11/04/2025.- La gestión en el contexto global actual exige a cualquier administrador o persona que deba asumir ese rol en cualquier tipo de organización un gran esfuerzo de creatividad, imaginación, pensamiento estratégico, resiliencia y flexibilidad para conseguir la adaptabilidad en un entorno donde anticiparse y mutar es lo que rige.

En particular, Venezuela está sometida a condiciones y exigencias de atención inmediata, que se complejizan bajo el impacto que generan las medidas coercitivas unilaterales por parte del gobierno norteamericano y sus aliados europeos, así como la reciente puesta en práctica de la agresiva política comercial de aranceles que en forma generalizada atenta a nivel planetario, conducida premeditadamente, también, por el actual presidente norteamericano.

Los que aún tengan dudas pueden constatar que no exageran aquellos analistas, académicos, intelectuales y comunicadores que sostienen que nos encontramos ante escenarios bélicos no tradicionales, es decir, en ámbitos que implican dimensiones y planos que trascienden niveles inimaginables, como podrían ser, además, el psicológico, el cognitivo, el individual y el colectivo, lo cultural comunicacional, entre tantos otros.

Al revisar teorías y enfoques en materia de comercio internacional y conocer los instrumentos o políticas que aplican las naciones en función de salvaguardar sus intereses como Estados, en la praxis se materializan las acciones y resultados concretos, como países "ilegalmente bloqueados", confundiéndose al ciudadano con el eufemismo de "sancionado" cuando, en términos jurídicos, económicos y políticos, no se han agotado los procesos ante las instancias supranacionales y tampoco se han cometido, o al menos demostrado, la cualidad de los hechos que ameriten tal calificación.

Nos encontramos, entonces, con el ejercicio de la coerción; de allí el nombre de medidas coercitivas unilaterales. Sin embargo, dadas las circunstancias y elementos de orden geopolítico, así como los hechos públicos y comunicacionales, podemos aseverar que las medidas adoptadas se ubican en la esfera de la "coacción" y el uso ilegítimo de la fuerza.

A Venezuela como nación se le impide el acceso al financiamiento externo, se le cierran las puertas para el crédito internacional y la posibilidad de inversión extranjera directa, se le excluye del acceso a la red electrónica de transferencias de pagos internacionales y, por si esto fuese insuficiente, se le obstruye la exportación, producción, comercialización y logística de nuestros hidrocarburos, nuestra tradicional y principal fuente de divisas.

Sin que dejen de tener menor relevancia, en el espectro del bloqueo y sitio se incluyen la asistencia tecnológica, el suministro de mercancías, servicios, maquinarias, materias primas, alimentos, medicinas y cualquier insumo o material que sea necesario, vital y estratégico para nuestro quehacer como país.

Para quienes, no satisfechos aún, consideren que no se trata de una confrontación total por medios no tradicionales en pleno siglo XXI, no deja el ataque multiforme de utilizar herramientas como el lawfare y los fake news en la esfera jurídica, comunicacional y diplomática.

No cesa la batalla en solo los planos enumerados y descritos, sino que avanzamos en una nueva fase y se recurre a instrumentos jurídicos del pasado para degradar en términos humanos a nuestros connacionales migrantes, para estigmatizarlos, para tratarlos como delincuentes, sin el respeto por sus derechos humanos, y proseguir con la idea de deteriorar la imagen del país y atacar la identidad como nación, al tergiversar y mentir sobre la dignidad y gentilicio de un pueblo con tradición histórica de haber contribuido con la construcción de la libertad suramericana.

La concomitancia e interrelaciones de esos procesos y fenómenos de orden global tienen repercusión en nuestro orden interno, como lo son las presiones alcistas sobre el mercado de divisas, y dado que en el país, por circunstancias y necesidades económicas transaccionales, operamos con un sistema bimonetario, el acabar con los equilibrios económicos domésticos por parte de los especuladores cambiarios constituye uno de los frentes de batalla más sensibles, que resulta imperativo e inmediato de atender.

Todas esas presiones que recibe el país se trasladan a la totalidad de las organizaciones de distinta naturaleza que integran nuestra sociedad y a la población en general, sin distingo, lo cual propugna las condiciones para que el primer magistrado nacional accione y decrete el estado de emergencia económica a la luz de la guerra económico-comercial, que se verifica en el orden ecuménico y que se traduce en amenazas y acciones reales de agresión contra nuestra nación.

En consecuencia, se legislará y adoptarán decisiones de forma extraordinaria para contrarrestar los efectos de la confrontación indicada y los capitanes de empresas e instituciones deberán acoger nuevos marcos legislativos y prácticas para adaptarse y navegar en tiempos y contextos de incertidumbre y erraticidad en un mundo de confrontación multimodal.

Héctor Eduardo Aponte Díaz

tintepolisemicohead@gmail.com