29/03/25.- La organización no gubernamental Cristosal, que trabaja por la defensa de los derechos humanos (DDHH) y la democracia en Centroamérica, compartió el informe sobre el caso de migrantes venezolanos enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador. El documento afirma que este acto “crearía condiciones de delitos de lesa humanidad”.

De acuerdo con medios nacionales, el informe presentado por Cristosal, explica la reserva de información por parte del Estado salvadoreño sobre los detalles en las que se dio ese traslado de los migrantes venezolanos, la cual constituye condiciones para la desaparición forzada y,  por lo tanto, delitos de lesa humanidad.

El texto detalla que “pueden constituirse como detenciones secretas y generar condiciones para la desaparición forzada de personas sometidas a custodia de ambos Estados”.

Por otra parte, el análisis jurídico de la organización ciudadana revela que las acciones y omisiones de los Gobiernos de El Salvador y Estados Unidos (EEUU), acerca de la deportación de personas al Cecot, así como el ocultamiento de datos ciertos y oficiales, el paradero y las condiciones actuales, es violatorio de lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Ante tales irregularidades cometidas por los Gobiernos de EEUU y El Salvador, la ONG exigió el acceso a la información acerca del traslado de los migrantes venezolanos a la Dirección General de Centros Penales (DGCP).

Ahora bien, la información solicitada por Cristosal a la DGCP era sobre la cantidad exacta de los venezolanos deportados a El Salvador desde EEUU, por lo que pidieron la lista de nombres y apellidos de los que fueron enviados al Cecot.

Asimismo, el listado de las personas que tenían una condena previa en Estados Unidos y los supuestos vinculados a la banda “El Tren de Aragua”.

La DGCP denegó el acceso a la información tras argumentar que se tratan de datos personales y porque “se ha establecido una reserva en virtud a lo relativo a la información sobre la defensa nacional, la seguridad pública, la que pueda poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de terceras personas, la que pueda interferir en la investigación de delitos o en estrategias estatales en procesos en curso”.

La organización argumenta que “el Estado que presuntamente viola derechos humanos no puede tener la última palabra sobre la publicidad de la información relativa a sus propios actos, así como tampoco puede alegar de forma genérica razones de seguridad nacional para bloquear el acceso a información útil para las investigaciones y la protección de las personas afectadas”.

CIUDAD CCS