounidense, pese a que pudieron entrar y estando en ese país la acogida allí se complicó tras la llegada de Donald Trump al poder en la Casa Blanca. Todo se trastocó por la repugnante política exterior de EE. UU. contra Venezuela, animada y apoyada esta por la ultraderecha terrorista venezolana que tiene copiosos antecedentes penales. EE. UU. alentó la emigración venezolana con intentos de liquidar físicamente al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, todo lo cual se demuestra mediante incontables e irrebatibles pruebas acumuladas por las autoridades del Gobierno venezolano, suficientes para demostrar hasta ahora todas las acciones hostiles y agresivas ejecutadas por el Gobierno de EE. UU.

Desde que EE. UU. anunció la orden ejecutiva que da por finalizado el Estatuto Temporal de Protección a venezolanos (TPS), de fecha 3 de octubre de 2023. 600.000 connacionales quedarán sin licencia de trabajo y sin residencia en esa nación norteña. La puesta en práctica de esa orden, sin tomar en cuenta que la población migrante solo ha buscado trabajo para lograr un futuro mejor, con derecho a que se le seleccione socialmente y no se le haga la vista gorda. De ahí que no baste con deportarlos, como en efecto lo ha estado materializando. El programa del Gobierno Bolivariano Vuelta a la Patria ha sido extremadamente valioso en un intento por incrementar la atención solidaria a la llegada de migrantes deportados desde el exterior entre 2018 y 2025. Más de un millón de personas es la cifra del flujo de emigrados venezolanos que han llegado al país, cuya mayoría se habían ido por razones económicas, producto de las más de mil medidas coercitivas generadas por la administración norteamericana contra Venezuela; en ningún caso, por persecución política y/o hostilidad hacia ellos por parte del Gobierno revolucionario. En EE. UU., los migrantes venezolanos fueron hacinados en residencias insalubres llenas de ratas; en barrios pobres, sin las menores condiciones higiénicas; en refugios inseguros, y a otros en campos de concentración durante el tiempo de la recolección de las cosechas, donde la supervivencia es muy dura debido a las temperaturas bajas en las noches y muy cálidas durante el día. La mayoría de los trabajadores migrantes que recogen las cosechas en EE. UU. sufren la explotación más despiadada por carecer de amparo laboral legal, ya que en ese país imperialista por naturaleza la Constitución no contempla el derecho de protección al trabajo.

La reciente deportación de 238 migrantes venezolanos, desde EE. UU. hacia El Salvador, por órdenes del presidente de EE.UU., Donald Trump, a su homólogo de ese pequeño país centroamericano, Nayib BuKele, quien acató como suya la norteamericana Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para aplicarla a los migrantes venezolanos, a quienes encerró en campos de concentración que se llaman cárcelesvde máxima seguridad. En este caso predominó la presión económica que EE. UU. utilizó contra El Salvador, amenazando con excluirlo de la pequeña ayuda económica que aporta a esa nación centroamericana si no recibía a los migrantes venezolanos. La prepotencia de EE. UU. unida a una oposición venezolana enfermiza lleva a la conclusión de que las discrepancias con Venezuela solo pueden resolverse con violentar el Convenio de Ginebra de 1951 y el derecho internacional.

Es claro que el Gobierno de EE. UU. no podrá eludir su responsabilidad en el revés humanitario, causado a la migración venezolana, máxime cuando amplios y crecientes sectores de la comunidad internacional toman conciencia de que esa agresión al pueblo venezolano viola las más elementales normas de los derechos humanos y constituye una vergüenza para una nación que ha pretendido erigirse como modelo de democracia y libertad en el mundo.

A EE. UU. le es muy contradictorio hablar de derechos humanos. Para salvarse de agrios cuestionamientos tendrá que eliminar la discriminación de los negros, la discriminación de las minorías étnicas, la discriminación y explotación de emigrantes. EE. UU. sabe que recoge lo que sembró durante su historia, la explotación y el subdesarrollo que genera la emigración, y esa emigración quiere, en su mayoría, llegar a un país que ha pintado su propaganda como el paraíso terrenal. De lo contrario EE. UU. estaría generando una bomba de tiempo que un día puede estallar en sus propias narices.

J. J. Álvarez