Gobierno interino militariza región de Puno en el sur de Perú

Pese a que Boluarte momentos antes solicitó una tregua con el pueblo peruano

Al menos 400 militares se trasladan por cerros del distrito de Laraqueri.

 

25/01/23.- El Gobierno de Perú prorrogó la vigencia de la inmovilización social obligatoria en el departamento de Puno por 10 días consecutivos a partir de este miércoles 25 de enero, al tiempo que envió tropas a la región.

El decreto establece que todas las personas deberán permanecer en su domicilio desde las 20H00 hasta las 04H00 horas del día siguiente, según señala Telesur en su portal web.

Esta es una medida complementaria al estado de emergencia impuesto el pasado 15 de enero debido la escalada en la conflictividad social en Puno, que también incluyó las regiones de Lima, Callao y Cusco.

Además, el anuncio se produjo luego de que este martes se desarrollara una de las jornadas más violentas en el centro histórico de Lima, horas después de que la presidenta designada, Dina Boluarte, pidiera una tregua nacional a los manifestantes, para entablar un diálogo.

Sin embargo, Boluarte volvió a intentar justificar la represión policial contra los manifestantes que participan en las protestas nacionales contra su gobierno. De esta manera, durante una rueda de prensa ofrecida a medios internacionales, declaró que "el Gobierno no está generando la violencia" y que "Puno no es el Perú”, de lo cual se disculpó luego.

“Las Fuerzas Armadas están detrás. Ellos no tienen contacto con las personas que están protestando. Tenemos que proteger la vida y tranquilidad de los 33 millones de peruanos. Puno no es el Perú. Los que están generando la violencia, creo que también la prensa internacional debería de comunicar que el Gobierno no está generando la violencia, que el Gobierno quiere la paz y tranquilidad”, afirmó la presidenta designada, mientras que de forma simultánea, cientos de militares se trasladaban hacia la ciudad de Puno por los cerros del distrito de Laraqueri.

La medida de inmovilización social y la militarización responden a las protestas sociales y enfrentamientos que se vienen produciendo en todo el país, sobre todo, en Puno, una de las regiones más afectadas y con mayor número de fallecidos en las movilizaciones que solicitan la dimisión de Dina Boluarte y en exigencia de elecciones generales.

Cabe destacar que la Fiscalía de Perú abrió una investigación contra el ministro del Interior, Vicente Romero, por la presunta comisión de un delito de actos funcionales por el operativo policial organizado en el campus de la Universidad de San Marcos (UNMSM), en Lima, el pasado sábado, refiere Telesur.

Igualmente, un grupo de 46 abogados denunciará ante la Corte Internacional de la Haya a la presidenta Boluarte, debido a la fuerte represión policial que ha causado más de 60 muertes, en las protestas que demandan su renuncia, sobre todo en el sur del país.

SARAH ESPINOZA / CIUDAD CCS


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