Bolivia: Organizaciones sociales denuncian represión militar

Cuestionan legitimidad del gobierno y acusan implementación de reformas económicas

10/06/26.- La promulgación de la Ley 1740 de Regulación de Estados de Excepción por parte del presidente Rodrigo Paz, en el Estado Plurinacional de Bolivia, ha generado malestar ciudadano y desencadenado manifestaciones violentas protagonizadas por organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y sociales, las cuales presentaron una denuncia ante instancias internacionales.

La acusación advierte que esta normativa autoriza operaciones conjuntas entre fuerzas militares y policiales para reprimir las protestas sociales que se mantienen activas desde hace 41 días y que exigen la renuncia del mandatario.

El documento está suscrito por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia y la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.

Las organizaciones sostienen que la ley es inconstitucional y que “otorga un blindaje a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana, al concederles presunción de legalidad sobre todos sus actos”, lo que afirman, permite acciones conjuntas y el uso de armas de fuego contra la población civil. Asimismo, alertan que “el primer mandatario está convocando a un enfrentamiento entre bolivianos, con riesgo de derivar en una posible guerra civil”.

Adicionalmente, cuestionan la legitimidad del actual gobierno y denuncian la implementación de reformas económicas de carácter privatizador sin consulta previa a los pueblos indígenas ni debate democrático. Entre estas medidas mencionan la eliminación de subsidios a los combustibles y cambios en la gestión de los recursos naturales, que han provocado movilizaciones y bloqueos a escala nacional.

También condenan la muerte de al menos ocho manifestantes durante operativos represivos realizados entre diciembre de 2025 y junio de 2026, y acusan a las fuerzas de seguridad de hacer uso desproporcionado de la fuerza.

Finalmente, solicitan la intervención urgente de organismos internacionales y de derechos humanos para monitorear la situación en Bolivia y exigir el cese inmediato del uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes.

CARMEN ADRIANA DAZA / CIUDAD CCS